“El ‘huachicol’ es pura pantalla”

Una crónica sobre el robo de combustible

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Del total de combustible que se roba en la República Mexicana, el 35 por ciento se extrae en el centro del país y, de ello, alrededor del 80 por ciento se da en una franja pequeñísima llamada “triángulo rojo”, dada la fuerza de gravedad con la que el combustible baja de Cumbres de Maltrata rumbo hacia la Ciudad de México.

El corte oficial del primer cuatrimestre de 2020 registró que entre enero y abril, Pemex identificó un total de 3 mil 324 tomas en 22 entidades, que comparadas con las 5 mil 554 del mismo periodo de 2019 muestran una reducción de 40.1 por ciento.

La disminución más significativa en cuanto a tomas clandestinas se refiere, se dio en el Estado de México y en Hidalgo, con 40.7 y 39.4 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, ciertos estados mostraron un comportamiento ascendente en sus tomas clandestinas con todo y confinamiento por la pandemia de Covid-19: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla y Tabasco.

En Baja California aumentó en un 65.7 por ciento; Chihuahua hizo lo propio con 42.8 por ciento; Coahuila creció un 17.3 por ciento; Durango incrementó las tomas clandestinas en un 71.4 por ciento; Puebla aumentó un 17.7 por ciento y Tabasco 28.2 por ciento.

Fuentes de Inteligencia señalan que, aproximadamente, el 45 por ciento de las personas que roban combustible está inscrito en programas de apoyo federal, lo que las sitúa, en automático, por debajo de la línea de pobreza.

Lo anterior no quiere decir que no haya barones del huachicol; sí los hay y son unos pocos, que requieren de enormes cantidades de mano de obra, que gana unos pesos y se lleva la peor parte del trabajo jugándose la vida y haciendo que la economía de sus comunidades dependa del ilícito: El Covid-19 ha caído como “anillo al dedo”; sin trabajo legal posible, sobran personas que quieren participar en el huachicol.

El tendero, el médico, la escuela, la farmacia… todas las pequeñas unidades productivas en esos lugares dependen del dinero que llega del huachicol, y hay entidades federativas, cuya economía está contaminada por ese delito, que compiten, sin problemas, con la llegada de divisas procedentes de los paisanos que radican en Estados Unidos.

El huachicol ha entrado silenciosamente en la vida de entidades federativas enteras, por más que la autoridad lo niegue, pero es imposible ocultarlo.

Por ejemplo, en Puebla, esas mismas fuentes señalaron que el 90 por ciento del robo de combustible en el Triángulo Rojo está dirigido por comunidades y bandas locales, lo que establece dentro del negocio a los municipios de Acajete, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y Acatzingo, donde sus alcaldes tienen tres opciones: El beneficio económico, ignorar a la delincuencia o vivir en un municipio distinto al que se administra.

 

El día cero

Apenas ungido, el presidente Andrés Manuel López Obrador identificó un área de oportunidad para asestar un golpe espectacular: El robo de combustible que afecta a Pemex y que ha dejado un baño de sangre en el camino.

La lógica del tabasqueño era sencilla: Si los ductos son perforados por los delincuentes, éstos perderán su negocio si no hay combustible por las tuberías; su solución fue transportar el producto por tierra hasta las gasolineras.

Más allá del desabasto que generó de inmediato no sólo no se dio la rendición de los que roban combustible; se dio una migración delictiva. No pocos delincuentes decidieron probar suerte en otros giros criminales: El robo, en todas sus modalidades, y la extorsión.

El 19 de enero reculó el tabasqueño: “Hay que reforzarlos (los ductos); ya se está analizando la posibilidad de fortalecerlos con una tecnología, que se está probando, del Instituto Mexicano del Petróleo; una nueva tecnología para que resistan las agresiones, para que si se pincha no se pueda tener éxito y que no sea fácil de poner esa válvula que permite tener esta toma clandestina y extraer combustible”.

Fuentes al interior del Instituto Mexicano del Petróleo señalaron: “Es cierto que se está trabajando con un sellamiento especial, pero para hacerlo a gran escala van a pasar, por lo menos, dos años. Está en fase de experimentación”.

Así, no había condiciones para poder abastecer de combustible a una parte del país, con pipas propias y alquiladas, sin omitir un riesgo adicional: Aceptando, sin conceder, que el combustible no pasara por los ductos y todo se fuera por las pipas, los huachicoleros sólo tendrían que migrar al robo de las mismas.

Y así fue.

La lentitud de las pipas para desplazarse por todo el país sólo fue rebasada por la lentitud de los convoyes acompañados por una patrulla de la Policía Federal o una célula del Ejército. Seguridad Física de Pemex se encontró con dos frentes: Los ductos y las carreteras.

López Obrador cometió otro error que empoderó más aun a los cárteles: Entre 4 y 5 mil policías federales iniciaron, en 2019, su trámite de retiro de la corporación por el grosero recorte a sus prestaciones, entre las que destacan los gastos médicos.

