‘Ley Bonilla’ atentado al orden constitucional

Actores jurídicos y políticos en su contra

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Jaime Bonilla Valdez. Su ambición es evidente

El pasado 1 de noviembre, el usurpador anticipado Jaime Bonilla Valdez tomó posesión como gobernador del estado de Baja California.  En medio de severas críticas por sus intentos golpistas al Estado de derecho, ha contado con la complicidad y la anuencia de dos legislaturas consecutivas.

Baja California es, actualmente, el paradigma más emblemático de la antidemocracia mexicana, el manoseo permanente a la Constitución y un atentado a las instituciones republicanas al legislar en beneficio de un solo personaje. El gobierno del panista Francisco Vega propuso y logró sin oposición, en el 2014, una reforma constitucional para reducir el sexenio de seis a dos años.

Hasta hoy no se sabe cuáles fueron los verdaderos motivos para alterar el calendario electoral en un época en la que faltaban cinco años para la elección y ni siquiera se sabía quiénes serían los candidatos de los distintos partidos políticos.  El cuento para tan detestable despropósito fue que había la necesidad de empatar la elección local con la federal del año 2021.

El débil argumento se desvanece por sí mismo. Habría resultado más viable y práctico reducir el sexenio a cinco años y evitar todos estos atentados a la constitucionalidad y a las leyes.  Así, en lugar de empatar la gubernatura con una elección intermedia en el 2021, quedaría, en definitiva, la realización simultánea de la elección presidencial con la local en el 2024.  Por eso es dable inferir que algún proyecto personal indujo a semejante despropósito a “Kiko” Vega.

Propenso también a violar las disposiciones constitucionales, el entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez se propuso  contrarrestar los artilugios de su antecesor con otros artilugios igual de detestables. Con la complicidad de la 23 Legislatura del bien amaestrado  Congreso del estado bajacaliforniano logró la revocación a la reforma que le impedía transitar por el anhelado quinquenio.

La ambición de Bonilla Valdez es evidente. Limitado para gobernar del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, hoy pretende asaltar la gubernatura de Baja California a partir del 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2024, aunque para ello tenga y deba pasar por una disposición constitucional que, buena  o mala, fue aprobada desde julio de 2014.

Jaime Bonilla está imposibilitado, de origen, para impugnar la reforma constitucional que reducía el sexenio de seis a dos años.  Como actor principalísimo de la elección para gobernador, cuando se registró como candidato, sabía que lo hacía para gobernar por un periodo de dos años.  Y no sólo él.  También los demás candidatos contendientes. Así no puede alegar engaño.

Tramposo y farsante como es, ahora sostiene, indebidamente, que él se registró para cinco años, periodo para el cual preparó su plan de gobierno. Para legitimar su atentado a la democracia y a las constituciones federal y local se preparó su propia consulta “ciudadana” amañada para demostrar la voluntad del pueblo de conservarlo sempiternamente.

Los resultados demuestran la comedia política, del 13 de octubre, al estilo de Amador Rodríguez Lozano, el célebre mapache electoral de funestos antecedentes en Chiapas. Según Bonilla Valdez sufragaron 54 mil ciudadanos, de los que 45 mil votaron para rogarle se quedara por cinco años, y no por dos.

Lo malo fue que ese número de votantes apenas representa el 5 por ciento del padrón, o sea, el 95 por ciento ni siquiera se interesó en  saber si Bonilla permanece por dos o cinco años. Sólo que con un ingrediente más que termina por deslegitimar, absolutamente, al usurpador anticipado. Ningún organismo electoral, tampoco organización ciudadana alguna, y menos observadores calificados, participó para validar una consulta sostenida solamente con el aval de la siempre frágil palabra de Bonilla Valdez.

A pesar de que el mundo jurídico y político está totalmente en contra del intento de golpe de Estado del ahora gobernador Jaime Bonilla, este continúa en su intento de reelegirse por tres años más. Ello sólo se explica a partir de la existencia de un poder superior que lo sostiene y alienta para continuar en su intento de violar las disposiciones constitucionales y burlar a la ciudadanía.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, interpretó la “Ley Bonilla” como “un atropello a la democracia constitucional en Baja California”. Y abunda el funcionario electoral: “La consulta a la llamada ‘Ley Bonilla’ carece de base legal y como las preguntas son amañadas inducen el sentido del voto”.

La consulta ciudadana al estilo Bonilla es un atentado al artículo 35 de la Constitución de la República. Este dispositivo ordena que la materia electoral no puede ser objeto de consulta popular, precisamente, para evitar los atracos a los ciudadanos y a los electores, organizados por Jaime Bonilla Valdez y su secuaz Amador Rodríguez Lozano.

Voces autorizadas como la de dos ex ministros no pueden ser soslayadas cuando sostienen que la pretensión de Bonilla Valdez está fuera del orden jurídico mexicano. José Ramón Cossío, como buen juez, sentencia: “La ‘Ley Bonilla’ sí es inconstitucional” y, enseguida, agrega: “Creo que hay precedentes importantes de la Suprema Corte. Por ejemplo, en Chiapas declaró inconstitucional la ampliación del periodo de elecciones”.

Y no le falta razón al ministro en retiro. El bandido de Juan Sabines promovió una reforma para que los presidentes municipales y los diputados locales, ambos electos por tres años, prolongaran su mandato por un año y ocho meses más con el cuento de empatar las elecciones federales con las del estado en el 2012. Este episodio del año 2009 es exactamente igual a lo que hoy sucede en Baja California. Los electores en Chiapas votaron por presidencias y diputaciones por tres años, y no de cuatro y ocho meses. El resultado: La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la reforma constitucional sabinista.

Una voz y opinión que no puede ni debe ignorarse es la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.  Desde su condición de ex ministra, tajante ha manifestado: “La ‘Ley Bonilla’ es inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto.  Lo sostengo”.

Sólo que, hoy, Sánchez Cordero no debe de hablar como ministra en retiro, sino como secretaria de Gobernación, encargada de la política interior, y velar por la gobernanza del país. Hasta este momento no ha habido en Baja California manifestaciones severas del intento de Bonilla Valdez de asaltar la silla principal del Palacio de Gobierno, pero es previsible un descontento popular si el Poder Judicial Federal le escritura a Bonilla la gubernatura por tres años más.

Por lo pronto, la Suprema Corte ya tiene un dique insalvable al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad que pudiera presentar cualquiera de los actores legitimados para interponerla, incluido el Presidente de la República. Apenas el 2 de octubre anterior, el Tribunal Electoral Federal determinó la inconstitucionalidad de la “Ley Bonilla” al ordenar que el mandato de gobernador electo deberá de sujetarse a dos años.

Así,  el Tribunal Constitucional del país ¿asumirá su papel de poder autónomo? o terminará por legitimar las veleidades del sistema político mexicano. Ampliaremos…

 

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