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HOJAS LIBRES

Enriqiue Pimentel, ‘el abogado del diablo’ en la Unach

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Persecutor y represor de los docentes * El rector Carlos Natarén incumple su promesa de sancionar a su antecesor

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando el doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa protestó como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), una de sus grandes “adquisiciones” fue el abogado general Enrique Pimentel González Pacheco. Siniestro personaje, dio motivo para que, en menos de un mes, trabajadores sindicalizados y de confianza comenzaran a propagar y a exhibir en las redes sociales las tácticas represivas para infundir miedo e institucionalizar la persecución laboral.
Hombres y mujeres docentes sindicalizados o de confianza comenzaron a ser hostilizados. Cualquier pretexto era bueno para exigir renuncias, con la justificación de este atropello de que era por órdenes de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón para limpiar la institución y liberar plazas administrativas y docentes en donde permanecían aviadores.

El pretexto y los argumentos eran de cuento. Tal vez Rutilio Escandón tenía interés en recuperar algunas plazas para sus incondicionales, pero de eso a que López Obrador demostrara interés en una Universidad muy lejana a sus intereses y preocupaciones resulta una verdadera falacia.


Lo cierto es que se tenía un programa de destitución para despedir a 400 empleados, independientemente de su condición laboral y de género, pero desde luego dejar intacta la corrupción y el influyentísimo de quienes ingresaron con buenos cargos en el periodo de Jaime Vals Esponda. Actual titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Natarén Nandayapa tiene el interés de quedar bien con quien es un buen soporte institucional.
Esa forma de proceder son actos de inmoralidad administrativa y académica. Muchos de los docentes y personal administrativo que han sido despedidos, hombres o mujeres, son el único sostén de sus familias y algunos, con mayoría de edad, ya no tienen posibilidades de contratarse en el sector público y mucho menos en la iniciativa privada.
Incluso, para lograr sus actos represivos, la oficina de Pimentel González Pacheco, abogado general de la Unach, ha sido cambiada a una discreta y casi clandestina oficina, fuera de las instalaciones principales de la propia universidad, localizada en la colina universitaria.
Ello ha permitido a Pimentel González Pacheco evitar testimonios de las arbitrariedades laborales que todos los días se cometen en nombre de la transparencia y el combate a la corrupción, cuando que Carlos Natarén Nandayapa y su incondicional abogado general, son los primeros en violar derechos humanos y atentar en contra del artículo quinto Constitucional que tutela la libertad de trabajo lícito y digno.
En el tiempo que va esta infausta administración han sido despedidos, bajo el signo de la jubilación, 171 trabajadores docentes, sin el más mínimo reconocimiento y respeto a sus derechos laborales, con el cuento de que se trata de un programa de retiro voluntario, pero sin que se les entregue las garantías mínimas de seguridad económica para continuar con un nivel de vida decoroso. Las licenciaturas más afectadas con los despidos injustificados son: la de Contaduría con 23 bajas forzadas, la de Ciencias Administrativas con 14, en tanto que Ciencias Sociales reportó 9 destituciones. Todas sin justificación.
Esa trayectoria poco decorosa de Enrique Pimentel González Pacheco explica su salida violenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los trabajadores de esta institución prácticamente lo sacaron a la fuerza por su propensión a reprimir los derechos humanos de los trabajadores que hoy practica indiscriminadamente como abogado general de la máxima casa de estudios.
Apenas el 4 de noviembre pasado, citó al doctor José Adriano Anaya, para intentar forzarlo a una declaración en contra de uno de los docentes de la maestría en Derechos Humanos, a lo cual Adriano Anaya se negó.

