El amparo frena al ‘Calígula Tropical’

Dichos y hechos no cesan de mostrar un talante autoritario

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Cayo Julio César Augusto Germánico (en latín Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus) nació en Anzio el 31 de agosto de 12 y murió, asesinado, en Roma el 24 de enero de 41. También conocido como Cayo César o Calígula, fue emperador romano desde el 16 de marzo de 37. Fue el tercer emperador del Imperio romano y miembro de la dinastía Julio-Claudia, instituida por Augusto. La madre de Calígula era Agripina. De niño se calzaba con las caligas de los legionarios, quienes le dieron el sobrenombre, afectuoso, de “Calígula” (“botitas”). La incomodidad que su presencia generaba en el emperador Tiberio degeneró en una enemistad. Sus relaciones con Tiberio parecieron mejorar cuando este se trasladó a Capri y fue nombrado pontifex. A su muerte, el 16 de marzo de 37, Tiberio ordenó que el Imperio fuera gobernado, de forma conjunta, por Calígula y Tiberio Gemelo.

Tras deshacerse de Gemelo, el nuevo emperador tomó las riendas del imperio. Una grave enfermedad que sufrió el emperador marcó un punto de inflexión en su modo de reinar. A pesar de que una serie de errores en su administración había derivado en una crisis económica y en una hambruna, emprendió un conjunto de reformas públicas y urbanísticas que acabó por vaciar el tesoro. Acuciado por las deudas, puso en marcha una serie de medidas desesperadas para restablecer las finanzas imperiales, entre las que destacó la de pedir dinero a la plebe.

Dio muestras de su megalomanía al ordenar que se erigiera una estatua en su honor en el Templo de Jerusalén; mientras tanto, en Occidente las dio de su demencia al pedir a su ejército que en lugar de atacar a las tribus britanas se pusiera a recoger conchas, el tributo que, según él, esas aguas le debían a la Colina Capitolina y al Monte Palatino. En sus últimos años de vida estuvo envuelto en una serie de escándalos, entre los que destacan mantener relaciones incestuosas con sus hermanas e incluso obligarlas a prostituirse. El 24 de enero de 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por pretorianos y senadores. El deseo de algunos conspiradores de restaurar la República se vio frustrado cuando los pretorianos declararon emperador al tío de Calígula, Claudio, el mismo día del asesinato. Una de las primeras acciones de Claudio como emperador fue ordenar la ejecución de los asesinos de su sobrino. Las fuentes se centran en su crueldad y extravagancia, presentándole como un tirano demente. Trabajó incansablemente a fin de aumentar la autoridad del princeps. Se convirtió en el primer emperador en presentarse ante el pueblo como un dios.

Quizá comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el tiránico emperador romano y etiquetarlo como un “Calígula Tropical” sea una temeraria exageración, pero sus dichos y hechos no cesan de mostrar un talante autoritario que, entre bromas y veras, invita a semejante comparación. Sin embargo, y para nuestra ventura, México posee una institución capaz de poner freno a los peores excesos y arbitrariedades de nuestro “Calígula Tropical” sin necesidad de que salgan de sus fundas los aceros pretorianos. Esa gran institución es el Juicio de Amparo. Y la mayor autoridad intelectual, judicial y académica en materia de Amparo fue el maestro Ignacio Burgoa Orihuela.

Al maestro Burgoa lo conocí desde muy joven, pues estuve en su cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM en los años 70, pero, desde entonces, la visión garantista ha cambiado con la introducción del reconocimiento de los derechos humanos y no, ya, el otorgamiento de los mismos en la Constitución federal. Además, se introdujeron dos aspectos fundamentales que, anteriormente, eran atendibles hasta que el asunto fuera radicado ante la CIDH o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con magros resultados siempre, el control difuso de la convencionalidad y la obligatoriedad de los jueces, desde la primera instancia, de atender los asuntos bajo la perspectiva de los derechos humanos y de los tratados celebrados por México con otras naciones y organismos supranacionales, visión bastante lejana de la puramente garantista del Maestrísimo Burgoa y que ahora es encabezada, la nueva visión, por Miguel Carbonell, también egresado de la magnífica escuela de derecho de la UNAM, lo que nos debe llenar de orgullo a quienes egresamos de la misma.

