Gerardo Vicente Grajales Yuca, infamia ministerial y judicial desde Chiapas

A todas luces médico urgenciólogo está siendo incriminado

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El pasado 25 de julio fue detenido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez  el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, médico urgenciólogo adscrito al área de Covid del hospital Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

La demanda fue presentada por la señora Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex diputado federal y local Miguel Arturo Ramírez López, fallecido a causa del Covid-19. En su querella, Karen Alejandra acusa al médico Grajales Yuca de los delitos de abuso de autoridad, acoso sexual y los que resulten.

De las primeras indagatorias se desprende que la señora Ramírez Molina miente deliberadamente. En su comparecencia ante el Ministerio Público asegura que Grajales Yuca le solicitó diversos medicamentos para la atención de su padre, con lo cual se actualizaba el delito de abuso de autoridad y el ministerio consideraba que había suficientes elementos para consignar la carpeta de investigación ante el juez de juicios orales.

Para fundamentar su acusación, Karen Alejandra Ramírez Molina presentó, como únicas pruebas, 10 recetas en las que se le solicitaban diversos medicamentos para atender al paciente Miguel Arturo Ramírez López, sólo que de todas esas recetas, ninguna está firmada por el doctor Grajales Yuca. Sin embargo, Karen Alejandra sostiene, sin ningún fundamento, que Grajales Yuca le pidió todos esos medicamentos porque  el Isstech no tenía en existencia.

Sin embargo, más allá de la disponibilidad o no de las medicinas, Ramírez López no era derechohabiente y, por tanto, existía la obligación de proporcionar los fármacos para recibir la adecuada atención médica, con lo que es inexistente el delito de abuso de autoridad.

En cuanto al acoso sexual pregonado por Karen Alejandra Ramírez Molina, exhibe la mentira con la cual trató de incriminar al urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca. En tres ocasiones, Karen Alejandra aseguró que el doctor la citaba en su consultorio a solas, sin la compañía de sus hermanas y de su esposo. Ya a solas le decía que la invitaba a salir y “me gustas mucho”.

Lo malo para Karen Alejandra es que las citas que Grajales Yuca le hacía, según ella, fueron vía WhatsApp, lo que quiere decir que hay una evidencia indiscutible. Sin embargo, de las pruebas presentadas por Karen Alejandra ante el Ministerio Público, en ninguna parte aparecen los mensajes de WhatsApp con lo que podría conformarse y probar el delito de acoso sexual. Y en una expresión muy subjetiva, y sin ningún sustento, asegura que el doctor Grajales Yuca la miraba “morbosamente de pies a cabeza”.

Fueron testigos falsos de Karen Alejandra sus hermanas, Liliana Michelle y Tatiana Ramírez Molina. El concierto de la familia es evidente en cada declaración. Iliana Michelle y Tatiana declararon exactamente igual: La misma sintaxis, el uso gramatical del idioma, el orden de las ideas y de las palabras, y el costo y el nombre de cada medicamento guardan una precisión milimétrica. Al respecto, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando las declaraciones de los testigos son iguales se presume falsedad en declaraciones, a las que, desde luego, se prestó el Ministerio Público.

Hay un dato relevante que el Ministerio Público deberá y tiene la obligación de investigar. Karen Alejandra Ramírez Molina se identificó con la cédula profesional número 95978211 del 14 de noviembre de 2014.  En esas fechas, el número de cédulas profesionales rondaba los 7 millones y medio, y no los casi 96 millones que aparecen en la cédula de Karen Alejandra. Incluso, a la fecha, el número es de, aproximadamente, 11 millones.

Además, en la página de la Dirección General de Profesiones no aparece el registro profesional de Karen Alejandra. De no comprobarse la autenticidad del documento, el hecho se sanciona como usurpación de profesiones y uso de documento falso, previsto en los artículos 410 y 403 del Código Penal.

Cómplice de las investigaciones en contra de Grajales Yuca aparece en escena el abogado Gustavo Cervantes Yáñez. Asegura que para ser atendido del Covid-19 en el hospital del Isstech le pidieron la cantidad de 550 a 650 mil pesos, pero, por sus antecedentes, no resulta creíble. En el expediente civil 883 del año 2009 trató de ganar, ilegalmente para su cliente, un terreno de 2880 metros con un valor de 22 millones de pesos mediante un contrato privado de compra-venta que la sala civil calificó de falso.

Más adelante, Cervantes mintió ante el juzgado segundo de distrito al presentar en el juicio de amparo 1360 del año 2012 una  escritura pública certificada supuestamente expedida por el notario público Roberto Emmanuel Juárez Zepeda, quien al comparecer ante el juez federal manifestó que no era ni su firma ni el sello de su notaría.

Después de éste y otros tantos artilugios entre testigos falsos y documentos apócrifos no se le puede creer a Gustavo Cervantes Yáñez.

Independientemente de que, al día de hoy, Grajales Yuca enfrenta su juicio en libertad, queda de manifiesto que la intención del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca era exhibirlo ante la opinión pública. Ello es así porque indebidamente, en la conferencia de prensa, se hizo acompañar de la supuesta víctima, Karen Alejandra Ramírez Molina, para darle mayor realce a la farsa.

Así, a Grajales Yuca se le violaron garantías y derechos humanos fundamentales. El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte como derecho del acusado no ser exhibido ante los medios, y menos presentarlo como culpable sin ninguna prueba de por medio. Además, se le decretó prisión preventiva sobre un delito que no ameritaba esta medida cautelar, en términos del artículo 19 de la Constitución Federal y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En cambio, quienes sí incurrieron en diversos delitos fueron el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios, y los dos jueces de consigna.  Uno de ellos  es el de  abuso de autoridad, al ejercer violencia física y moral, como lo establece el artículo 420 del Código Penal. Además, se colocaron en la hipótesis penal del delito de ejercicio ilegal de funciones públicas al excederse en el ejercicio de las funciones que tienen conferidas en términos del artículo 417 del Código Penal, pero sobre todo, Juan Trinidad y Llaven Abarca no tienen autoridad moral para juzgar, y menos dar órdenes para proceder penalmente en contra de alguien.

La toma de protesta de Trinidad Palacios como presidente del Tribunal Superior de Justicia fue en flagrante violación al artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. La misma establece que el presidente deberá ser nombrado de entre los magistrados de las salas regionales, y Juan Trinidad procedía de la sala de justicia para adolescentes, además de la exigencia jurisprudencial de tener experiencia en justicia para adolescentes, que nunca acreditó. Queda, pues, pendiente el juicio político.

Por su parte, Llaven Abarca permanece con el pasado nebuloso de haber participado en el 2005, como colaborador cercanísimo de Mariano Herrán,  en actos de tortura que costaron la vida a Luis Ignacio Lara Vidal por el supuesto homicidio de José Iván García, pero ese es otro tema.

Y, desde luego, se evidencia la omisión o, seguramente, la orden del gobernador Rutilio Escandón en contra de Grajales Yuca.  Ampliaremos…

 

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