“Ley Olimpia”: Vinculan a proceso en la CDMX al primer detenido, por delitos contra la intimidad sexual

El joven de 24 años fue detenido el pasado jueves 1 de abril en Yucatán, donde se escondía, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en colaboración con la Fiscalía General de dicha entidad del sur del país.

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Alexis Rafael “N”, primer detenido por la “Ley Olimpia”, fue vinculado a proceso por un juez, acusado de los delitos contra la intimidad sexual simple y extorsión simple, en grado de tentativa; deberá permanecer al menos tres meses en prisión preventiva.

El joven de 24 años fue detenido el pasado jueves 1 de abril en Yucatán, donde se escondía, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en colaboración con la Fiscalía General de dicha entidad del sur del país.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez de control calificó de legal la detención de Alexis Rafael “N”.

Entonces, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, formuló la imputación en su contra y, tras analizar las pruebas presentadas, el juzgador determinó llevarlo a juicio.

La autoridad le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la indagatoria integrada por la FGJCDMX, Alexis Rafael “N” exigió a la víctima la entrega de dinero o una prenda interior, a cambio de no publicar sus fotos y vídeos íntimos que obtuvo con engaños. Sin embargo, la víctima se negó e interpuso una denuncia.

Agentes de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro solicitaron y obtuvieron el mandamiento judicial que fue cumplimentado en Yucatán.

La “Ley Olimpia” fue aprobada en el Congreso de la CDMX en diciembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020 con modificaciones al Código Penal local y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, mediante los cuales se penaliza el acoso digital, las amenazas, insultos, así como la difusión de contenido sexual en internet sin consentimiento de la otra persona.

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