Consulta popular, entre constitucional e inconstitucional

¿Qué pasará si fracasa y se vota por no enjuiciar a ex presidentes?; ¿qué hará el gobierno si se opta por llevar a proceso a los ex mandatarios?

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Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  Lo que parecía imposible sucedió.  El máximo tribunal constitucional de la nación avaló el enjuiciamiento a cinco ex presidentes de la República.

Sólo que la forma de votación evidenció la fragilidad de la decisión de los ministros cuando prácticamente hubo empate y el voto del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, atendiendo al llamado de las urnas, decidió la constitucionalidad de un acto inconstitucional.

El resultado fue de seis votos a favor y cinco en contra.  Incluso, el voto de mayor peso y jerarquía fue el del ministro ponente Luis María Aguilar Morales, quien, en su proyecto, se inclinó por la inconstitucionalidad de la consulta popular.  Su pronunciamiento fue escueto y severo al asegurar que lo enviado por Andrés Manuel López Obrador “pone en riesgo los derechos de los señalados”, además de que “la Constitución y la ley no pueden sujetarse a una consulta”.

Contrario al proyecto del ministro Luis María Aguilar, el ministro Zaldívar sostuvo: “Cuando ejercemos la competencia que la Constitución nos asigna debemos ser muy cuidadosos de no frustrar, indebidamente, los objetivos de una consulta”. Eso y nada es lo mismo, además de que no es muy entendible lo que quiso decir, amén de que no abre ninguna ventana que justifique tan penosa determinación.

Y en un agregado más, don Arturo Zaldívar expresó sin ningún sustento: “Si queremos que la democracia deliberativa funcione, y sea una realidad, hay que confiar en la ciudadanía y las instituciones, las cuales funcionan como intermediarias de la opinión ciudadana y el derecho”.

Lamentable este último pronunciamiento. La ciudadanía y el electorado, con todo y la cacareada democracia participativa, únicamente tiene intervención en los procesos para escoger a sus gobernantes a todos los cargos de elección popular, tanto locales como federales, pero no para decidir a quién se juzga y a quién no.

Con la dividida votación, la Suprema y la ciudadanía asumen, de facto, funciones reservadas, exclusivamente, al Ministerio Público de La Federación en términos del artículo 21 de la Constitución: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales estarán bajo la conducción y el mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Con ello, la Suprema Corte asumió la función de Ministerio Público y le asignaron al “pueblo” la responsabilidad de juzgar y aplicar una sanción en el momento que emita su veredicto, en las urnas, de declarar culpables a los ex presidentes, independientemente de la intervención posterior del Ministerio Público y  los  jueces federales.

Lo anterior lleva a dos interrogantes: ¿Qué pasará si la consulta popular fracasa y se vota por no enjuiciar a los ex presidentes? ¿Qué hará el gobierno mexicano si se vota por llevar a juicio a los ex presidentes?

En ambos casos, la posición del Estado mexicano queda comprometida. En el primer caso sería muy grave que en las urnas se decidiera no fincarles responsabilidad y existieran suficientes pruebas para ser sometidos a juicio. Constituiría un desacato a la Constitución y a las leyes penales, y responsabilidad para los funcionarios públicos si no actuaran conforme a derecho, a pesar de todos los elementos a su disposición.

Por el contrario, si se da la hipótesis de la segunda pregunta –de llevar a juicio a los ex presidentes– puede suceder que, a pesar de que todos han delinquido, no se pueda acreditar ningún delito o, bien, que ya están prescritos y la justicia no pueda ir tras ellos. Los convocados a la consulta popular se sentirán burlados y en la certidumbre de un contubernio entre Presidente en funciones y ex Presidentes.

En su disertación, el ministro Javier Laynez Potisek estableció un criterio insalvable para declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular: “En mi punto de vista, este tribunal constitucional no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos”.

Al respecto, el Presidente de la República transgredió garantías constitucionales insertas en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre los derechos del imputado: “A no ser expuesto a los medios de comunicación y no ser presentado ante la comunidad como culpable”. Las mañaneras han sido el principal vehículo para señalar recurrentemente a los neoliberales y a la mafia del poder como el paradigma más acabado de la corrupción.

Entonces, si, de antemano, los ex presidentes han sido sometidos a la censura de la opinión pública, la predisposición en contra de ellos es ya evidente, pero lo más grave es que la autoridad, con el cuento de la consulta, abdique de su responsabilidad de investigar los delitos que  por anticipado ha anunciado.

Si la ciudadanía  sabe qué delitos cometieron los ex Presidentes es inverosímil que el Estado y sus persecutores no lo sepan. Luis Echeverría, por su ancianidad, no fue incluido en la lista de indeseables, pero están ahí los testimonios de su participación en la masacre del 2 de octubre y en la represión del 10 de junio de 1971 como delitos imprescriptibles de lesa humanidad.

De Carlos Salinas por enajenar el patrimonio nacional a precio de ganga: Teléfonos de México, bancos, siderúrgicas y otros etcéteras, además de investigar quiénes son los responsables de la muerte de 300 perredistas y de los expertos informáticos Ramón Gill y Javier Ovando días antes de la elección presidencial de 1988.

Los atracos del Fobaproa y el rescate carretero por más de 100 mil millones de dólares durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la venta de Ferrocarriles Nacionales y del por qué es asesor de empresas norteamericanas.

De Vicente Fox, los excesos de los negocios Bibriesca Sahagún en Pemex y el tráfico de influencias de Marta Sahagún en la misma paraestatal.

De Felipe Calderón su fallida guerra contra el narcotráfico y la participación de Genaro García Luna, detenido en la Unión Americana, así como los 167 contratos de Juan Camilo Mouriño en Pemex y la desaparición de Francisco León García en el 2007, principal enlace de los Bibriesca Sahagún de Pemex para obtener contratos por 12 mil millones de pesos.

Y de Peña Nieto está demasiada fresca su ausencia como para no saber de los grandes negocios y las masacres. Entonces, ¿para qué la consulta popular?

Hace apenas unos días, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dio la clave de lo que las investigaciones ministeriales tienen documentado. Aseguró que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, se robó más de mil millones de pesos.  Si está declaración es cierta,  obvio que la responsabilidad  llega al ex procurador Jesús Murillo Karam y al ex presidente Enrique Peña Nieto, pero cuidado con hacer declaraciones que después impidan la extradición de Zerón de Lucio. Uno de los presupuestos para negarla  es por motivos políticos.

Jaime Merino superintendente de Pemex por 24 años, estaba a punto de ser extraditado de la Unión Americana. Con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica, el presidente Adolfo López Mateos dijo que en México no habría más Merinos ni ladrones, suficiente para que la Corte Suprema estadounidense lo considerara como  persecución política y negara la extradición.

Así, pues, con tantas evidencias, ¿para qué la consulta popular? Ampliaremos…

 

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