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HOJAS LIBRES

Enriqiue Pimentel, ‘el abogado del diablo’ en la Unach

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Persecutor y represor de los docentes * El rector Carlos Natarén incumple su promesa de sancionar a su antecesor

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando el doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa protestó como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), una de sus grandes “adquisiciones” fue el abogado general Enrique Pimentel González Pacheco. Siniestro personaje, dio motivo para que, en menos de un mes, trabajadores sindicalizados y de confianza comenzaran a propagar y a exhibir en las redes sociales las tácticas represivas para infundir miedo e institucionalizar la persecución laboral.
Hombres y mujeres docentes sindicalizados o de confianza comenzaron a ser hostilizados. Cualquier pretexto era bueno para exigir renuncias, con la justificación de este atropello de que era por órdenes de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón para limpiar la institución y liberar plazas administrativas y docentes en donde permanecían aviadores.

El pretexto y los argumentos eran de cuento. Tal vez Rutilio Escandón tenía interés en recuperar algunas plazas para sus incondicionales, pero de eso a que López Obrador demostrara interés en una Universidad muy lejana a sus intereses y preocupaciones resulta una verdadera falacia.


Lo cierto es que se tenía un programa de destitución para despedir a 400 empleados, independientemente de su condición laboral y de género, pero desde luego dejar intacta la corrupción y el influyentísimo de quienes ingresaron con buenos cargos en el periodo de Jaime Vals Esponda. Actual titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Natarén Nandayapa tiene el interés de quedar bien con quien es un buen soporte institucional.
Esa forma de proceder son actos de inmoralidad administrativa y académica. Muchos de los docentes y personal administrativo que han sido despedidos, hombres o mujeres, son el único sostén de sus familias y algunos, con mayoría de edad, ya no tienen posibilidades de contratarse en el sector público y mucho menos en la iniciativa privada.
Incluso, para lograr sus actos represivos, la oficina de Pimentel González Pacheco, abogado general de la Unach, ha sido cambiada a una discreta y casi clandestina oficina, fuera de las instalaciones principales de la propia universidad, localizada en la colina universitaria.
Ello ha permitido a Pimentel González Pacheco evitar testimonios de las arbitrariedades laborales que todos los días se cometen en nombre de la transparencia y el combate a la corrupción, cuando que Carlos Natarén Nandayapa y su incondicional abogado general, son los primeros en violar derechos humanos y atentar en contra del artículo quinto Constitucional que tutela la libertad de trabajo lícito y digno.
En el tiempo que va esta infausta administración han sido despedidos, bajo el signo de la jubilación, 171 trabajadores docentes, sin el más mínimo reconocimiento y respeto a sus derechos laborales, con el cuento de que se trata de un programa de retiro voluntario, pero sin que se les entregue las garantías mínimas de seguridad económica para continuar con un nivel de vida decoroso. Las licenciaturas más afectadas con los despidos injustificados son: la de Contaduría con 23 bajas forzadas, la de Ciencias Administrativas con 14, en tanto que Ciencias Sociales reportó 9 destituciones. Todas sin justificación.
Esa trayectoria poco decorosa de Enrique Pimentel González Pacheco explica su salida violenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los trabajadores de esta institución prácticamente lo sacaron a la fuerza por su propensión a reprimir los derechos humanos de los trabajadores que hoy practica indiscriminadamente como abogado general de la máxima casa de estudios.
Apenas el 4 de noviembre pasado, citó al doctor José Adriano Anaya, para intentar forzarlo a una declaración en contra de uno de los docentes de la maestría en Derechos Humanos, a lo cual Adriano Anaya se negó.

