Juez procesa con prisión preventiva a Cristina Kirchner

De acuerdo con la resolución se determinó que Kirchner, quien es ahora senadora, así como exfuncionarios del ministerio de Planificación y empresarios del sector energético "conformaron la estructura que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de gas natural licuado (GNL).

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El juez Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva a la expresidenta argentina Cristina Kirchner por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta en la causa que investiga la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas licuado.

De acuerdo con la resolución se determinó que Kirchner, quien es ahora senadora, así como exfuncionarios del ministerio de Planificación y empresarios del sector energético “conformaron la estructura que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de gas natural licuado (GNL).

De acuerdo con reportes de prensa, Bonadino dijo que la medida es prisión preventiva por lo que insistió en pedir el desafuro de Kirchner al Senado de la Nación, pero la medida se hará efectiva cuando se apruebe el desafuero o bien cuando cesen los fueros, según la resolución emitida este lunes de casi 400 páginas.

En el expediente se investigó una estructura que funcionó entre los años 2008 a 2015, y donde 24 imputados “pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, no existiendo negociación alguna al respecto”.

Según la investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265 para descargar GNL.

De acuerdo con la prensa local, por esa situación, Bonadio consideró que existió una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico ya que el precio pagado por el GNL fue superior al del mercado.

Bonadio refirió que hasta diciembre de 2015, la maniobra delictiva se continuó “tercerizando el proceso en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- , que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía la empresa publica argentina (ENARSA), pero ésta continuaba adjudicando y pagando”.

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