Fue un acto de verdadera provocación. El abogado general ordenó filmar la comparecencia de Adriano Anaya y de su abogado. Pero todavía más, solicitó la presencia policiaca de elementos de Seguridad Pública estatal para disuadir a los comparecientes de hacer reclamos incómodos al nefasto proceder del abogado general.
Lo malo para González Pacheco es que no hay alguna prueba en contra del docente al cual pretende incriminar dolosamente, en actos de hostigamiento sexual. Será otra de las derrotas jurídicas de un leguleyo dispuesto a violentar los derechos de docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas.
En un intento por desvirtuar el abuso policiaco, propiciado por el propio abogado general, la coordinadora de Comunicación Social de la universidad chiapaneca, Mary Carmen Camacho, llamó al prestigiado periodista Alberto Ramos García para asegurarle que los elementos de seguridad eran de la propia universidad. La mentira de Camacho es evidente. Consta en video y fotografía, la camisa azul marino con la leyenda en la parte posterior: “Policía Estatal”, acuerpados con la fuerza y la prepotencia que dan las armas largas.
Por tantos actos represivos, tolerados desde la Rectoría, Enrique Pimentel González Pacheco ya no puede ni debe segur como abogado general de la institución a la que ha deshonrado y denigrado.
Lo lamentable es que los verdaderos atracadores de la Unach siguen impunes. El anterior rector, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, en vez de ser procesado, después de los enormes pasivos financieros que encontró la Auditoría Superior de la Federación, ampliamente comentados en colaboraciones anteriores, hoy es protegido de Rutilio Escandón, al otorgarle el paso a la impunidad con el nombramiento de coordinador de asesores del Ejecutivo del estado.
Cuando Carlos Natarén Nandayapa tomó posesión de la Rectoría, se comprometió ante la comunidad universitaria a sancionar las pillerías de Ruiz Hernández. Sólo que ahora sus intereses apuntan hacia otro lado y su único objetivo es quedar bien con Rutilio Escandón, del que dice lo tiene convencido para reelegirse el próximo año por cuatro años más. La Unach no merece tanto desprestigio.
Queda pendiente todavía la investigación sobre la muerte de Mariana Sánchez Dávalos, doctora que denunció reiteradamente acoso y abusos sexuales sufridos, durante su estancia de servicio social, en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
Varias veces tocó las puertas del rector Carlos Natarén Nandayapa y del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, para dar a conocer su circunstancia. La respuesta oficial fue el silencio. Hoy Mariana está muerta y su madre en busca permanente de justicia, falleció sin ver que el o los asesinos fueran castigados.


Así, al igual que Pimentel González Pacheco, Natarén Nandayapa también debe de renunciar a la Rectoría que sin ningún recato se le entregó en usufructo.
Queda pendiente por comentar la ignorancia constitucional de Natarén, como autor de las reformas inconstitucionales de las que presumía Eduardo Ramírez Aguilar. Ampliaremos…

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Las pifias constitucionales del rector Natarén Nandayapa

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Ignorancia jurídica en su máxima expresión * La Constitución de Chiapas terminó en un documento discriminatorio, demagógico y contradictorio

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Cuando al doctor Carlos Natarén Nandayapa se le encargaron las reformas a la Constitución de Chiapas, de antemano se sabía su ignorancia sobre derecho constitucional.
La petición vino del diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el célebre “Zanja Negra”. En un evento celebrado el 3 de diciembre de 2015, con la presencia del doctor Diego Valadés Ríos y del gobernador Manuel Velasco, con gran despliegue publicitario se anunciaron esas reformas.


Incluso, el doctor Valadés Ríos avaló el proyecto de reforma en sustitución del adefesio mal llamada Constitución Siglo XXI, emitida durante el trágico gobierno del vicioso Juan Sabines Guerrero.
Confiado en que las reformas a la Constitución de Chiapas eran benéficas, aseguró que serían trascendentes y paradigma para adecuar otras constituciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El fracaso del proyecto planteado por Natarén Nandayapa fue evidente. La Constitución de Chiapas terminó en un documento discriminatorio, demagógico y contradictorio.
En los considerandos, el rector usurpador, en nombre de Ramírez Aguilar, aseguró sin algún recato: “Tenemos una Constitución ciudadana, evita redacciones rebuscadas para establecer derechos claros que la gente entiende y sobre todo pueda hacer valer. Regula el principio de no discriminación. No desaparece ni restringe ningún derecho humano y es una de las más avanzadas y modernas del país”.
Grave pronunciamiento de Natarén Nandayapa en una de las constituciones más discriminatorias y contradictorias de la República Mexicana.
Esas reformas constitucionales resultaron discriminatorias y aún prevalecen en el gobierno de Rutilio Escandón.