De acuerdo con el distinguido abogado experto en Amparo Don Rolando Rueda de León, el antecedente histórico más remoto del derecho de Amparo puede, quizá, encontrarse en el pensamiento y la acción del fraile dominico español Francisco de Vitoria, nacido en Burgos en 1483 y fallecido en Salamanca en 1546, donde destacó por su pensamiento humanista, fundado en el realismo aristotélico-tomista. Su contribución, más que, directamente, al Derecho de Amparo, fue a los derechos humanos, por su aportación a cuáles eran los títulos justos de España respecto de la conquista de América, que elaboró para el Rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, de Alemania; por eso también se le llamaba César. De Vitoria aporta más al ius gentium, el derecho de gentes, muy aplicado en derecho internacional. De vuelta a los derechos humanos, para Rueda de León hay dos personajes universales precursores, entre otros, ya que en la Roma antigua había el recurso de homine libero exhibiendo o el intercessio tribunicia, o en el derecho inglés del habeas corpus de 1679.

Durante la Colonia, en México, existió el “amparo colonial”, o los diversos procedimientos aragoneses del medievo español, como el de la institución denominada “Justicia Mayor”, que en sus resoluciones utilizaba el vocablo ” amparar”; todos los anteriores serían relativos del Derecho de amparo, pero, sin duda, Fray Bartolomé de las Casas, Alexis de Tocqueville y Thomas Jefferson son fundamentales para el derecho que tenían los gobernados, aun los naturales, de ejercitar un recurso jurídico para hacer valer los derechos del gobernado y proteger aquellos otros, de los que Vitoria sí precisó en los justos títulos. Ahora bien, el precursor del Derecho de Amparo en México e Iberoamérica fue Manuel Crescencio Rejón, quien prácticamente redactó la segunda constitución del estado de Yucatán en 1841, donde se contempló el derecho al amparo, pero como, en 1842, Yucatán se presentaba como la República de Yucatán, fue ahí donde se llevó a cabo el primer juicio de amparo, que se ha llamado Amparo Valay, promovido por Esteban Valay o Balay; ese sería el primer antecedente que posibilitó que Mariano Otero, uno de los redactores de la Constitución de 1847, introdujera este derecho, pero siempre se ha considerado que el primer juicio de amparo lo promovió el guerrillero de Sierra Gorda, Querétaro, Manuel Verástegui, quien después de ser aprehendido por el gobierno de San Luis Potosí fue puesto en libertad, decretándose su destierro. El amparo por este primer quejoso histórico fue radicado y resuelto en el estado de San Luis Potosí, en el año de 1847, cuando todavía estaba Querétaro bajo esa jurisdicción. Ese Juicio de Amparo lo promovió, como quejoso, Manuel Verástegui ante el único juzgado de Distrito de San Luis Potosí, cuyo juez fue, por ministerio de ley, porque estaba ausente su propietario, Don Pedro Zámano, así, con Z, conocido, o Sámano, como después se le identificó, aplicando el artículo 25 del Acta de Reformas a la Constitución de 1824, y el fallo es una belleza porque no había ley reglamentaria u orgánica; no había procedimiento prescrito; sólo hizo cumplir la constitucionalidad.

Con estos antecedentes podemos ya examinar la singular importancia que reviste el amparo como único freno para las arbitrariedades de nuestro “Calígula Tropical”. ¿Cuál es la importancia de los amparos contra Santa Lucía? El presidente Andrés Manuel López Obrador considera corruptos a los promoventes de los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, aunque no hay pruebas. Los amparos promovidos contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y la edificación de una terminal en la base militar de Santa Lucía, no sólo son la manifestación jurídica de aquellos que se oponen a este tipo de decisiones tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pulso también denota el ejercicio de un derecho que nos beneficiará a todos los ciudadanos. Molesto, el mandatario ha calificado a los miembros del colectivo #NoMásDerroches como corruptos que no aceptan haber perdido un negocio con la cancelación del aeródromo de Texcoco, lo cual no tiene ningún sustento fáctico, mucho menos jurídico; por el contrario, muestra que el presidente no está bien asesorado. De entrada hay que señalar que los 147 juicios de amparo promovidos contra el aeropuerto de Santa Lucía solo están siendo apoyados por diversas organizaciones civiles y empresariales, aglutinadas en #NoMásDerroches, pero no son esas agrupaciones las que solicitaron la protección de la justicia federal, sino ciudadanos que en lo individual han argumentado que sus derechos se han visto afectados con ese proyecto. Esas personas, primero, tuvieron que demostrar que, de manera efectiva, cuentan con un interés jurídico para poder acudir al amparo. Esto quiere decir que no se ubican entre las causales que hacen improcedente ese juicio, señaladas, claramente, en 23 fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para ello, en su demanda, debieron argumentar y demostrar -preliminarmente- que su esfera de derechos se ve directamente afectada con las decisiones del Ejecutivo federal.

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