Fue un acto de verdadera provocación. El abogado general ordenó filmar la comparecencia de Adriano Anaya y de su abogado. Pero todavía más, solicitó la presencia policiaca de elementos de Seguridad Pública estatal para disuadir a los comparecientes de hacer reclamos incómodos al nefasto proceder del abogado general.
Lo malo para González Pacheco es que no hay alguna prueba en contra del docente al cual pretende incriminar dolosamente, en actos de hostigamiento sexual. Será otra de las derrotas jurídicas de un leguleyo dispuesto a violentar los derechos de docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas.
En un intento por desvirtuar el abuso policiaco, propiciado por el propio abogado general, la coordinadora de Comunicación Social de la universidad chiapaneca, Mary Carmen Camacho, llamó al prestigiado periodista Alberto Ramos García para asegurarle que los elementos de seguridad eran de la propia universidad. La mentira de Camacho es evidente. Consta en video y fotografía, la camisa azul marino con la leyenda en la parte posterior: “Policía Estatal”, acuerpados con la fuerza y la prepotencia que dan las armas largas.
Por tantos actos represivos, tolerados desde la Rectoría, Enrique Pimentel González Pacheco ya no puede ni debe segur como abogado general de la institución a la que ha deshonrado y denigrado.
Lo lamentable es que los verdaderos atracadores de la Unach siguen impunes. El anterior rector, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, en vez de ser procesado, después de los enormes pasivos financieros que encontró la Auditoría Superior de la Federación, ampliamente comentados en colaboraciones anteriores, hoy es protegido de Rutilio Escandón, al otorgarle el paso a la impunidad con el nombramiento de coordinador de asesores del Ejecutivo del estado.
Cuando Carlos Natarén Nandayapa tomó posesión de la Rectoría, se comprometió ante la comunidad universitaria a sancionar las pillerías de Ruiz Hernández. Sólo que ahora sus intereses apuntan hacia otro lado y su único objetivo es quedar bien con Rutilio Escandón, del que dice lo tiene convencido para reelegirse el próximo año por cuatro años más. La Unach no merece tanto desprestigio.
Queda pendiente todavía la investigación sobre la muerte de Mariana Sánchez Dávalos, doctora que denunció reiteradamente acoso y abusos sexuales sufridos, durante su estancia de servicio social, en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
Varias veces tocó las puertas del rector Carlos Natarén Nandayapa y del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, para dar a conocer su circunstancia. La respuesta oficial fue el silencio. Hoy Mariana está muerta y su madre en busca permanente de justicia, falleció sin ver que el o los asesinos fueran castigados.


Así, al igual que Pimentel González Pacheco, Natarén Nandayapa también debe de renunciar a la Rectoría que sin ningún recato se le entregó en usufructo.
Queda pendiente por comentar la ignorancia constitucional de Natarén, como autor de las reformas inconstitucionales de las que presumía Eduardo Ramírez Aguilar. Ampliaremos…

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Inmoralidad, impunidad y corrupción en el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal

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El autor del trágico evento fue el hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas * Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en el estado de Chiapas… ¡Sálvese quien pueda!

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El día miércoles 27 de agosto de 2014 fue desmantelado el Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La orden del trágico evento fue ejecutada desde el Juzgado Primero Civil por instrucciones directas del juez Guillermo Ramos Pérez.

La prepotencia y la brutalidad policiaca se hicieron presentes. Para notificar una orden de desalojo a la señora Carmen Portillo y Cruz González, responsable del Instituto, se necesitó el apoyo de 45 agentes de seguridad pública, 5 ministerios públicos y 10 agentes de la Policía Judicial, estos últimos con armas ocultas dentro de sus mochilas. O sea, la violación total a los derechos humanos.

El evento fue en extremo exagerado, cuando que se trataba de un asunto de orden civil para desalojar el inmueble, y no de una cuestión de carácter penal tratada como si se persiguiera el delito de despojo. El único facultado para pedir ese apoyo innecesario era el juez primero civil Guillermo Ramos Pérez. Cuando se trata de un desalojo, de carácter civil, únicamente se solicita la presencia policiaca de seguridad pública para controlar cualquier imprevisto.

Utilizar a la Policía Judicial es un atentado al orden constitucional, puesto que sus atribuciones y facultades están puntualmente definidas en el Artículo 21 de la Carta Magna: investigar y perseguir los delitos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Y aquí no había delito.

Cuando a la señora Carmen Portillo y Cruz González se le notificó la orden de desalojo se hizo de manera irregular, al enterarle que había una demanda en el Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, según expediente 604 o 664, deducido del exhorto 388/2014, con el evidente propósito de confundir, al incurrir en imprecisiones premeditadas.

Lo grave fue cuando pidió copia al actuario judicial de la notificación para el desalojo de la propiedad. Se le argumentó que se presentara ante el juzgado civil para que ahí se le informara quién y por qué la había demandado. Era un atentado al debido proceso y a las garantías del gobernado al no informarle sobre el contenido del expediente que se le notificaba.

Cuando concurrió ante el Juzgado Primero Civil para pedir copia del expediente, el juez Ramos Pérez le manifestó que por procedimiento se había mandado íntegro a la Ciudad de México y no había quedado ninguna referencia en el juzgado de la ciudad de San Cristóbal.