Cuando demagógicamente se asegura de que no restringe algún derecho humano, es necesario recordar que los derechos humanos son universales y ningún organismo nacional, internacional o supra nacional puede cancelar derecho humano alguno, como para atribuirse la facultad de velar por la vigencia de todos esos derechos.
Por hoy rescato únicamente dos actos discriminatorios graves y violatorios de los derechos humanos en la Constitución deformada de la autoría de Natarén Nandayapa.
El primero se refiere a la designación de los magistrados del Poder Judicial. Al respecto, el artículo 76 atenta en contra de la dignidad de los magistrados, al exigir ser ciudadano chiapaneco, mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos el día de la designación y hasta 75 años como edad máxima”. Habría que recordarle a Natarén Nandayapa que sólo hay una ciudadanía y no dos: la mexicana.
La discriminación es doble al exigir la ciudadanía chiapaneca, con lo que se niega la posibilidad de postular a un reconocido abogado nativo de otro estado. Pero la parte más discriminatoria se da cuando dentro de las reformas constitucionales se establece la edad máxima de 75 años.
Con esa sola declaración se califica a los magistrados incapacitados física y mentalmente para continuar en el cargo, sin un dictamen de un profesional de la medicina para determinar si un magistrado puede continuar o no en sus funciones después de esa edad.
Viene otro atentado a los derechos humanos de los miembros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, cuando se transgrede el quinto párrafo de la Carta Magna: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la EDAD o cualquier otro que atente contra la dignidad humana…” De este tamaño es la pifia y la ignorancia de Natarén Nandayapa.
El texto original del artículo 95 de la Constitución de 1917 establecía como edad máxima, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de 65 años, en una época en que poco o nada se sabía de derechos humanos en México. Sin embargo, el Congreso de la Unión modificó esa disposición constitucional para quedar solamente la edad mínima de 35 años y disponer que los ministros duraran en su encargo 15 años. Si por ejemplo, un ministro es nombrado a los 70 años, la conclusión de su encargo será a los 85 años en reconocimiento a su vasta experiencia.
Las violaciones y contradicciones graves de la constitución local con respecto de la federal continuaron. En el artículo 116 se establece que “para ser gobernador solo podrá aspirar al cargo un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”. En un frustrado intento por adecuar el artículo 52 de la entonces Constitución de Chiapas, al 116 de la Carta Magna se estableció: “Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos y con residencia efectiva no menor a ocho años”.
En la disposición anterior se colige que la ciudadanía se restringe a los nacionales y no a los nacidos en alguno de los estados de la Federación de los cuales son nativos. En el texto original de esta redacción inserta, entonces, en el artículo 115, se consignaba dos requisitos, alternativos, para ser gobernador de un estado y no simultáneo: “Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años”.
Bajo esta disposición don Felipe Tena Ramírez comenta: “A nuestro entender no se necesita la concurrencia, sino la alternativa de estos dos requisitos”.
Sin embargo, esta disposición alternativa prevaleció, mientras estuvo en vigor la redacción original de la Constitución de 1917, que establecía simples bases, mínimas, que los estados deberían tomar en cuenta, pero podían aumentarse sin transgredir la Constitución General de la República.
Hoy, el texto del artículo 116 no es opcional, es obligatorio si se atiene a la interpretación de su redacción. De este mandato, el reconocido constitucionalista Elisur Arteaga Nava sentencia: “Contrariamente a lo que prescribía el texto ahora desaparecido, la Constitución General no se limita a establecer bases mínimas, que bien podrían aumentarse; no, ahora se establecen normas, que no sólo pueden, sino que deben acatarse en forma estricta por los estados”.
Lo expresado anteriormente lleva a la conclusión que el artículo 52, anterior, de la Constitución de Chiapas, además de discriminatoria, resultó violatoria del pacto federal contenido en el artículo 116 de la Constitución mexicana, al exigir, para ser gobernador, chiapaneco por nacimiento y con residencia efectiva de ocho años, en vez de acatar el mandato de “ser chiapaneco por nacimiento o con residencia efectiva de cinco años”.
En ese mismo artículo 52, fracción X, Natarén Nandayapa cometió otro grave atentado a los derechos políticos y a los derechos humanos del ciudadano al disponer un requisito más para ser gobernador: “No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado con el gobernador en funciones”.


