De Pablo Salazar a Rutilio Escandón: Represión en Chiapas

A poco más de 16 años de distancia, la agresión institucionalizada en el estado se vuelve a repetir en contra de la Normal Rural Mactumactzá

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Cuando Pablo Salazar Mendiguchía era gobernador del estado de Chiapas, la represión en contra de la escuela normal rural Mactumactzá se institucionalizó.
El delito de los estudiantes se tipificaba, fuera del Código Penal, por manifestaciones en demanda de plazas magisteriales suficientes para la cantidad de egresados, pues por primera vez en la historia de la rural Mactumactzá, fundada en 1931, la totalidad de los egresados no tendrían acceso a una plaza de maestro.
Para reprimir el movimiento el gobierno pablista llegó al exceso del asesinato. Entre otras escuelas normales rurales del país, llegó a Chiapas un contingente de la normal rural “Tenería” del estado de México, para apoyar el movimiento de la Normal rural Mactumactzá. Lo malo fue que cuando el autobús de la normal del edomex circulaba, el 13 de agosto de 2003, por una de las calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, desde un vehículo en paralelo fue acribillado el chofer de la institución mexiquense.
Para esconder las evidencias del homicidio de Joel David Martínez López, el procurador Mariano Herrán Salvatti inculpó a los estudiantes que venían dentro del autobús.
La versión de Pablo Salazar y Mariano Herrán, sobre el homicidio de Martínez López, jamás pudo ser probada.
Dos hechos confirman este aserto. El primero, el resultado del peritaje por encargo del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, demostró que los disparos se habían hecho desde fuera.
Pero la prueba más concluyente fue cuando el coordinador de asesores de Pablo Salazar, César Chávez Castillo, llegó de emergencia al hotel Camino Real, para pedirle a los diputados locales Jorge Morales Messner, Marcos Abadía y Felipe de Jesús Velasco, hacer declaraciones a favor del gobernador Pablo Salazar, porque “hacía unos minutos” acababan de matar al chofer de la normal rural del estado de México desde el interior de una “camioneta blanca”.
A poco más de 16 años de distancia, la represión institucionalizada en Chiapas se vuelve a repetir en contra de la Normal Rural Mactumactzá. Sólo que hoy que con un ingrediente adicional que pone a Rutilio Escandón y a su “equipo de seguridad” represivo, en la mira del Presidente de la República, la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ONU-DH y los diputados federales de Morena.
Por ignorancia y por falta de adecuados servicios de inteligencia, el atentado en contra de la rural Mactumactzá, hoy llegó hasta los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, cuando en su paso por Chiapas exigieron el esclarecimiento de los hechos de la noche Iguala.
La respuesta del gobierno de Rutilio Escandón fue más severa que la de Pablo Salazar en el 2003. Gente intoxicada por gases lacrimógenos y con lesiones cráneo encefálicas fue el resultado de la agresión de las fuerzas de seguridad del estado. Así lo dio a conocer Mario González, uno de los 11 padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. “Es la primera vez que nos reprimen en este gobierno, no esperábamos que esto sucediera y menos con un gobierno del mismo partido del Presidente (Morena)”.
Afortunadamente, la denuncia de Mario González desde la ciudad de México, encontró eco nacional, internacional y legislativo con la condena al gobierno de Rutilio Escandón:
1.- Olga Sánchez Cordero. “Lo sucedido hoy (16 de febrero) en Chiapas demanda una investigación exhaustiva. Desde la secretaría de Gobernación exigimos (sic, no pedimos) al gobierno (léase Rutilio Escandón) que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuentan con mi respaldo”. Es la voz del presidente López Obrador a través de la secretaría del Interior, encargada de la gobernanza del país.
2.- Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos. “Condeno la agresión de la que fue objeto la Caravana de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (léase Rutilio Escandón). Solicito al gobierno del estado la atención inmediata de las personas lesionadas y de la investigación de esos lamentables hechos”.
3.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Condenamos los actos de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa cometida por elementos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Chiapas (léase Rutilio Escandón) a escasos metros de la Escuela Normal Rural Mactumactzá”.
4.- ONU – DH. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que “el lanzamiento de gas lacrimógeno a muy corta distancia hacia los manifestantes provocó que el normalista Juan Antonio Flores, se le provocara trauma craneoencefálico. Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con las personas heridas y la familia de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014”.
5.- Diputados Federales de Morena. El pronunciamiento de los legisladores de Guerrero Rubén Cayetano, Idalia Reyes y María del Rosario Merlín es la conclusión de la represión en Chiapas: “Exigimos la renuncia del gobernador Rutilio Escandón”.
Para combatir tan severas condenas, Escandón Cadenas recurre al desgastado e ineficaz argumento priista de cartas de apoyo y con personajes impresentables con el cuento de: “Cierran filas en torno a Rutilio” en desplegados con cargo al tesoro público. El pronunciamiento es de carcajada y los argumentos ridículos comparados con los severos cuestionamientos en el país y extra fronteras.
En junio 1995 ocurrió la matanza de Aguas Blancas con una condena unánime en México y el mundo. El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, se organizó sus propias marchas multitudinarias con apoyos de ficción, cuando que apenas días después terminó defenestrado. Le sucedió en el cargo Ángel Heladio Aguirre Rivero, el mismo que terminó en la calle como responsable de los desaparecidos de Ayotzinapa, con todo y que los guerrerenses le imploraban que continuara en el cargo. Dos ejemplos que Rutilio debe de observar.
Ahora para lavarse la cara Rutilio Escandón, el secretario de Gobierno Ismael Brito, el fiscal general Jorge Luis Llaven, la secretaria de Seguridad Pública Gabriela Zapata, amenazan con sancionar a 60 policías que participaron en el operativo. Es un acto vil y cobarde. Los policías no se mandan solos y para proceder como lo hicieron necesariamente recibieron órdenes. Así lo dejó entrever el secretario de Gobierno, cuando en una declaración aseguró que “el gobernador Rutilio Escandón coordina personalmente la acciones”.
Pero más allá de esa confidencia, es imprescindible dar respuesta de dónde y cómo se dio la represión gubernamental. De otro modo hay responsabilidad internacional bajo el siguiente principio: “El Estado es responsable de modo indirecto por los daños causados por otros estados que se encuentran en cierta situación de dependencia con él. Y así debe responder de los actos realizados por los estados miembros de la Federación cuando se trata de un estado federal”.
La responsabilidad es evidente. Si el gobierno de Chiapas no responde a los cuestionamientos de los organismos internacionales, entonces la responsabilidad recae en el Estado mexicano. Y el jefe del Estado mexicano es Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, los diputados federales de Morena se pronuncian por un interinato en Chiapas. Ampliaremos…

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