En cuestión de semanas, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se aplicó a fondo y emprendió una campaña de reclutamiento entre los policías federales ofreciendo un piso de 20 mil pesos mensuales, y está en funcionamiento desde febrero pasado.

Basado en todo lo anterior, los huachicoleros empezaron a hacer planes: El proyecto en la Sierra Norte de Puebla. Había que tener un socio local que arrancara el negocio.

 

La encrucijada

El 5 de julio de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina-Armada detuvieron a Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo (Puebla), por la compra y venta de combustible robado a Pemex vía huachicoleo; el detenido era propietario de tres gasolineras establecidas en el primer triángulo rojo.

Sin embargo, fuentes federales filtraron que la investigación se había extendido a otros tres alcaldes: Néstor Camarillo, de Quecholac, actualmente dirigente estatal del PRI poblano; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco, y Antonio Aguilar Reyes, de Acajete.

Hay que considerar que en el marco del “Operativo Encrucijada”, el 10 de marzo de 2017, José Isaías Velázquez Reyes, alcalde de Atzizintla, había sido aprehendido por su presunta participación en un levantón y ejecución de varios policías ministeriales integrantes del Grupo Antisecuestro.

Velázquez Reyes formó parte de un contingente de 87 personas detenidas que tenía participación en el cobro de piso y secuestro, actividad vinculada a “El Bukanas”, Roberto de los Santos de Jesús, cuyo principal bastión es Palmarito Tochapan, aunque sus operaciones cubren Esperanza, Huixcolotla, Palmar de Bravo, Atzizintla y Chalchicomula.

La organización de “El Bukanas” tiene una alianza con Los Zetas y, por lógica, es adversario de Antonio Martínez Fuentes, “El Toñín”, a su vez asociado del CJNG, pero, como se verá más adelante, tienen motivos personales para ser adversarios.

“El Toñín” es el amo de la mayor parte de la vida criminal de Tecamachalco siguiendo el ejemplo de “El Bukanas”: Imponer, por el miedo o el dinero, que numerosos habitantes cooperen con sus actividades ya sea trabajando o delatando.

No debe pensarse que estos dos individuos son unos simples criminales: Ambos controlan organizaciones delictivas que están muy lejos de ser “pandillas”: Tienen capacidad de movilizar a miles de personas que participan en el robo de combustible.

De ese poder saben la Marina-Armada y el Ejército Mexicano, que cuando efectúan algún operativo en los territorios de “El Bukanas” y “El Toñín” están seguros de que se van a enfrentar a cientos de personas, incluyendo mujeres y niños, que funcionarán como escudos humanos para impedir que puedan cumplir con su trabajo.

Justamente, en el Palmarito Tochapan, la Marina-Armada se ha visto en problemas cuando ha intentado catear domicilios para encontrar a “El Bukanas” o a sus liderazgos intermedios: Armados con pistolas, revólveres, machetes y hasta palos, cientos de personas han plantado cara a las unidades móviles de los marinos para darle margen de escape a Santos de Jesús o a sus asociados más relevantes: La prudencia corre a cargo de la Marina.

En octubre de 2018, un tumulto de asociados a “El Bukanas” demostró su capacidad de movilización al bloquear, por aproximadamente ocho horas, la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 185. Sólo la Policía Federal pudo negociar la liberación de la vía, prometiendo algo inconcebible: Que la Marina no entrara de nuevo al Palmarito.

Hábil como pocos, “El Bukanas” se escabulló, en marzo de 2018, de un operativo practicado por unos 500 efectivos de la Marina-Armada, la Gendarmería y el Ejército.

Supuestamente, Saúl (hermano de Roberto) murió en un enfrentamiento, en 2017, con la Marina- Armada en Tepaltlán, una comunidad cercana a Tepetzitzintla, en el municipio de Vicente Guerrero, pero el 29 de junio de 2018 fue detenido en Acultzingo y el entonces comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, fue quien lo informó en un tuit.

 

De la cubeta a la camioneta

Así, para entender qué pasa en el mundo del huachicol en el primer triángulo rojo hay que ubicar que “El Toñín” fue un colaborador de Roberto de los Santos; fue este último quien le enseñó los secretos del negocio y quien le fue delegando responsabilidades cada vez mayores.

La ruptura entre “El Bukanas” y “El Toñín” se dio porque a ninguno de los dos les salieron las cuentas respecto a algunos trabajos relacionados con la venta del combustible, así que cada quien siguió su camino.

Sin embargo, el método del “El Bukanas” lo traía ya Antonio Martínez Fuentes, quien lo siguió puntualmente: Hacerse de una monumental base social para que funcione como su cliente, empleado, bodeguero, cargador, halcón y escudo humano.

Tanto “El Bukanas” como “El Toñín” se han aplicado a comprar favores tanto en el ámbito federal como en el estatal y el municipal.

Usualmente, los presidentes municipales terminan siendo sus empleados; son vulnerables porque no tienen apoyo para perseguirlos y porque son miles los habitantes que apoyan a los delincuentes: Si un alcalde va contra un capo se echará encima a una parte del pueblo que gobierna.