La ignorancia de Natarén Nandaya lo llevó a cometer estos graves dislates constitucionales, en abierta violación al artículo 35 de la Carta Magna que consagra el derecho humano a votar y ser votado.
Y desde luego vale la pena comentar una pifia que hasta un estudiante de cuarto semestre de derecho sabe y entiende. Según Natarén Nandaya los arreglos amistosos de límites entre los estados deberán ser sometidos previamente a la aprobación del Congreso de la Unión, como lo establece la fracción IV del artículo 63 constitucional. Lamentable la ignorancia jurídica del rector. La nueva disposición prevaleciente en ese momento, facultaba al Senado de la República para sancionar los tratados de límites, según el artículo 76, fracción X, de la Constitución Federal. Ampliaremos…

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Rutilio Escandón, el Santa Anna chiapaneco

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Guerra y sangre en la frontera Chiapas-Oaxaca * Pifias limítrofes en la Constitución de 1982

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Durante el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz el conflicto de Los Chimalapas originalmente agrario, derivó en una cuestión política y de límites entre Chiapas y Oaxaca. En aquélla ocasión se tituló en favor de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, una superficie de 134 mil hectáreas, entregadas simbólicamente en la ciudad de Oaxaca.
Por falta del deslinde respectivo, los comuneros favorecidos invadieron tierras comprendidas hasta Rizo de Oro, comunidad del municipio de Cintalapa. Esta fue la primera invasión.
Como respuesta, el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez creó en 1973 la Comisión Intergubernamental Agraria y de LÍMITES. La Comisión se reunió por primera vez en la ciudad de Cintalapa en marzo de 1974, en la que se firmó primero y ratificó después el Convenio Cintalapa, del cual surgieron dos Acuerdos: 1) Que las autoridades de Oaxaca fueran las encargadas de retirar a los invasores, y 2) Que el deslinde se iniciara de Oaxaca hacia Chiapas a partir de un mojón llamado La Yerbabuena para que la mayor parte de la dotación quedara comprendida en tierras oaxaqueñas.
La segunda invasión se dio en agosto de 1976 por campesinos del mismo San Miguel Chimalapa, en tierras boscosas denominada Ciénega de León, del municipio de Cintalapa. La faja de tierra invadida fue de 200 mil hectáreas y con una penetración en territorio chiapaneco de 18 kilómetros a partir de la línea divisoria entre ambas entidades federativas. Así, el problema agrario original y después de límites, permitió que también se involucraran actividades como el narcotráfico y la tala irracional de bosques.
Terminó el gobierno de Velasco Suárez y el problema continuó. Don Jorge de la Vega nada hizo al respecto e igual sucedió con don Salomón González Blanco. En el gobierno del general Absalón Castellanos se nombró una nueva Comisión en 1986. En reunión en Cintalapa, el gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez, insistió en un problema de fronteras sin asumirlo como agrario que era la insistencia de las autoridades chiapanecas.
El verdadero problema surgió cuando el gobierno de don Juan Sabines Gutiérrez emitió en 1982 una nueva Constitución.