Los atentados a los derechos humanos y a las garantías individuales continuaron en contra de la señora Carmen Portillo.

Confinada y secuestrada en un espacio reducido y cercado dentro de la misma propiedad, se impedía el acceso a toda persona, incluido el de su abogado, para brindarle asistencia legal. El frívolo y desafortunado argumento de la policía a cargo de vigilar el secuestro perpetrado ilegalmente desde el poder era que nadie podía pasar.

Así de simple. Una mujer de 82 años a merced de toda la fuerza pública sin asistencia jurídica ni personal, incluida la necesidad de proporcionarle alimentos. Cuando por fin la señora Carmen Portillo pudo tener comunicación, se enteró al abogado que se trataba de la sentencia de un juzgado de la ciudad de México, pero sin informar quién demandaba y bajo qué argumento legal.

Se recurrió también a la corrupción para el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical. En un acto de extrema inmoralidad, se ofreció a cada trabajador la cantidad de 50 mil pesos a cambio de abandonar la propiedad. Sólo que el improvisado corruptor se encontró con la lealtad y la dignidad de los colaboradores de la señora Carmen Portillo. En ese momento y públicamente denunciaron el intento de soborno judicial, y desde luego, no hubo sanción alguna.

Todo el operativo estuvo precedido por el atentado a la ley y a la Carta Magna. El juez décimo octavo de la Ciudad de México no era competente para conocer sobre la propiedad y posesión de un inmueble localizado en otra entidad federativa. Lo mismo que el juez Guillermo Ramos estaba imposibilitado para conocer de un juicio iniciado fuera de la jurisdicción del estado de Chiapas.

Con este actuar ambos “juzgadores” violaron el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Chiapas.  El artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El artículo 13 del Código Civil del Distrito Federal y también el 13 del Código Civil Federal. Todos estos numerales convergen en un solo mandato: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación”.

Se aplicó también extraterritorialmente la ley prohibida por el Artículo 121 Constitucional en observancia del principio lex rei sitae: “Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él”. El mismo dispositivo constitucional ordena: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación”.

Bajo esos mandatos, el juez de la Ciudad de México debió de declararse incompetente al conocer el contenido de la demanda. El juez Guillermo Ramos debió también haber advertido que era incompetente, puesto que la demanda debería presentarse directamente en el juzgado de San Cristóbal.

¿Pero cuál fue el origen del problema? El día 1 de abril de 1967, la señora Carmen Velasco Suárez, hermana del doctor Manuel Velasco Suárez, donó al doctor Javier Torroella Bueno el predio La Almolonga con una superficie de 3.2 hectáreas. El objeto de la donación fue para fundar ahí el Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical para combatir la oncocercosis y el tracoma, flagelos incontenibles que habían causado ceguera permanente en la población indígena de los altos de Chiapas.

El doctor Torroella Bueno era, en ese momento, uno de los científicos más reconocidos en el tratamiento de la oncocercosis y el tracoma. Su padre, el doctor Juan Luis Torroella Estrada, descubrió en los años 30, las microfilarias que provocaban el tracoma.

Para crear el Instituto se constituyó la Asociación Civil formada por los señores doctor Javier Torroella Bueno, Carmen Portillo y Cruz González, doctor Alfonso Vázquez Cabrera y José Torres Torija.

En las cláusulas de la donación la señora Carmen Velasco expresó su voluntad: “…pero con la condición expresa de que si este inmueble donado no fuere utilizado exclusivamente para dicho fin de Oftalmología Tropical, en un plazo no mayor de cinco años, la presente donación quedará sin efectos, y el predio pasará a beneficio de otra institución similar”.

Pero todavía más. Los Estatutos de la Asociación establecen en su artículo décimo séptimo: “La Asociación se disolverá por resolución de la Asamblea para lo cual se nombrará dos liquidadores dentro de los asociados”.

No había pues manera de entablar una demanda para apropiarse ilegalmente del inmueble, cuando que no sólo se cumplieron con los cinco años establecidos en la donación, sino que llevaba 47 años funcionando ininterrumpidamente, aun cuando en ese momento el doctor Torroella tenía 10 años de fallecido. Además, jamás se encontró un solo antecedente en actas de Asamblea que acreditara la disolución de la sociedad.

Así, la confabulación entre el juez dieciocho del Distrito Federal y el juez Guillermo Ramos fue en extremo evidente. El inmueble se encuentra en San Cristóbal, la escritura pública de la donación se hizo ante notario público de San Cristóbal y se cumplieron con todos los acuerdos contenidos en el contrato de donación.

