Corte decidirá Ley de Seguridad: Peña

El Presidente promulga polémica legislación aprobada por el Congreso; durante 30 días la SCJN podrá recibir controversias sobre la misma

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva sobre la Ley de Seguridad Interior, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 43a. Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Al anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el Primer Mandatario dio “la bienvenida al análisis que, en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta Ley”.

Puntualizó que durante la discusión y aprobación de esta Ley por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que, a su criterio, el contenido de la Ley es inconstitucional.

“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo Tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”, precisó.

Dijo que “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

Y enfatizó: “soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo Tribunal decida sobre su constitucionalidad”.

En el evento, realizado en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal destacó que “el espíritu de la Ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior, y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas”.

“La Ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales, que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, mencionó.

El Presidente Peña Nieto aseguró que “uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención de nuestros efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas”.

En su momento, dijo, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que nuestras Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública, en auxilio a la autoridad civil, y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República”.

Puntualizó que “la atribución de intervenir en seguridad interior se encuentra prevista en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución, desde 1917”.

“No obstante, hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una Ley reglamentaria. La ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas, que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos”, refirió.

Afirmó que con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión le remitió el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

El Primer Mandatario señaló que esta Ley “también nos permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad”.

Además, agregó, “nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”.

Enfatizó que “para lograr una seguridad duradera se requiere del trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales. Así lo mandata nuestra Constitución, así lo exige la sociedad y así lo ameritan las circunstancias actuales”.

Añadió que los retos que enfrenta nuestro país en esta materia “son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”.

Hizo un respetuoso llamado “a la gobernadora, gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia”.

El Ejecutivo Federal dijo que “México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población”.

“Sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”, afirmó.

Mencionó que uno de los temas en los que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha centrado sus esfuerzos, “es en tratar de superar la debilidad institucional de las corporaciones de seguridad locales”.

“Hemos tomado importantes decisiones para homologar los procesos de evaluación, profesionalización y actuación de las fuerzas policiales. Por ejemplo, en la sesión anterior se aprobó la puesta en marcha del modelo óptimo de función policial, que nos permitirá mejorar el desempeño de nuestros cuerpos de seguridad y entregar mejores resultados a la población”, añadió.

“Todos conocemos la magnitud del reto que enfrentamos. A pesar del gran esfuerzo nacional realizado, lo cierto es que muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, confiables y eficaces, y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policial propia”, señaló.

“Esta debilidad institucional ha sido aprovechada por organizaciones criminales para incrementar su actividad delictiva en algunas zonas, y en ocasiones para intentar tomar el control de esos territorios”, indicó.

Subrayó que “para hacer frente a esa amenaza, desde hace más de una década el Estado Mexicano se ha visto en la necesidad de emplear de manera subsidiaria y temporal a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.

“El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policiales locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo. Su despliegue en distintas entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales”, puntualizó.

“En todos los casos, su actuación se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales. Hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad. Los soldados, pilotos, marinos y policías federales que han acudido en apoyo de las entidades que así lo han requerido, se han ganado merecidamente el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento de la población que han auxiliado”, aseguró.

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA ÚNICA RUTA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉXICO MÁS SEGURO: OSORIO CHONG

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que en respuesta a distintos factores que inciden en la situación apremiante que vive el país, hoy este Consejo sumará a la Política Nacional de Seguridad un conjunto de propuestas de la mayor relevancia.

En primer lugar, propuso la adopción de un conjunto de medidas para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas de fuego, en coordinación con las autoridades locales y sociedad civil.

Recordó que “como parte de este esfuerzo, en la sesión previa se aprobó por parte de los gobernadores un exhorto respetuoso a la Cámara de Diputados a aprobar las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobadas ya por el Senado desde el inicio de este año, y que tiene por objeto endurecer las penas en los casos de portación ilegal de arma de fuego”.

En segundo lugar, propuso “un paquete de medidas para la prevención y combate a la violencia de género. Un acuerdo para que se investiguen los homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de feminicidios, lo que contribuirá a garantizar una justicia más eficaz en este tipo de delitos, y un acuerdo para que los 38 Centros de Justicia para las Mujeres que operan actualmente en 26 entidades, certifiquen la calidad de sus servicios y protocolos de atención a la mujer que ha sido maltratada o violentada”.

En tercer lugar, propuso la creación de un programa para la consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911.

Subrayó que “más allá de contar con un nuevo marco normativo en materia de seguridad, es fundamental que las entidades asuman por completo, y lo antes posible, su responsabilidad constitucional en materia de seguridad que hoy en día realizan, con entrega y patriotismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

 

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