El Separatismo que no fue y los $miles de millones

La discusión entre el Presidente López Obrador y la Alianza Federalista, confusión de por medio -Pacto Fiscal por Pacto Federal- puso los pelos de punta

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El lunes pasado, varios gobernadores de la Alianza Federalista, como Silvano Aureoles, de Michoacán, y Diego Sinhue Rodríguez, mencionaron la posibilidad de romper con el Pacto Federal, dos días después recularon.

> Una cosa es que AMLO y los gobernadores piensen en las elecciones de 2021, y otra que unos amenacen con desintegrar a la República y el otro recrudezca su posición para orillarlos a ir más lejos que solo soltar la lengua

No hay de otra, los gobernadores de la Alianza Federalista confundieron el Pacto Federal con el Pacto Fiscal o se asustaron cuando la interpretación en Palacio Nacional fue que balcanizarían a México, es decir, partirían el territorio nacional en dos o más países si el gobierno central no les da el dinero que merecen.

No fue necesario que el presidente contestara abiertamente que de ser necesario usaría el ejército o perseguiría a los promotores de la absurda amenaza. Le bastó con recordarles la Constitución, mencionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la cual ejerce control, y reducir el problema a cuestiones de partidas presupuestales para que los gobernadores amenazantes se tragaran sus palabras y aceptasen que el pleito sólo es por unos miles de millones de pesos.

Es probable que por algunas horas la posibilidad de rompimiento del Pacto Federal, como lo mencionaron con todas sus palabras los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y lo insinuaron claramente otros, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León, caló hondo en los inquilinos del Palacio Nacional que sí saben de la Constitución a grado que aconsejaron a López Obrador ofrecer una salida más o menos digna a los rijosos.

El presidente lo hizo y los mandatarios estatales se tragaron el anzuelo y ahora resulta que la Federación no les debe lo que dicen, sino que son ellos quienes adeudan al gobierno federal algo así como 70 mil millones de pesos sólo de ISR que no han entregado a doña Raquel Buenrostro.

El presidente se los restregó en la cara: “Hoy (el jueves) la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada Estado, también de Impuestos Sobre la Renta (ISR). Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos; no estamos cobrando eso (a los gobernadores), que no se malinterprete, es para que haya toda la información”.

Bien instruido, López Obrador les ofreció una lección sobre la Ley de Coordinación Fiscal aprobada en el sexenio de José López Portillo:

“Vamos a aclarar bien porque aprendemos todos. ¿Cómo se recaudan los ingresos en el Gobierno? ¿Cómo recauda Hacienda desde los años 80? Hay una Ley de Coordinación Fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada Estado en materia de su producción.

“Entonces, así se distribuyen. Nosotros actuamos en función de esa Ley de Coordinación Fiscal y se entrega de inmediato, no se demora la entrega, les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada Estado. Y, no han disminuido las participaciones en términos generales a los estados. Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70 mil millones. Ese fondo compensatorio ya se les entregó, no hay ningún adeudo”.

LOS QUE PIERDEN Y LOS QUE PIDEN PAZ

Los gobernadores aliancistas intentaron moverse, pero para entonces ya había perdido una pelea que iniciaron ganando. En la cuenta de twitter de la Alianza publicaron: “Hacemos un llamado al pueblo de México a no caer en distractores y a no permitir que se desvíe la atención del importante tema que plantean los estados miembros de la Alianza Federalista: la discusión es por un presupuesto federalista o uno centralista. ¡La gente debe decidir!”.

Es cierto, no hay duda que los gobernadores aliancistas perdieron la pelea en el primer round. Tan es así que algunos panistas preocupados por su muy personal futuro, pues su nombre está en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República por los sobornos con dinero de Odebrecht para aprobar la Reforma Energética, como Francisco Domínguez de Querétaro, de inmediato hablaron de conciliación, política, diálogo y no confrontación.

Lo que queda de la Conferencia Nacional de Gobernadores llamó a los que se separaron a dialogar juntos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

El priista gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, convocó a una reunión en la primera semana de noviembre para establecer una ruta de trabajo para revisar el Pacto Fiscal.

Además, existe la promesa del presidente López Obrador de reunirse con todos un día de estos. ¿Cuándo? Nadie sabe.

Estamos hablando de una clara derrota de los gobernadores que no sabían de lo que hablaban o se asustaron del alcance de su amenaza, pero lo cierto es que la mención de posible ruptura del Pacto Federal también preocupó en el Palacio Nacional no obstante tratarse de un tema que sin duda rechazaría la mayoría de los mexicanos.

El martes pasado, el Presidente López Obrador, ante la amenaza de “rompimiento”, dijo que los gobernadores deberían consultar a la ciudadanía, pero además afirmó que,
al contrario, ellos deben a la federación.

Una cosa es que el presidente y los gobernadores piensen en las elecciones de 2021 y otra que unos amenacen con desintegrar a la República y el otro recrudeciera su posición para orillarlos a ir más lejos que solo soltar la lengua.

No obstante, perdiendo ganaron los gobernadores aliancistas porque al problema planteado con su posición original se suma a los que ya enfrenta el presidente, por ejemplo, la caída de la economía por la causa que sea, la inseguridad y la mortandad incesante que causa el coronavirus.

A pesar de la aparente despreocupación que muestra en las conferencias mañaneras, lo cierto es que sus días deben ser de pesadilla, a menos que se crea todo lo que contesta a las preguntas sembradas.

Como dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se acabaron los guardaditos y, como todos los mexicanos, el presidente necesita dinero para sus programas asistenciales, para sus obras, faraónicas o no, para comprar medicinas y para el día a día, y ni él puede darse el lujo de rifar varias veces el avión presidencial o vender más edificios gubernamentales como ya hizo con la sede central del ISSSTE.

Es de imaginar cómo cayeron a su estómago las videoconferencias de los gobernadores aliancistas amenazando con separatismo.

Es un hecho que los gobernadores exageraron al usar el Pacto Federal para amagar, pero también lo es que en principio tuvieron éxito, aunque recularan de inmediato de fea manera esgrimiendo supuesta confusión en el significado de uno y otro pacto.

Ni siquiera imaginar el problema en que estaríamos metidos todos los mexicanos si los gobernadores hubiesen hablado en serio y hoy, en lugar de aclarar quién le debe a quién -ellos a la federación o al revés- los congresos locales de algunas entidades estuviesen hablando con los mandatarios sobre la ruta a seguir para separarse de los Estados Unidos Mexicanos.

Tampoco imaginar la mañanera en la que, con la banda tricolor cruzando su pecho, el presidente informara al país que en uso de sus facultades constitucionales echaría mano de todos los recursos a su alcance, el Ejército, por ejemplo, para evitar el desmembramiento nacional.

Para decirlo en otras palabras, estaríamos al borde de la guerra civil.

Enhorabuena que López Obrador escuchó a los pocos que pueden hablarle al oído y colocó el problema en su justa dimensión: la disputa por miles de millones de pesos que indudablemente las entidades federativas necesitan para enfrentar las urgencias del momento y que la federación les escamotea o, conforme a lo que dicen los gobernadores, les suelta gota a gota.

No todos pueden, como el presidente, disponer de bienes, como lo que fue el edificio central del ISSSTE o el avión que usaba Enrique Peña Nieto para organizar un remate de garage o vender cachitos de lotería.

El tema ya quedó para el anecdotario, pero ahí queda como antecedente de lo que podría sobrevenir a México si no corregimos el camino a tiempo.

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