Se cometió el incalculable error de señalar con precisión, punto por punto, los límites que beneficiaban únicamente al estado de Oaxaca. Se cambió el texto del artículo 3 que en su párrafo sexto estipulaba que la línea divisoria llegaba a “la cima del Cerro de la Jineta… continúa hacia el vértice del Cerro de los Martínez en donde se ubica el punto trino…”.
Fue así como el gobierno de Oaxaca aprovechó esa mala precisión para reformar en octubre de 1990 su Constitución, con los nuevos límites establecidos en su favor.
Así lo evidencia la exposición de motivos del anteproyecto de reformas y adiciones a la Constitución del 1 de enero de 1982. En el párrafo 22 hay aseveraciones sin algún fundamento: “Se incluye la situación geográfica de nuestra Entidad, como resultado de los documentos fehacientes que obran en este Congreso local y que por su origen y antigüedad son irrefutables, determinando con absoluta claridad los linderos de nuestra entidad con los estados vecinos de Oaxaca, Veracruz y Tabasco y la República de Guatemala, que por estar consignados en nuestra Constitución Local son de observancia obligatoria para todos los chiapanecos y a la vez documento probatorio pleno para el supuesto problema de límites”. Firma el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Oscar Alvarado Cook.

DOS GRANDES IMPRECISIONES
En ese texto hay dos graves imprecisiones: La primera porque nunca hubo documentos fehacientes irrefutables como se consigna. El argumento más socorrido para reclamar la superficie del territorio de Chiapas proviene de que como único Estado federado en 1824 se sabe cuál es exactamente su territorio. Es una declaración dogmática sin sustento alguno. Nunca hubo precisión en cuanto a puntos específicos de los lindes de Chiapas con Guatemala, Oaxaca y Tabasco.
El tratado de límites definitivos con Guatemala en 1882 puso fin a la disputa de más de medio siglo sobre la posesión y la extensión de Chiapas en su frontera este. En 1908 se hizo una propuesta de línea divisoria entre Chiapas y Tabasco, y todavía en 1962 se integró una Comisión de Límites para tratar la problemática con el Estado de Tabasco.
Entonces ¿cuál es ese territorio? con el que se incorporó Chiapas a México. Nadie lo sabe con exactitud y no hay documento alguno que confirme linderos perfectamente definidos con Oaxaca.
Y la segunda imprecisión de la Constitución de 1982 viene de que ningún gobierno local tiene potestad para fijar unilateralmente sus límites territoriales.
En efecto, la Carta Magna precisa la fijación de límites bajo dos posibilidades distintas: el convenio amistoso entre dos entidades federativas para arreglar definitivamente sus límites, con intervención del Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción IV (hoy artículo 76, fracción X, como facultad exclusiva del Senado de la República), y el procedimiento contencioso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el imperativo del artículo 105 de la propia ley fundamental, como sucedió en su ejecutoria del pasado 15 de noviembre.
Al respecto, el Artículo 46 de la Constitución federal señala: “Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión”.
Las razones para darle intervención al Congreso nacional, derivan de un mandato Constitucional para subordinar la validez del convenio amistoso a la aprobación del Congreso de la Unión, que en la práctica es un tratado entre Estados y éstos tienen prohibida su celebración como lo dispone el Artículo 117 Constitucional: “Los Estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.
Fue por eso que durante el gobierno de don Patrocinio González (1988-1992) que la parte del artículo 3 de la Constitución local referida a los límites se derogó para enmendar la imprecisión y la apropiación de facultades que indebidamente se atribuyó el Congreso del estado de Chiapas y quedar solamente con la redacción referida a las colindancias entre Oaxaca, Tabasco y Guatemala.

