Los muertos anónimos: la delincuencia tiene aliados

Al parecer, las grandes ideas no han funcionado como se esperaba

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Según investigadores, por cada ocho personas que son asesinadas en México, una no será identificada. Desde Calderón hasta diciembre de 2019, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.

>Desde que Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, se calcula en más de 38 mil 500 los cuerpos no identificados, que han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina

Existen diversas condiciones en México que alimentan la violencia y la injusticia. Como ya se ha mencionado en innumerables foros, es resultado de un desastre institucional que data de décadas, pero que ha encontrado en este ejercicio de gobierno, el caldo de cultivo para hacerse aún más grave.

Al parecer, las grandes ideas no han funcionado como se esperaba; son cutres los resultados del incremento notorio de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, asumiendo potestades que son inherentes al ámbito civil y poniendo en riesgo a los militares y marinos.

LA GUARDIA NACIONAL

Causa en Común estimó que en junio de 2020, la Guardia Nacional tenía 96 mil elementos en sus filas. Para darse una idea de la pequeñez de esta organización, la Ciudad de México tiene por sí sola poco más de 86 mil policías.

Observando al analítico de plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se nota que la Guardia Nacional tenía 1 mil 242 millones de pesos en el rubro de “Servicios Personales”.

Si se divide ese numerario entre los 19 mil pesos mensuales que distintos funcionarios han señalado una y otra vez que percibe un elemento, en el papel alcanza para 5 mil 448 integrantes; los demás cobran en donde son comisionados: de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, pensando que se aplicaran diversos filtros para la selección de sus integrantes y que no llegaran desde las Fuerzas Armadas (por ejemplo, aceptar uno de cada tres aspirantes para entrar a trabajar a la corporación) habrá que suponer que, en el lapso que dijo Alfonso Durazo para llegar a 100 mil elementos frescos más en 2022, habrá que convencer a 300 mil personas que ingresen al concurso.

Algo peor está en el criterio de asignación de efectivos: en marzo de este año, en Sinaloa (el epicentro del Cártel de Sinaloa) había 1 mil 637 elementos y en Querétaro, 1 mil 694. O, ahí está el caso de Baja California con 1 mil 782 (escenario de feroces enfrentamientos entre cárteles) e Hidalgo, que tiene 1 mil 943. Con todo lo anterior, Andrés Manuel López Obrador pidió un incremento del 22 por ciento para la Guardia Nacional en 2021.

EL DESEMPEÑO DE LOS FISCALES

Desde su ámbito, Jurimetría en su “Índice estatal de desempeño de  las procuradurías y fiscalías 2019”, señala asimetrías que explican numéricamente la imposibilidad del Estado Mexicano para impartir justicia:

Mientras en Chihuahua tienen 25.1 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, en Jalisco tienen 4.4 y en Puebla, 2.8.

En Nayarit se muestra una saturación en el trabajo de los agentes del Ministerio Público de 3.8 asuntos, en Baja California se alcanzan los 365.

Y en términos de efectividad del Sistema Acusatorio, el 40.2 se alcanza en Nayarit, un horizonte de distancia respecto al sotanero Guerrero, con 6.3.

Entre muchos otros indicadores, se entiende porqué la probabilidad de esclarecimiento de un delito a nivel nacional sea de 1.3, al tiempo que en Baja California sea del 3.4 y en Guerrero, apenas alcance 0.2, con una media nacional de 1.3.

En la misma ilógica, un territorio dominado por CJNG, Colima (históricamente, bastión de numerosas organizaciones de alto impacto por el Puerto de Manzanillo, bazar de la importación de efredina), tiene menos elementos que Campeche y Tlaxcala.

Sin embargo, adonde las cosas adquieren un matiz más grave, es en el del avasallamiento de los muertos en buena parte del territorio nacional, a tal nivel que se le ha llamado “crisis forense”, aunque el término no sea del todo preciso.

LOS MUERTOS QUE NO SE LOCALIZAN

Una investigación realizada por Marcela Turati y Efraín Tzuc, publicada por Quinto Elemento Lab, arroja datos duros de los cuales partir para ubicar la “crisis forense”, en el entendido que como ellos dicen, “ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud”.

Diciéndolo de manera coloquial, los muertos que se reclaman y no se localizan, tienen sus propias cifras negras.

Desde que Felipe Calderón dio inicio a su guerra contra el narcotráfico, los autores de Quinto Elemento calculan en más de 38 mil 500 cuerpos no identificados, los que han ingresado a los servicios médicos forenses del país (SEMEFOS) para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina.

A esos 38 mil 500 cuerpos hay que contextualizarlos. Los investigadores calculan que, desde Calderón hasta diciembre de 2019, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.

Lo anterior permite estimar que, del total de personas asesinadas en el lapso de referencia, más del 13 por ciento corresponde a cuerpos no identificados. O, por cada ocho personas que son asesinadas en México, una no será identificada.

Seis entidades concentran el 57 por ciento del total (21 mil 881 personas fallecidas sin identificar): Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León.

No se sabe adonde está exactamente ese ejército de fallecidos. Los investigadores apuntan que probablemente en cinco lugares: en fosas clandestinas, en fosas comunes, en fosas individuales no identificables, en gavetas para cadáveres esqueletizados en los SEMEFOS de todo el país o, de plano están perdidos.

