La extinción de los fideicomisos públicos y sus consecuencias

Esto es sólo el inicio

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‘Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados’: Mark Twain

 

A principios de abril de este año, el Gobierno Federal publicó el Decreto que Ordenaba la Extinción o Terminación de los Fideicomisos Públicos y Fondos Públicos. Sin embargo, derivado de la crisis de salud por la pandemia, dicho decreto pasó a segundo término y no fue sino hasta el pasado 20 de octubre cuando quedó legalmente aprobada la desaparición o extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos.  Lo anterior, bajo el pretexto de que en algunos de ellos faltaba transparencia y había corrupción; de supuestas sospechas justificadas de discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos administrados o, bien, por tener estructuras costosísimas que ocupaban buena parte del presupuesto en lugar de que los recursos se destinasen a apoyos directos.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto, los recursos que se obtengan con esta acción se destinarán a la atención de la crisis económica y sanitaria por la pandemia; en palabras del presidente López Obrador “serán invertidos en el sector salud, para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país, y para adquirir la vacuna contra el Covid-19”, así como para atender programas sociales.

Al 31 de diciembre de 2019 existían 338 fideicomisos, o fondos públicos, con un monto del orden de 740 mil mdp. Exceptuando los fideicomisos con mandato de Ley, como es el caso del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP), el monto que el Gobierno Federal estimaba originalmente, en abril, obtener por la extinción era de 250 mil mdp. El monto final de los 109 fideicomisos extintos asciende a tan sólo 68,478 mdp. Sin embargo, buena parte de los recursos se encuentran ya comprometidos para un fin específico, con lo que el monto real que terminará obteniendo el gobierno será, incluso, menor.

Sin embargo, es importante aclarar que no todos los recursos que los fideicomisos manejan son de origen público, es decir, no es solamente dinero de los contribuyentes; muchos reciben donaciones de particulares y de organismos internacionales para el desarrollo de proyectos específicos.

En el listado de los fideicomisos extintos destacan la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología; del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética; del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores, entre otros.

Cabe señalar que la desaparición de los fideicomisos se dio a pesar de una ola de reclamos y protestas de diversos grupos sociales vinculados, históricamente, con la izquierda mexicana y que son activistas en favor de los derechos humanos o gente del mundo de la cultura, de la academia, de la comunidad científica, deportiva y ambiental, entre otros.

Al respecto, el presidente justificó la decisión y criticó a quienes, a su parecer, están en su contra. “Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o seudocientíficos que cobraban por todos lados…”. “Claro que estamos a favor de la ciencia; claro que estamos a favor de la cultura; no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción; que no se confunda nadie”, aseveró López Obrador en alusión al pronunciamiento de mil 330 científicos que advirtieron, en una carta pública, que la modificación afectaría el funcionamiento de diversos centros de investigación.

Sin embargo, la oposición y los críticos del presidente mexicano piensan diferente. La politóloga Denise Dresser coincidió en que “si había corrupción en los fideicomisos públicos era necesario combatirla, pero no así. Se requería bisturí y no machetazos, porque se recortarán programas cruciales, peor aún si los recursos obtenidos van a Pemex y no a financiar una política de protección al empleo frente a la crisis”.

De acuerdo con los informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en lo que va de la presente administración se han realizado 582 auditorías a estas figuras administrativas. De los 109 fideicomisos a desaparecer, sólo 11 concentran 83.1% del total de recursos, es decir, 56,864 mdp, los cuales son controlados por cuatro dependencias: Economía, Hacienda, Gobernación y Sener-Conacyt.

Adicionalmente, existen 35 fondos y fideicomisos que se intenta eliminar, aunque los recursos derivan de convenios con entidades federativas y municipios, y ascienden a 4,282 mdp, el 6.1% de la bolsa que se pretende recuperar.

Asimismo, resulta, al parecer, absurdo desaparecer 26 fideicomisos de centros públicos de investigación, (CIDE, CIMAT, CIQA, entre otros) y generar conflictos cuando los recursos obtenidos, en el mejor de los casos, ascenderían apenas a 784 mdp, es decir, tan sólo 1.1 por ciento de la bolsa recuperable estimada, por lo que será más grave el golpe a la investigación que la supuesta recuperación de recursos.

Nos encontramos, nuevamente, ante una decisión político-electoral y ante una acción desesperada por hacerse de mayores ingresos que traerán graves consecuencias como:

  • Se eliminan recursos a actividades como investigación, deporte, cultura y cine; sin esos apoyos, dichas actividades difícilmente podrán continuar realizándose.
  • Fideicomisos como el Fonden permitían al gobierno atender situaciones de emergencia nacional. Dicho fondo hubiera sido de gran ayuda para atender el desastre natural recientemente registrado en Tabasco.
  • Fideicomisos para atender a PYMES o el de la Financiera Rural permiten obtener créditos y tasas de interés blandas que de otra manera no se podrían accesar.
  • La desaparición de los fideicomisos abre la puerta a la discrecionalidad. Las reglas de operación que rigen el actuar de organismos colegiados se reemplazan con las decisiones de un pequeño grupo de funcionarios públicos.
  • Para poder extinguir un fideicomiso se requiere contar con la aprobación de todas las partes, es decir, no es posible su cancelación de manera unilateral; más en los casos en donde existe una combinación de recursos público-privados, por lo que la decisión de extinguir los fideicomisos acarreará una serie de impugnaciones, en muchos casos seguramente justificadas, por lo que esto es sólo el inicio.

El próximo año son las elecciones intermedias federales en las que AMLO y Morena se jugarán mantener su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y también gubernaturas claves para continuar con su proyecto. Las encuestas, hasta el momento, lo siguen favoreciendo. Lo que está por verse es qué tan grande será el boquete que la pérdida de estos simpatizantes significará para su popularidad. Hasta ahora, ante la falta de una oposición que le haga cualquier tipo de contrapeso a AMLO, no parecen haber más opciones, pero sin el apoyo de este segmento de simpatizantes a los que hoy el presidente ha mandado al diablo, la situación puede cambiar.

 

* En Lengua Tarahumara (rarámuri), este vocablo designa una tradición de compromiso social basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de apuro o crisis

 

 

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