El evento del Instituto de Oftalmología Tropical vuelve a tener vigencia en un momento en que el juez Guillermo Ramos Pérez fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en Chiapas.  Ampliaremos…

 

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La historia de un fraude anunciado

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Una delincuente electoral llamada Delfina Gómez * La candidata morenista al Edomex tiene dos manchas: El ‘diezmo’ de Texcoco y la desaparición de las escuelas de tiempo completo * Estado de México define elección presidencial 2024

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente Delfina Gómez “ganó” la elección interna de Morena para postularla como candidata a la gubernatura del Estado de México.

Según Morena y su espurio dirigente Mario Delgado, fue un proceso democrático ejemplar en el que la franquicia personal de López Obrador se inclinó por segunda vez en favor de la secretaria de Educación Pública.

La encuesta se resolvió en una sola voluntad: la del Presidente López. Es el mismo cochinero que prevaleció en las elecciones internas de Morena para designar a la nueva dirigencia partidaria en la que quedaron los adictos al lopezobradorismo, representados principalmente por Adán Augusto López Hernández, como el más notorio adalid de las trampas morenistas.

Para lavarse la cara de las enormes irregularidades en las elecciones internas de Morena, López Obrador simplemente manifestó que a pesar de las irregularidades, resultó nada comparado con lo que se hizo en el pasado, en abierta referencia a los casi 80 años de priísmo.

Tiene razón López con la imposición de Delfina Gómez como candidata al Gobierno del Estado de México. La burda secretaria jamás podrá compararse con personajes de la talla de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública del presidente Adolfo López Mateos. Mucho menos con el ilustre Agustín Yáñez, secretario de Educación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y desde luego con el espléndido historiador, político, ideólogo y escritor Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid.

Con estas breves referencias, Delfina Gómez aparece como una desconocida y en un ínfimo lugar comparada con los tres personajes de la educación en México. Su nivel cultural quedó evidenciado cuando entrevistada por Denise Maerker cometió un grave dislate gramatical, al pronunciar “nadien” en lugar de nadie. Ninguno de los ex secretarios del priísmo habría tenido tan vergonzoso vocabulario.

Cierto que de los tres procesos electorales locales del 2017 para renovar tres gubernaturas, dos estuvieron manchados por el fraude electoral y el dispendio de recursos para favorecer a Alfredo del Mazo en el Estado de México y a Miguel Riquelme en Coahuila. De Alfredo del Mazo hubo demasiadas evidencias que lo hacían inelegible y la abierta posibilidad de anular la elección cargada de intromisiones del aparato de Estado encabezada por el peñanietismo, hoy en franca decadencia e investigado por la Fiscalía General de la República.

Para hacer ganar a Del Mazo, están documentadas las más de 100 visitas presidenciales y de secretarios de Estado durante el 2017 con el propósito de aparentar unidad y fortaleza, y previo a la elección de 2017, la presencia de más de 10 gobernadores priístas en la ciudad de Toluca, cuando que tanta parafernalia era síntoma de debilidad extrema.

Se sumaron al apoyo de Del Mazo, los programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila para condicionar el voto del hambre. El Congreso del estado mexiquense con la amenaza de la cuenta pública a los presidentes municipales y obligar a operar en favor del candidato priísta. Y como corolario, la vergonzosa sumisión de los órganos electorales “autónomos” para inclinar la votación en favor del ilustre representante del grupo Atlacomulco.

Nada de tan dispendiosa intromisión política y de dinero fue suficiente para hacer ganar a Del Mazo, pero sí para imponerlo. Los resultados posteriores a la elección así lo evidencian. Con todo y el excesivo uso de recursos públicos, el aparato de Estado apenas logró que votara la mitad de los 11.5 millones de electores. Y de ese voto, Alfredo del Mazo apenas pudo obtener el 33 por ciento de la votación total.

Del Mazo, como candidato solo del PRI, perdió ante Delfina Gómez. Apenas obtuvo 2 millones 48 mil votos, lo que significa que tuvo 57 mil 308 votos menos que la candidata de Morena. Ello quiere decir que hubo necesidad de recurrir a votos complementarios procedentes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza. Esa suma apenas fue suficiente para recibir 226 mil 298 votos adicionales con los cuales “ganó”, pero que nadie creyó en su triunfo.