Turati y Tzuc calcularon que el 71 por ciento terminaron en fosas comunes, lo que enrarece por completo la posibilidad de identificarlos, ya no se diga para esclarecer la causa de su muerte sino para que sean reclamados por sus familiares o amigos. El número es espectacular por sí solo: 27 mil personas han terminado sus días en la más absoluta anonimidad y con pocas posibilidades de ser identificadas.

Por supuesto, en todo lo anterior hay que apuntar al rebase absoluto de las capacidades de los SEMEFOS: problemas de infraestructura, falta de personal, recursos, cementerios forenses y ausencia de protocolos homologados para la conservación de cadáveres, se encargan de maximizar el problema que cubre a todo el país.

Cruzando datos de Quinto Elemento con los de la Guardia Nacional y los de Jurimetría, puede darse una idea más precisa de las cosas:

En Sinaloa, de 2006 a 2019 había 789 cuerpos sin especificar adonde fueron resguardados; en Guanajuato, tal registro llegó a 153; por su parte, la autoridad desconoce qué ocurrió con 124 cuerpos en Zacatecas y, 159 en Tamaulipas.

Con datos de marzo 2020, la Guardia Nacional tiene en Sinaloa, a 1 mil 637 elementos; en Guanajuato, a 7 mil 392; en Zacatecas, a 1 mil 599 y en Tamaulipas, a 3 mil 107. Como podrá verse, en el territorio que domina el Cártel de Sinaloa tiene el 22 por ciento de los que se enviaron a Guanajuato o, por cada tropa que tiene Sinaloa, en Tamaulipas tienen 1.9.

Y, la probabilidad de esclarecimiento de un delito según Jurimetría, es de 1.4 por ciento en Sinaloa, de 2.8 en Guanajuato, de 1.7 en Zacatecas y de 0.4 en Tamaulipas.

Como podrá verse, los muertos anónimos tienen mucho que ver con la violencia en las entidades, pero están directamente relacionados con los sistemas estatales de impartición de justicia, azuzada tal deficiencia con la ininteligible asignación de fuerzas federales que se envían a combatir a los delincuentes.

LA OPACIDAD EN PLENO

Y aquí es donde entra el problema más grave: la violencia del crimen organizado que no deja descansar ni por un momento a los SEMEFOS, muchos de ellos superados por la carga de trabajo que al combinarse con la ineficiencia de las autoridades investigadores, convierten a los muertos anónimos en un ciclo imparable.

Adicionalmente, debe considerarse lo identificado en el estudio “Desapariciones forzadas e involuntarias”, publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Fundación Friedrich Naumann, apenas salido a la luz pública.

Entre sus hallazgos, se encuentra la adscripción de las unidades administrativas con actividades de servicios periciales o médico forenses. Tiene sentido que tales unidades se encuentren en el poder judicial, por razones de autonomía respecto a la investigación, siendo un contrapeso natural. Sin embargo, el caso de Guerrero es excepcional: la unidad de referencia depende de la Secretaría de Salud.

En medio de una opacidad de escándalo por parte de varias entidades federativas (sobresaliendo Puebla y Guerrero), los investigadores encontraron que en 2018 existían en total 410 unidades de servicios periciales o unidades del servicio médico forense en las entidades federativas. En 2018, 60.2% eran unidades de los servicios periciales y 39.8% unidades del servicio médico forense.

Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Puebla, solo registraron unidades de servicios periciales.

Otro punto a destacar es que en México, apenas si hay arqueológos trabajando en los  SEMEFOS, ya que “al parecer solo en San Luis Potosí y Veracruz cuentan con esos especialistas”. Más lejos: algo similar se aprecia con los patólogos, que solo se encuentran en los SEMEFOS de la Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz.

La inexistencia de arqueólogos y antropólogos tiene una conexión directa con la incapacidad del Estado para trabajar en miles de fosas clandestinas: son los especialistas de referencia para operar en esa clase de espacios. Lo que un experto con estas características puede identificar, a un perito de otra formación no le parecerá relevante o ni lo notará.

Más lejos, hay docenas de médicos en los SEMEFOS que tienen actividades críticas para la impartición de justicia, pero no tienen ninguna especialidad forense. Caso de excepción para los investigadores es el de Chiapas que les reportó la existencia de “40 médicos forenses con especialidad en medicina general”, o sea, son médicos y no forenses.

Y, el estudio identificó que, en promedio entre 2014 y 2018, Baja California obtuvo el porcentaje más elevado de personal con ninguna escolaridad concluida, con 8.6%; Colima tenía la mayor cantidad de personal con educación secundaria, 7.5%; el Estado de México contaba con el 24.4% de su personal con preparatoria y, Querétaro tenía la mayor cantidad de personal con carrera técnica o comercial, con 17.1%.

EL ESCENARIO PARA EL FUTURO

En este momento, México está experimentando un cambio en la dinámica de los cárteles, con las ansias de CJNG por apoderarse de la mayor cantidad de territorio que le sea posible, con el Cártel de Sinaloa y los Zetas haciendo contenciones selectivas.

El gobierno federal no ha entendido que sus esfuerzos no deben enfocarse en capturar y presentar ante la prensa, a Nemesio Oseguera, Ismael Zambada o al próximo líder de los Zetas: su misión debe darse en desmantelar y no descabezar.

Mientras tanto, impera la impartición selectiva del Estado de Derecho en un territorio adonde los escasos recursos disponibles, se colocan adonde no generan resultados. En una herencia de gobiernos priistas y panistas, maximizada por el régimen actual, estamos en un país adonde se niega la última dignidad: la certeza de saber adonde yacen los restos de cualquier persona, una de cada ocho asesinadas.

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