López Obrador: Invasión de facultades constitucionales

Titular del Ejecutivo federal, como en los tiempos del funesto diazordacismo y echeverrismo; visceralidad le impide actuar con mesura y con serenidad; su actitud deja mucho que desear al asumir la calidad de un peleador callejero dispuesto a enfrentar, desde la ilegalidad, a sus oponentes

Compartir:

Fiel a su estirpe priísta, Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra todo aquello que no le agrada y le representa contrapeso. Como en los tiempos del funesto diazordacismo y echeverrismo, el presidente, abiertamente, pretende inmiscuirse en las facultades y disposiciones constitucionales asignadas a los poderes Legislativo,  Judicial y otros órganos autónomos.

El equilibrio de poderes se encuentra puntualmente definido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Y, en un acto de voluntad soberana nacional, la Constitución limita el poder de otro poder, en contra de cualquier intento de usurpación de otro de los poderes, sobre alguno de los constitucionalmente reconocidos: “No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto del artículo 29”.

De la interpretación del numeral transcrito se pone de manifiesto que el Presidente de la República únicamente tiene facultades extraordinarias para legislar, con aprobación del Congreso de la Unión, cuando haya peligro inminente de invasión o perturbación grave de la paz pública. Fuera de estas hipótesis, el Presidente jamás podrá violentar los dispositivos constitucionales que rigen la vida y el espíritu democrático de la República, algo que López Obrador pretende sin disimulo.

Tradicionalmente, el Poder Legislativo es el órgano de control de los excesos del Poder Ejecutivo. En el Congreso de la Unión se moderan y se rectifican iniciativas de ley que atentan contra el orden constitucional para beneficio de un solo individuo, denominado presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy, desafortunadamente, el Poder Legislativo se deposita en una sola persona, llamada Andrés Manuel López Obrador. Así quedó de manifiesto cuando al enviar su iniciativa de ley sobre la industria eléctrica instruyó, ordeno, a su rebaño legislativo que no se cambiarían ni un punto ni una coma. Y así pasó la ley, sin ninguna observación.

Manipulado el sumiso Poder Legislativo, el equilibrio de poderes se trasladó, inmediatamente, al Poder Judicial de la Federación.

En uso de sus facultades jurisdiccionales federales, y en observancia de la constitucionalidad de la ley eléctrica lopezobradorista, el juez segundo de Distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió, primero, la suspensión provisional y, después, la suspensión definitiva para impedir que entrara en vigor la Ley de la Industria Eléctrica, tallada a mano y a la medida de un Presidente autoritario que no admite cuestionamientos, y menos contrapesos, a sus torpes decisiones.

En un acto de insolencia constitucional, López Obrador se atrevió a exigirle al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, investigar al juez federal Gómez Fierro por su contubernio con los conservadores neoliberales Claudio X. González y el ministro en retiro José Ramón Cossío.

El despotismo lopezobradorista en contra de un poder autónomo rebasó todos los límites del respeto político y jurisdiccional a uno de los pilares que han dado prestigio a las instituciones nacionales. Recuérdese cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo a las compañías petroleras extranjeras para seguir usufructuando la irracional  explotación del petróleo mexicano.

En su afán protagónico, el presidente López Obrador no midió, o desconoció, que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene facultades jurisdiccionales para revisar las decisiones de jueces y magistrados. El Consejo de la Judicatura solamente podrá averiguar la conducta de algún juez o magistrado federal cuando haya certeza de que han incurrido en anomalías de carácter administrativo o en el uso indebido de recursos puestos bajo su custodia.

Por disposición constitucional, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces y magistrados federales no tienen jefe, son autónomos en sus decisiones y únicamente están sujetos a instancias revisoras. Así, una sentencia de un juez de Distrito, como la que habrá de emitir el juez segundo de materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, está sujeta a revisión por un Tribunal Unitario o Colegiado de Circuito, o, en su caso, por su trascendencia, por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

López Obrador pensó que con la carta dirigida al Presidente de la Suprema Corte iba a doblegar al Juez Gómez Fierro.  Por el contrario, la respuesta fue contundente y conforme a derecho.  El juez segundo de Distrito concedió 15 suspensiones provisionales y definitivas, para coraje y lamento de un Presidente derrotado por el Poder Judicial Federal.

La visceralidad impide a López Obrador actuar con mesura y con serenidad. Lejos de comportarse con propiedad, serenidad y a la altura de un jefe de Estado, su actitud deja mucho que desear y asume la calidad de un peleador callejero dispuesto a enfrentar desde la ilegalidad a sus oponentes.

López Obrador, el autoritario presidente, detesta los contrapesos, y para este 6 de junio se apresta a combatirlos con todo el poder de la Presidencia de la República. Su principal destinatario es el Instituto Nacional Electoral, al que desde hace más de un año amenazó con someterlo a vigilancia cuasi policiaca para evitar que desde esa instancia electoral se cometiera fraude en la elección del 6 de junio del 2021.

Mala inversión retórica de López Obrador. Como respuesta, el INE ya invalidó la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el violador protegido desde el poder presidencial, como aspirante a la gubernatura de Guerrero, y de Raúl Morón, candidato a gobernador de Michoacán, dos joyas de los Morena en esta cuarta regresión.

Como contrapeso del lopismo están también los empresarios que abiertamente se han enfrentado a un Presidente irracional, lépero y autoritario, esos conservadores neoliberales que siempre han de sobrevivir como parte del sistema y que, al igual que desde Díaz Ordaz y Echeverría, con el tiempo habrán de cobrar al falso izquierdista los agravios y las afrentas inferidos al gran capital, pero más allá de los contrapesos legislativo, judicial, electoral y empresarial, el verdadero contrapeso se habrá de manifestar en el poder de las urnas el 6 de junio de 2021, cuando el electorado se manifieste en contra de los candidatos de Morena y del propio Andrés Manuel López Obrador en la disputa por 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, 30 congresos estatales, mil 900 presidencias municipales y 19 mil cargos de elección popular. Ampliaremos…

 

[email protected]

 

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...