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IFE e IFAI, en el ojo del huracán

El primero, por lo controvertido de sus resoluciones en materia de fiscalización de los recursos erogados por los partidos políticos en la pasada elección federal; el segundo, por los fuertes conflictos entre algunos integrantes y las actuaciones desaseadas de sus comisionados

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Organismos indispensables e imprescindibles en el México moderno que mira de frente para contribuir en la resolución de los problemas ancestrales que se padecen y que no permiten erradicar la pobreza y contienen el desarrollo económico que nos postra y obstruye, con todo y el potencial de recursos naturales y humanos que se posee.

Los constructores del México democrático, de rendición de cuentas de sus gobernantes, y de la transparencia en el acontecer gubernamental, que nos hace partícipe, y convierte a la sociedad en el firme defensor de su presente y futuro.

Un sistema articulado, aunque imperfecto, que nos ha permitido superar desde la Independencia en 1821 y hasta el principio del porfiriato en 1876; golpes de Estado, insurrecciones, dictaduras, invasiones extranjeras, complicidades locales, guerras civiles y líderes heroicos en tiempos de guerra, pero incompetentes en el ejercicio del poder que aportaran en la consolidación del país.

Una revolución de caudillos y un sistema presidencial único que terminó siendo autoritario y obsoleto, que nos dieron instituciones, pero que nos tomaron como rehenes de sus intereses de grupo y personales, describiéndolos con pulcritud Daniel Cosío Villegas: “Todos los hombres de la transición, sin exceptuar alguno, han sido inferiores a las exigencias de ella”.

Una transición democrática, como la llamara el jurista, político e historiador francés Alexis de Tocqueville: “Una sociedad que quería nacer y una sociedad que se negaba a morir” que en México no ha dado el estirón. O con una precisión más nacional, como lo externara Sara Sefechovich: “La democracia no es entre nosotros una cultura, es una simulación”.

Lo cierto es que las instituciones que nos deben procurar los canales de democracia y rendición de cuentas: Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se han colocado en el centro de la opinión pública y la oportunidad de trasladar su hegemonía los partidos políticos en su reconstrucción y adecuación.

El primero, por lo controvertido de sus resoluciones en materia de fiscalización de los recursos erogados por los partidos políticos en la pasada elección federal, y no haber podido sacudirse el fantasma de la elección de 2006. El segundo, por los fuertes conflictos entre algunos integrantes y las actuaciones desaseadas de sus comisionados, en vísperas de su consolidación como órgano autónomo garante de la trasparencia nacional de quien reciba recursos públicos.

Debilidades que se han capitalizado por el PRI, PAN, PRD principalmente, y los están convirtiendo en un ring de trueques partidistas. Politizando instituciones que por su naturaleza deben ser ajenas al entramado político, para no perder la objetividad y equidad que ejecutores ciudadanos puedan ejercer, evitando compromisos partidistas y personales, ajenos al ideario que deben ejercer.

EL IFE

Es inconcebible que elección tras elección, a partir de la época de la alternancia (2000), principalmente en las presidenciables, los actores políticos antepongan sus intereses de grupo y personales, descalifiquen y cuestionen los procesos electorales cuando no gana; cuestionen instituciones y personas, no obstante que participaron en la configuración de las reglas y promovieron a los comisionados que regulan este accionar, adicionalmente que derrochan el enorme financiamiento público que son objeto.

La poca cultura democrática y su negativa a aceptar su derrota, los ubican con facilidad en la descalificación y hasta en la agresión hacia las instancias electorales y sus contrincantes políticos. Con su desaprobación, generan desembolsos adicionales en revisiones e impugnaciones que detonan un gasto adicional, que sumando al anterior es un derroche financiero poco entendible y permisible, justificándolo por el proceso de fortalecimiento de la democracia, que no acaban por entender como participantes.

Recursos del pueblo que benefician a unos cuantos sin redituar a la sociedad. Una sociedad fastidiada de estos comportamientos que le generan desconfianza, que las aleja cada vez más de sus gobernantes y que ha convertido a la democracia mexicana en una de las más caras del mundo, en tiempos que los recursos públicos se deben eficientar y orientarse a donde el impacto beneficio se traduzca en favor de los mexicanos más desposeídos.

El IFE, que nació para vigilar los procesos electorales como ente independiente, una vez librado del paternalismo presidencial, ha caído en la tutela de los partidos políticos que no ven más allá de su interés partidista.

DOS DÉCADAS DE FORMACIÓN

A 23 años de su creación, el IFE es, según algunos expertos, el mejor organizador de elecciones en el país, aunque para otros, la injerencia de los partidos y el distanciamiento con la ciudadanía son sus mayores debilidades.

Entre 1990 y 1996, al IFE lo dirigieron los secretarios de Gobernación: Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet.

Tras la ciudadanización del organismo ha tenido tres presidentes: José Woldenberg (1996-2003), Luis Carlos Ugalde (2003-2007) y Leonardo Valdés Zurita (2007-¿?).

