Justicia al servicio de la ignominia

Sin la más mínima sustentación demanda por daño moral de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo

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Es inconcebible lo ocurrido en el litigio que temerariamente abrió Humberto Moreira ex gobernador de Coahuila, contra el sociólogo e investigador-periodista Sergio Aguayo. La demanda por daño moral de Moreira contra Aguayo no tenía la mínima sustentación. El maestro de El Colegio de México (Colmex) realizaba una investigación por su interés profesional y periodístico, además que por solidaridad con las víctimas de la violencia en el Estado de Coahuila por un abominable homicidio colectivo ocurrido en el Municipio de Allende en dicho estado por la organización denominada Los Zetas, que a su vez tenía como antecedente el que éste grupo delictivo mantenía el control absoluto del penal de Piedras Negras desde el que dirigían los operativos, no sólo de la exportación de droga a la Unión Americana, sino de la estrategia del sometimiento de toda la cadena de narcotráfico de la región con la licencia de exterminar a los enemigos y competidores que tuvieran la osadía de atentar contra el monopolio del productivo negocio. Así fue como se fraguó la masacre de Allende y otros sitios en los que acribillaban a los competidores junto con sus familias acabando con incendiar las casas y pueblos que habitaban.

Sergio Aguayo conocedor de éstos increíbles sucesos ahondó en su conocimiento y se valió de la documentación de la causa que se había instruido en España contra Humberto Moreira por muy diversos delitos, como los de lavado de dinero y conductas criminales de lesa humanidad. El hecho fue público y notorio así como claramente patrocinado por la intervención de la representación diplomática del gobierno mexicano para que su homólogo de España, le concediera el regreso de Moreira a México a pesar de que además había sido promovido su enjuiciamiento por una instancia abierta en el territorio del sur de los Estados Unidos. También había considerado Sergio Aguayo lo publicado en la prensa independiente mexicana acerca de la tragedia de la inseguridad existente en el Estado de Coahuila durante el gobierno del reo procesado en España.

Ya  para entonces se había presentado una demanda de juicio político contra Moreira en la Cámara de Diputados que fue suscrita entre otros por Armando Guadiana hoy senador de Morena en el cargo de presidente de la Comisión de Energía de dicho órgano legislativo y otros ciudadanos que respaldamos la acción de denuncia soportada en la inocultable anarquía que había causado Moreira en su gestión y por los incalculables saqueos al patrimonio del Estado que hasta el día de hoy, lo ubican en el primer lugar de endeudamiento en la República, llegando al cinismo  de falsificar un documento de la Secretaría de Hacienda para conseguir un crédito del Banco del Bajío para cubrir sus desfalcos con el erario local. El desorden al interior de la entidad cundió por la ambición de Moreira que, con recursos de Coahuila, financió las campañas de Zacatecas y Durango para con ello ganar la simpatía de Peña Nieto para convertirlo en Presidente del Partido Revolucionario Institucional.

De ésta suerte resulta una paradoja que en vez de que Moreira estuviese sometido a la Justicia por las innumerables tropelías, desfalcos, irresponsabilidades administrativas y daños materiales y morales causado a los más de 3 millones de habitantes del estado, a sus familias y la irreparable pérdida de las incontables vidas que costó su desastroso gobierno; sea el él que acuse a un destacado científico social que  compromete su pluma con la verdad para denunciar las calamidades, atropellos y consecuencias que ocasionó Moreira, para que le pague una cuantiosa suma de 10 millones de pesos a sabiendas de que ni remotamente cuenta con ellos el periodista atacado por su soberbia. Ésta perversión de la administración judicial que en segunda instancia condena a un mexicano ejemplar a pagarle a un mexicano que no se conforma con haber dejado hipotecado al estado, sino que pretende todavía adquirir más riqueza.

Así se da la paradoja que consignaba Voltaire que decía “que no puede haber mayor daño a la justicia que la que se hace pervirtiendo la Ley y el Derecho”. La afrenta no es sólo a la libertad de expresión intentando castigar a quien la ejerce con plena conciencia del cumplimiento de un deber para con sus propios principios de servicio al bien y a la sociedad, sino también un agravio irreparable al corromper la elevada función judicial para que ésta se preste a consumar una sanción inmerecida como medio de inhibir a otros periodistas que se atrevan a cumplir con su estricto deber de expresar lo que se conoce y tiene relevancia para la sociedad entera. Incluso, el hecho trasciende porque se garantiza la impunidad para el servidor público que traiciona la confianza de sus electores sin riesgo de sufrir las consecuencias, ya que es vicio público nacional el que se multipliquen conductas análogas a sabiendas de que no tendrán reclamación alguna porque la aplicación del derecho tiene un precio que pueden pagar para desvirtuarla.

Humberto Moreira concluyó su pernicioso periodo trasladándose a España a cumplir estudios de pedagogía en alguna Universidad de Cataluña. En el inter uno de sus hijos fue secuestrado y asesinado por delincuentes organizados que su gestión gubernamental cobijó y multiplicó en el territorio estatal. Ni siquiera ésta amarga experiencia lo llevó a arrepentirse de los estragos causados a los coahuilenses. Por el contrario arremete contra otros mexicanos que tienen la gallardía de denunciar sus ilegalidades. Se trata de un psicópata sin capacidad para reconocer su propia iniquidad.

 

 

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