DERRAMAMIENTO DE SANGRE
El lamentable fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia ya enfrentamientos y derramamiento de sangre. Únicamente el ex gobernador Roberto Albores ha protestado por tan aberrante determinación, en comunicado dirigido al secretario de Gobernación, Adán López Hernández, y una predicción de guerra publicada en El Financiero, entre las comunidades de Chiapas y Oaxaca.
Por su parte, Juan Sabines Guerrero ha dado una explicación del porqué se creó el municipio de Belisario Domínguez y que después comentaremos, al igual que la posición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

El silencio de los demás ex gobernadores es ominoso y vergonzoso, sobre todo Manuel Velasco Coello, cuando en su gobierno, en 2017, fenecieron los términos para hacer cualquier impugnación ante la Corte.


Y en una actitud de sumisión y servilismo, Rutilio Escandón asume “el compromiso con la legalidad tras fallo sobre caso Chimalapas”, cuando que tuvo tres años para hacer acuerdos políticos y nada hizo para evitar lo que ya se advierte en la frontera Chiapas-Oaxaca. Ampliaremos…

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Abogado general de la Unach viola la autonomía universitaria

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Conoce el ‘Imperio de las mentiras’ de María de los Ángeles Pérez Zarazúa * La Universidad Autónoma de Chiapas, entre represión y amenazas * Ignorancia de la ley y de la Constitución de Enrique Pimentel González Pacheco

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El día 15 de enero de 2020 dio inicio a un intento de procedimiento administrativo en contra del doctor José Adriano Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas.
La denuncia fue presentada por la alumna María de los Ángeles Pérez Zarazúa, quien acusó de omisión al catedrático, ante los reiterados acosos y hostigamientos sexuales por parte de los maestros que imparten diferentes cátedras en la Maestría de referencia.
La manipulación y la inducción de la maestra Pérez Zarazúa es evidente.

En su libelo involucra circunstancias que nada tienen que ver con el motivo de su queja. Dice, por ejemplo, que el doctor Adriano Anaya utiliza su diario Contrapoder para agredir a autoridades universitarias y funcionarios del gobierno del estado. Señala en específico las críticas, en ejercicio del periodismo libre e independiente, realizadas en contra del presidente del Tribunal de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios.
La pregunta es obligada: ¿Cuál es la relación entre los acosos sexuales en la Universidad Autónoma de Chiapas y las críticas al jefe del Poder Judicial del Estado? Ello lleva inevitablemente a inferir que María de los Ángeles Pérez recibió instrucciones desde el poder, lo cual necesariamente lleva a la intervención del gobernador Rutilio Escandón, del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, y del propio Juan Óscar Trinidad Palacios.

En su perorata, Pérez Zarazúa manifiesta que envió un correo electrónico al doctor José Adriano Anaya, en el que le hacía saber de todos estos atentados en contra de la integridad física y moral de las alumnas, y que jamás respondió -Adriano Anaya- a su reiterada queja. Sólo que como después se comprobó, jamás hubo un correo de comunicación al coordinador de la Maestría en Derechos Humanos, como después corroboró la defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la propia Universidad Autónoma de Chiapas.
Es lamentable y desde luego denigrante, la casi imposibilidad de acabar con los acosos y hostigamiento sexuales, cuando que los maestros se valen de su posición docente y académica, con el ejemplo que desde la cúspide del poder, se utiliza la posición política y jerárquica laboral para condicionar el trabajo y la rendición femenina para acceder a las pretensiones de quienes dependen.
La exoneración al doctor José Adriano Anaya y liberado de toda responsabilidad administrativa y de un posible delito, la dio la propia defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la máxima casa de estudios, cuando textual asienta: “Esta defensoría determina no existe (sic) suficientes elementos y evidencias que acrediten la omisión de prevenir y atender la violencia de género en agravio de (la supuesta víctima), toda vez que no se pudo acreditar si realmente le haya llegado la carta al doctor José Adriano Anaya, (y) como ha quedado demostrado fue enviado a otro correo personal que no es de Adriano Anaya o en su caso haya tenido conocimiento, además de que la víctima no presentó más pruebas o evidencias que pudiera (sic) demostrar que el día 16 de agosto de 2017, haya tenido contacto con Adriano Anaya para informarle directamente el presunto agravio a su persona por hostigamiento”, por lo que esta defensoría declara sin materia la acusación de referencia.