Han sucedido cuatro reformas electorales: la primera de 1993, que facultó al instituto para dar declaraciones de validez y constancias para la elección de diputados y senadores, y establecer topes de los gastos de campaña.

En 1994, se incrementó el peso e influencia de los consejeros y se ampliaron las atribuciones de los órganos a nivel estatal y distrital.

En 1996, se reforzó la autonomía e independencia del instituto al designar por completo al poder ejecutivo de su integración, y se reservó el voto en los órganos de dirección a los consejeros.

En 2007, se le dieron 53 nuevas atribuciones para implementar un nuevo modelo de comunicación política.

Hoy se limita a administrar anuncios publicitarios y repartir sanciones. Cada proceso electoral es una prueba de ácido para las instituciones y leyes electorales, y cada ejercicio de ese tipo deja heridas abiertas.

Cada elección se encuentra saturada de quejas interpuestas por los actores políticos, e incluso por particulares, lo que obliga a una reflexión al interior para evitar que estos medios sean utilizados como un “arma política”.

Pese a que México tiene uno de los sistemas políticos más caros del mundo, no se ven resultados de sus gobernantes. Nada garantiza el respeto a las autoridades comiciales.

Su reto es renovar las instituciones democráticas y devolver la certeza como organismo. Una entidad que tardó en construirse y que Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador destruyeron. Porque no hay duda que desde 2006 el declive del organizador de comicios federales está presente. La legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que lo debe de caracterizar, ha quedado fragmentada y cuestionada, porque ha sido presa y víctima de las fuerzas políticas que lo mantienen como su rehén.

EL IFAI

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, nacido de la alternancia presidencial, unos de los pocos aciertos de la administración foxista, emerge como una respuesta a los cuestionamientos de “corrupción” nacionales e internacionales en que se debatía el gobierno federal.

Entra en vigor en 2002 como una forma incipiente de que los ciudadanos puedan solicitar información y rendición de cuentas del manejo de los recursos del aparato gubernamental.

Aunque el IFAI se ha ido consolidando en el tiempo, y que su principal precursor Vicente Fox Quesada no fue un dechado de transparencia, no acaba por conformarse a la distancia de 12 años de gestión.

Los impactos ante la ciudadanía son magros: 77% de los mexicanos no sabe qué es el IFAI o para qué sirve (Parametría 2012), y el 50% rechaza el derecho a informarse, vigilar y evaluar el trabajo gubernamental.

Ahora que Enrique Peña Nieto propone su autonomía constitucional que lo dotaría de mayores funciones y atribuciones, el IFAI debe perfeccionarse y modernizarse ante una sociedad que exige resultados cada vez más oportunos, su ruta de transformación debe ser una garantía para la transparencia gubernamental.

El IFAI sufre un agotamiento del sistema de cuotas que ha marcado los mecanismos de designación de sus comisionados. Los partidos políticos, entre ellos PRI y PRD, promueven una reforma para hacerlo más funcional, lo que para muchos parece un ajuste de cuentas. La corriente legislativa en favor de una presunta depuración del IFAI se presenta cuando Gerardo Laveaga asumió la presidencia, con el aval de la mayoría de sus pares, y el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar descarriló la ceremonia con un mensaje en el que lo llamó “perezoso e inexperto”.

El inconforme balconeó además a las comisionadas Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén porque apoyaron a Laveaga, a pesar de que alguna vez le habían reclamado a gritos su falta de trabajo. Trinidad Zaldívar fue más allá: Reveló que la comisionada Arzt, ex asesora de seguridad de Los Pinos con Felipe Calderón, era investigada internamente porque se descubrió que hacía solicitudes de transparencia a la Secretaría de Seguridad Pública y al Cisen, para luego convertirse en ponente de la resolución de los casos, incurriendo así en un claro conflicto de intereses.

Con estas actuaciones de sus principales ejecutores, el organismo debe trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía, Las personas son pasajeras, lo importante son los procedimientos institucionales, las reglas, el compromiso ético de sus integrantes. Mecanismos que lo fortalezcan y venzan al tiempo por encima de intereses personales o colores partidistas.

En el IFAI debe de haber ciudadanos expertos que no estén a modo de las autoridades.

En política no hay recetas ni reglas infalibles, son los resultados que hablan por sí mismo. La designación de titulares en órganos autónomos se debe de dar al margen de las cuotas partidistas, como lo expresara el coordinador perredista en el Senado, Miguel Barbosa.

La designación o ratificación que realicen las Cámaras debe estar fuera de la esfera de la influencia del poder político.

Hoy en día, en las ratificaciones o asignaciones de estos funcionarios siempre se impone el criterio de cuotas políticas. Los partidos en el Congreso deben abandonar el chantaje y la presión, de otra manera mantendrá como rehenes a estos organismos y el país ya no está para dispendios… quiere resultados.

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