Ahí está la diferencia de votos en favor de Delfina Gómez. Si Del Mazo “ganó” por 160 mil 900 votos, sin esos 226 mil su derrota habría sido por más de 57 mil sufragios. Sólo que el costo para los partidos satélite fue haber perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje de votación requerida.

Las cifras eran tan irrefutables que ninguna de las casas encuestadoras se atrevió a publicar sus resultados, pues en todas se daba como ganadora a Delfina Gómez. Así de ese tamaño fue el fraude en el que se evidenció también la complicidad de los encuestadores con el gobierno mexiquense y federal. Y desde luego el poder del dinero clandestino.

Esas referencias serían suficientes para inferir que en la elección del 2023 Delfina Gómez no tendrá rival enfrente. Sólo que las diferencias con el 2017 son notables. Gómez llega manchada con dos graves acontecimientos que serán definitorios en la decisión del electorado para elegir gobernador en el Estado de México: el robo de los sueldos a los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando fue presidenta municipal, y la desaparición de las escuelas de tiempo completo, bajo su administración como secretaria de Educación.

Para encubrir su atraco, Delfina Gómez hizo un intento fallido que nadien (sic) creyó, al asegurar cínica y vergonzosamente que más de 200 trabajadores solicitaron el descuento vía nómina y que todo está documentado y perfectamente legal.

Nadien (sic) podrá creer que con sueldos tan bajos, los empleados municipales estarían dispuestos a dedicar parte de su ingreso para financiar las actividades ilícitas de Morena en el Estado de México.

Delfina Gómez fue acusada también por Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN a la gubernatura del Edomex, a la que públicamente sindicó: “Aquí está tu firma, les robaste 72 quincenas para dárselas a tu jefe político Higinio Martínez. Esto representa de 2 a 9 años de cárcel”. No hubo respuesta. El ominoso silencio de Delfina dejó al descubierto el atraco patrimonial y los delitos electorales cometidos y sancionados por el Tribunal Electoral Federal.

La otra mancha que carga en su haber Delfina Gómez es la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en un grave atentado a los Derechos Humanos y al bienestar de la niñez, tutelados por el Artículo Cuarto de la Constitución federal y reconocidos en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Con esa arbitraria decisión, Delfina Gómez dejó a casi cuatro millones de niños sin el beneficio de la educación y el desayuno escolar diario que recibían. Y en muchos casos como el único alimento caliente a que tenían acceso en todo el día esos cuatro millones de niños.

Las cifras del trágico proceder de Delfina Gómez son atentatorias a la dignidad humana. Se desaparecieron 24 mil 200 escuelas de tiempo completo, ubicadas en 405 municipios del país en donde, paradójicamente, opera la cruzada nacional contra el hambre en favor de las niñas y niños que gracias a Delfina Gómez se quedaron sin asistencia escolar. De ese tamaño es el daño a la niñez. Ampliaremos…

 

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AMLO tiene su nuevo Fobaproa

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El Presidente practica lo que tanto critica de los neoliberales y conservadores * Entre el Tren Falla, el Chaifa, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares * Manipulación de la Seguridad Nacional

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El juez primero de Distrito, Adrián Novelo Pérez, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva para detener las obras en el tramo 5 del ya fallido Tren Maya, caprichito del que se dice Presidente de México (no de los mexicanos), Andrés Manuel López Obrador.
Conceder la suspensión quiere decir que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto el juez determina, en sentencia, si concede o no el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Es lo que en el lenguaje jurídico-constitucional se llama resolución de fondo.
Después de lo que el juez de distrito decida, sigue la instancia del Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará si revoca o confirma la sentencia del juez Novelo Pérez.
El amparo fue promovido por el buzo José “Pepe” Urbina, preocupado por la preservación del medio ambiente y la ecología del territorio por donde pasará el Tren Maya.


Se ha demostrado repetidamente que el impacto a la flora y a la fauna es de devastación, con la amenaza de desaparición del jaguar negro, el mono araña y la deforestación que lleva más de 70 mil hectáreas de árboles maderables con destino desconocido. Y desde luego la contaminación y desaparición de gran cantidad de cenotes.
Irreverente y grosero, López Obrador ha acusado a los defensores de la naturaleza como seudoambientalistas cuando lo correcto es que México está mal gobernado por un seudopresidente.
Los argumentos de López Obrador para continuar con las obras del trenecito del sur no tienen ningún sustento.