Tan sólo hay que pensar en las “albercas”, hoyos de un metro de profundidad (literalmente, con el largo y ancho de una piscina) en los que caben docenas de personas; con el combustible robado hasta las rodillas, algunos llenan cubetas y las van pasando a otras manos hasta llegar a quien llena bidones enormes, llamados “muelas”.

Jugándose la vida a cada segundo, docenas de mujeres y jóvenes trabajan en ese ir y venir de cubetas y botes de pintura atascados de gasolina. Bajo semejante riesgo ganan una suma inimaginable para ellos en el mercado formal: Entre 500 y mil pesos por odisea.

Y trabajo hay para todos: Docenas de jóvenes y personas mayores cuidan cada milímetro de las calles en esos poblados y avisan de la llegada de cualquier extraño; ya no se diga de un convoy de la Marina-Armada o del Ejército, los verdaderos adversarios de esos capos.

Otros tantos esperan, pacientemente, en una enorme fila de camionetas para ser cargados con las “muelas”. Las filas no son discretas: Suelen cubrir kilómetros serpenteantes que van por todo el pueblo, sin que nadie salte a nadie.

También están los que cuidan los ductos y las mangueras, que por sí solas son insólitas: Expertos en Inteligencia consultados para este artículo hablan de algunas con una extensión de uno a cuatro kilómetros.

Si un alcalde se aventurara a ir por un delincuente que da “empleo” a tumultos enteros, la gente no va a entrar en consideraciones jurídicas sobre el huachicoleo: Ese ingreso le da para llevar comida a la mesa de sus casas, por lo que el “enemigo” no es el criminal, sino el que pretende detener a éste.

Ante semejante panorama, los ediles de esos lugares guardan silencio y miran hacia otro lado; a cambio reciben dinero: Los menos una cantidad fija; los más tienen sus propias unidades, que participan en el negocio o reciben un porcentaje de lo operado.

Por ello, los presidentes municipales tienen fortunas inexplicables y hasta les alcanza para financiar cargos de elección popular en otros municipios; se presentan como mecenas para “apoyar” a candidatos a alcaldes aún en zonas alejadas de aquellos lugares que dijeron gobernar.

Se equivocan los que creen que deteniendo a alguno de los barones del huachicol, el delito desaparecerá: Miles de personas forman parte de estos grupos y, como toda empresa que se respete, tienen asegurada la sucesión de sus liderazgos.

El primer “triángulo rojo” comenzó en las zonas de Acajete, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y Acatzingo, conforme se fueron dando cita demasiados competidores y ofertas diferenciadas: El segundo fue cuando algunos miraron hacia la Sierra Norte de Puebla.

La zona posee notables ventajas competitivas para emprender un negocio de esa magnitud, que se facilita por lo abrupto del terreno, uniendo a varias entidades de la República Mexicana y estableciendo un corredor delictivo.

Así, hay una descentralización criminal, tanto en Puebla como en Guanajuato, que incluirá la migración delictiva, exacerbando la violencia, ya sea por castigar a quienes cambien de cartel -conocidos en el ambiente delictivo como “torcidos”- o por establecer nuevas formas de trabajo considerando la guerra entre Zetas, Sinaloa y CJNG.

Y multiplicará la presión sobre los alcaldes de la zona porque hay numerosos regidores que trabajan para los cárteles y porque el CJNG los acorralará para que se agreguen a su causa.

 

El reto a enfrentar

Son diversos los componentes del reto del robo de combustible para el estado de Puebla, sus vecinos y el estado de Guanajuato, sin embargo, el mayor desafío consiste en entender que los capos del huahicoleo no son cargadores de mangueras; son líderes territoriales de organizaciones delictivas que aglutinan a miles de personas, incluyendo mujeres y niños.

Verlos como criminales analfabetas no funciona ni funcionará; la meta de estos personajes no es solamente hacerse millonarios, sino convertirse en capos del más alto nivel y ser líderes sociales claramente reconocidos por dar empleo a multitudes marginadas.

Las autoridades tendrán que aprender que el mando territorial de estos capos no fue hecho, únicamente, a base de miedo; han sabido combinar ganancias para todos, miedo para potenciales delatores y una maquinaria imparable de embutes para las corporaciones policiacas y militares.

Ahí están las camionetas que repartieron juguetes el 30 de abril y el obsequio de electrodomésticos y refrigeradores el 10 de mayo, así como cirugías de catarata y diálisis a quien lo pida.

En ciertas zonas de dominio criminal operan gestores para dar dinero a cualquier persona que necesite una cirugía o atender una contingencia médica.

Tales beneficios se han dado a cambio de que esa persona esté disponible para emprender marchas y hacerle de escudo humano cuando llegue la Marina-Armada a intentar inmovilizar docenas de camionetas repletas de combustible.

De más está agregar que por cada minuto que el Estado Mexicano se tarde en reaccionar frente a esta amenaza, los cárteles avanzan en la feudalización de todos los terrenos en los que sea posible extraer combustible a nivel nacional.

La estrategia del actual gobierno federal contra estos criminales sigue siendo fallida.

 

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Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

 

 

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