López Obrador y el Senado, contra principio de legalidad

Arturo Zaldívar se escuda en la resolución de la Corte

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Con la inclusión del artículo 13 transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial se pretende mantener a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de cuatro a seis años, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de cinco a siete años.

Es una abierta afrenta a la constitucionalidad del Estado de derecho que un artículo transitorio de una Ley secundaria modifique una disposición constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en funciones de Constituyente Permanente.

La única manera de cómo el ministro Presidente del Poder Judicial Federal puede durar en su encargo seis años,  y los consejeros siete, es con una reforma previa a la Constitución, pero, además, si se hubiese cumplido con el requisito previo de ampliar el periodo, Arturo Zaldívar también estaría impedido para ser presidente por seis años porque  fue electo para cubrir un periodo de cuatro improrrogables.

Como las leyes rigen para el futuro, esa reforma sólo tendría validez para nombrar por seis años al próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y  por siete a los futuros consejeros, pero no ampliar el plazo para beneficiar a los que están en funciones.

La máxima gravedad al desprecio constitucional radica en la no disimulada connivencia entre el Presidente de la República, el Senado de la República y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Los tres poderes en concierto para alterar el orden constitucional mexicano en vez de velar por el respeto a la legalidad, a las instituciones republicanas y el derecho de los gobernados. Ese es el ineludible principio de que sólo la Constitución es suprema en la República cuando sobre ella descansa la paz, la legalidad y el respeto a la Nación.

Andrés Manuel López Obrador defiende cada vez con más ahínco la permanencia de Arturo Zaldívar hasta el año 2024.  El funesto mensaje no se puede ocultar. Quiere dejar en claro, y que todo México se entere, que la defensa, a ultranza, de Zaldívar radica en que él es el verdadero autor de la masacre constitucional para extender artificialmente un periodo al que no se tiene derecho.

Por su parte, el Senado asume, ilegalmente, funciones que no le han sido conferidas por la Carta Magna.  Según el artículo 76 constitucional, únicamente tiene facultades para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación de entre la terna propuesta por el Presidente de la República, pero no para extender el tiempo que debe durar en su encargo el Ministro Presidente.

La intromisión del presidente López Obrador en las decisiones del Congreso de la Unión la reveló una diputada del Partido Encuentro Social, aliado de Morena, cuando, por descuido, dejó abierto el micrófono y espetó: “El pinche Mier está diciendo que votemos en favor de la reforma al Poder Judicial”.  Ignacio Mier es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, un lacayo de López Obrador dispuesto a acatar cualquier instrucción por encima del orden constitucional.  Sin un ápice de vergüenza imitó fielmente la posición presidencial ante el derecho: “Si tengo que decidir entre la ley y la justicia, me inclinaré por la justicia”.

Pobre, muy pobre, en sus conceptos Jurídico-Constitucionales el curulero Mier.  Sólo habría que preguntarle ¿cómo hace justicia un juzgador?, pues, con la aplicación estricta de la ley. La definición de justicia viene desde el Derecho Romano: “La voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo”.  Y ello sólo se puede determinar con los preceptos establecidos en la ley, y no con la percepción distorsionada de un remero de legislador.

Sólo que en la particular concepción del presidente López Obrador, el concepto ha sido acomodado a modo para aplicarlo con la enorme falacia de “la justicia  sobre la ley.”  Incluso, el Presidente se ha atrevido a asediar a los ministros de la Suprema Corte para obligarlos a trastornar y perturbar el espíritu de la Constitución: “Si los ministros no aprueban la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar serán cómplices de corrupción”.

La traducción del concepto es de grave y franca preocupación.  En la distorsionada personalidad y la particular interpretación jurídica del Presidente, alterar el orden constitucional es honestidad, y aplicar correctamente los principios del Estado de derecho es corrupción.

Si el Presidente se abstiene de no respetar el juramento a que se comprometió al rendir protesta, si el Senado se arroga, arbitrariamente,  facultades que no tiene, y la Cámara de Diputados avala esa arbitrariedad, el último bastión para preservar el Estado de derecho es la Suprema Corte, hoy amenazada por el presidente López Obrador, con la grave responsabilidad de asumirse, a cabalidad, como contrapeso de los permanentes excesos desde el poder.

Todo ese actuar ha quebrantado el principio de legalidad que viene  inalterable desde la Revolución francesa y que es de observancia obligatoria: “Un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el individuo que obra como órgano estatal solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar”.

El axioma es impecable para sustentar que el Presidente y los legisladores hacen todo lo que la ley no les autoriza a hacer.  Por ejemplo, no están autorizados a que con un artículo transitorio se viole, sin recato, la Constitución.

Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, aun cuando observa una conducta de complicidad con el Presidente de la República, no se ha comprometido a aceptar o no aceptar la grave violación constitucional de la que ha participado.  A lo más que ha llegado es a las evasivas y a dejarle todo el peso de la responsabilidad a la Suprema Corte.

Según Lelo de Larrea, la inclusión del artículo 13 transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial lo tomó por sorpresa (sic) cuando el Senado de la República propuso ampliar su periodo de presidente por dos años más.  Independientemente de que la mentira es evidente, cuando Zaldívar apareció ante las cámaras se le vio tenso y demudado para justificar, tímidamente, su posición sin esa altivez que siempre ha demostrado en sus comparecencias: “Pido que tengamos confianza en que la Corte va a resolver lo que sea constitucionalmente correcto”.

La posición adoptada es lo más cómodamente posible.  Al dejarle resolver a la Suprema Corte su situación particular, en cualquier sentido, tiene la gracia de zafarse.  Si la acción de inconstitucionalidad le favorece tendrá el argumento perfecto.  “Yo nada tuve que ver; 10 ministros resolvieron  la ampliación de mi mandato”.  Y si la Corte no aprueba los deseos del Presidente, también quedará exonerado: “Señor Presidente, yo nada tuve que ver; 10 ministros determinaron que la ampliación de mi Presidencia era inconstitucional”.

Lo cierto es que Arturo Zaldívar, como constitucionalista, sabe que la propuesta del Senado es anticonstitucional. Lo correcto ética y jurídicamente sería que desde hoy  declinara antes de que el Tribunal Constitucional del país resuelva la acción de inconstitucionalidad, pero más allá del sentido de la decisión de la Corte, hoy, México se encuentra en riesgo ante los intentos permanentes de acabar con todo contrapeso en los poderes y la próxima anulación de los órganos autónomos. Ampliaremos…

 

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