Dice Andrés Manuel que la justificación para ordenar a la corcholata Adán Augusto López la continuación de la obra, es que la suspensión eleva los costos, la justicia es lenta y el gobierno de Estados Unidos financia a un “grupo mafioso político opositor” que busca frenar la construcción del Tren.
López Obrador se vale de todos los artilugios para su inauguración, en el día que ya decidió para el 2023. Exactamente igual como lo hizo el 21 de marzo pasado, con el inacabado y fraudulento aeropuerto Felipe Ángeles que apenas recibe seis vuelos diarios y ninguno internacional. Además de degradarlo a categoría dos, con lo que ningún vuelo de Europa, Asia y Norteamérica se arriesga a aterrizar bajo esas condiciones de inseguridad.


Respecto de que la suspensión de la obra eleva los costos es el pretexto perfecto para encubrir la inepcia y el despilfarro para justificar un sobreprecio del 70 por ciento. Vea usted lector y mexicano responsable. Originalmente el presupuesto destinado al Tren Maya fue de 11 mil 800 millones de dólares que traducidos en pesos son 236 mil millones en moneda nacional.
En conferencia de prensa, el mismo Andrés Manuel aceptó que el nuevo precio para el Tren Maya será de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. En el escenario más optimista, a los mexicanos constará la veleidad lopezobradorista 300 mil millones de pesos, en tanto que en el más pesimista el costo alcanzará la estratosférica cantidad de 400 mil millones de pesos. Cifras cercanas a los 415 mil millones pagados por un aeropuerto que ofende la memoria del insigne general Felipe Ángeles.
López Obrador también blasfema que en México la justicia es lenta y por ello hay que continuar con la construcción del Tren Falla (sic). No se trata de que la justicia sea lenta o expedita. Hay términos procesales y constitucionales que cualquier órgano jurisdiccional local o federal debe de observar. Los tiempos los marca la ley y no el capricho de los hombres como quisiera López Obrador por muy Presidente que sea.
Respecto de que el gobierno estadounidense financia a un “grupo mafioso político opositor” es otra de las frecuentes banalidades con que López adorna sus soporíferas mañaneras. Es la imposición de la palabra presidencial, desde el púlpito del Palacio Nacional sin derecho a réplica. Sólo que su pronunciamiento no tiene algún sustento. Es una declaración dogmática. El señor López no ha probado ni podrá probar la intervención de Biden o de su gobierno, pero propicia más encono en contra de su gobierno fallido.


En un gran atentado al orden constitucional de la República, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de noviembre de 2021, donde declara como obra de seguridad nacional el Tren Falla (sic).
Con ello, los ridículos asesores presidenciales pretendieron agradar al jefe que va en camino a la destrucción de la República. La intención era salvar el imperativo constitucional previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Este dispositivo establece que cuando se persigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público la suspensión puede no cumplirse.
Entre las prevenciones se encuentran “la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional”. Lo malo para las trampas de López Obrador es que el Tren Falla (sic) no encuadra en alguno de los supuestos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Este numeral establece, puntualmente, en 13 fracciones, las hipótesis sobre las cuales se encuentra amenazada y en peligro la seguridad nacional definida como la estabilidad y calma que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país.
Así queda de manifiesto que las amenazas para la seguridad nacional son actos de espionaje, sabotaje, genocidio, intervención extranjera, desarticulación del territorio nacional, destrucción de infraestructura estratégica y actos ilícitos en contra del fisco federal entre otras prevenciones.
En ninguna de estas causales encuadra como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Por el contrario, se atenta en contra del artículo 262 de la Ley de Amparo: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión (…) destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
La evidencia de los ilícitos lopezobradoristas están plenamente probados, al emitir un decreto violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, desde el momento en que la Ley de Seguridad Nacional no hace alguna referencia a que una obra ferroviaria sea considerada como de seguridad nacional.


Ello quiere decir que una vez López Obrador haya dejado el cargo, queda un lapso de seis años para ser sujeto de sanción penal, junto con quienes transgredieron la ley y la Constitución, al violar una suspensión provisional y una suspensión definitiva.
Sobre todo porque el juez federal no ha resuelto el amparo solicitado y el Tribunal Colegiado de Circuito todavía no ha tenido intervención, en cuanto a la confirmación o revocación de la sentencia emitida por el juez de distrito.
Entre el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares. Es el nuevo Fobaproa que tanto critica López Obrador de los neoliberales y conservadores. Ampliaremos…

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