Pero la ausencia de responsabilidad omisiva, dolosamente señalada, fue todavía más allá con la recomendación R/DDHU/002/2021 de fecha 24 de marzo de ese mismo año, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deja una vez más en evidencia las mentiras y falsedades de la “maestra” María de los Ángeles Pérez Zarazúa, cuando la propia Comisión sentencia: “Dejar sin efecto el procedimiento administrativo por no existir elementos de responsabilidad”.
Las agresiones al doctor Adriano Anaya continuaron el 4 de noviembre de 2021, cuando fue citado a declarar, en calidad de testigo, sobre un catedrático imputado como acosador y hostigador sexual, en las oficinas del Abogado General de la Universidad Autónoma de Chiapas, Enrique Pimentel González Pacheco.
El episodio de la comparecencia fue en exceso lamentable por la prepotencia de las autoridades universitarias. Acompañado de su abogado, Adriano Anaya solicitó la filmación de la audiencia a que fue convocado por las trampas y manipulaciones de que pudiera ser objeto. El fútil argumento de los abogados al mando de Pimentel González Pacheco fue que el espacio era muy reducido y que por prevención de la pandemia únicamente se permitía el acceso a dos personas.
Sin embargo, por instrucciones del Abogado General, Enrique Pimentel González Pacheco, clandestinamente ordenó filmar nuestra comparecencia. Al reclamar al asistente de González Pacheco, éste buscó refugio en las oficinas del propio Abogado General. Increpado éste último sobre el nombre del improvisado cineasta universitario, González Pacheco brindó toda la protección a su esbirro, al ocultar el nombre y cargo con el cual se desempeña dentro de las instalaciones de la oficina del Abogado General.


Cualquier funcionario público, incluidos los de la Universidad Autónoma de Chiapas, tienen la obligación de identificarse y proporcionar nombre, apellidos y función que desempeñan. Una violación más a los Derechos Humanos de los comparecientes.
Más grave resultó todavía que el Abogado General, en funciones de Ministerio Público, indicó que al doctor Adriano Anaya se le había citado únicamente como testigo para hacerle unas preguntas respecto del comportamiento del catedrático que se le sindica por acoso y hostigamiento sexual a diversas alumnas en la maestría en Derechos Humanos.
Y como colofón para intimidar, el Abogado General mandó llamar a la policía sectorial, quienes se presentaron con armas largas, en abierta violación a la autonomía universitaria, en un espacio que pertenece a un organismo público autónomo.

Todo cuanto ahí sucedió fue en flagrante violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando que todavía no existe ordenamiento alguno, por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, que regule el procedimiento bajo el cual deberá de comparecer cada persona citada. Ello indica carencia de la debida fundamentación y motivación, inserta en el artículo 16 de la Carta Magna, y se omiten las formalidades esenciales del procedimiento reguladas por el artículo 14 del mismo ordenamiento constitucional.
Es entendible esta grave deficiencia. En el año 2016 el hoy senador, Eduardo Ramírez Aguilar, encargó al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, las reformas constitucionales al Código político estatal.
La ignorancia del hoy rector, Natarén Nandayapa, sobre cuestiones constitucionales, fue en extremo evidente. Después hablaremos de ellas. Hasta la fecha todavía prevalecen esas contradicciones entre la Constitución del estado de Chiapas y la Constitución General de la República como obra de Natarén.


Por su parte, el Abogado General, Enrique Pimentel González Pacheco, incurre en el delito de ejercicio ilegal de funciones públicas, previsto y sancionado por el artículo 417 del Código Penal del estado de Chiapas: “Ejerza funciones que no le correspondan, (…) o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas”. Ampliaremos…

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