Tren Maya imposibilitado para detonar el desarrollo

Consulta a comunidades indígenas o cancelación del proyecto

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Con el Tren Maya, el titular del Ejecutivo federal retoma la bandera lopezportillista para intentar detonar el sur-sureste y ponerlo a tono con el centro y norte del país

Cuando, en 1978, llegó el presidente José López Portillo a la ciudad de Palenque, Chiapas, anunció, con su siempre exagerada retórica, este será el sexenio del sureste, el sexenio de Chiapas.

Desde esa fecha, y hasta el 2012, pasaron seis presidentes de la República y Chiapas, en lugar de avanzar, continuó en retroceso.   Hoy, Andrés Manuel López Obrador retoma la bandera lopezportillista para intentar detonar el sur-sureste y ponerlo a tono con el centro y norte del país.


El detonador de ese proyecto ha quedado condicionado, única y exclusivamente, a la construcción del Tren Maya.  Lo malo es que inició con un ritual, simulado, en el que supuestamente participaron 12 etnias de los seis estados del sur para pedir permiso a la Madre Tierra en la construcción del Tren Maya cuando, con permiso o sin permiso, la decisión ya estaba tomada por el Presidente.

A decir de Andrés Manuel, el Tren Maya cambiará el futuro de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la lógica lopezobradorista, la ecuación es muy simple.  En el Presupuesto de Egresos de la Federación ya se contempla una inversión, inicial, de 6 mil millones de pesos de los 150 mil millones que se requieren para la construcción de la obra de 1,500 kilómetros de longitud en un plazo máximo de cuatro años.

Entre las virtudes destacadas por el titular del Ejecutivo federal está un impulso, sin precedente, a la economía nacional con un aumento récord a los 10 millones de turistas que anualmente visitan la zona costera hasta llegar al mayor destino turístico del sur-sureste: Cancún, Quintana Roo.

De la biodiversidad, López Obrador ha dicho que se conservará íntegramente. Ni un solo árbol se va a derribar y, por el contrario, con el programa Sembrando Vida se plantarán árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, con un beneficio de empleos permanentes a 400 mil campesinos con jornales bien pagados.

Esa obra, magnificada como monumental del sexenio, no tiene sustento.  Para empezar, el ritual, simulado, de pedir permiso a la Madre Tierra como banderazo de salida carece de validez.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Estado mexicano a realizar una consulta previa, informada y libre a los pueblos indígenas que se verán afectados en su biodiversidad y en su territorio.

Incluso, los tratados internacionales limitan la acción del Estado mexicano para entrometerse y actuar sin la voluntad de los poseedores originales.  El artículo 2 de la Carta Magna diluye toda discusión sobre el tema: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada, originalmente, en sus pueblos indígenas, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Lo anterior, simplemente, quiere decir que desde el México prehispánico son, para bien o para mal, dueños de su propio destino, territorio e identidad insustituibles. Además, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales obligan, exclusivamente, a una consulta previa ante las comunidades indígenas, y no a una consulta nacional, que deforma de origen la legalidad y legitimidad del proyecto como pretende López Obrador.

Sin embargo, no sólo se trata de no talar árboles y sembrar un millón de hectáreas, sino de las graves afectaciones a la inmensa riqueza que representa la flora y la fauna de los seis estados por donde pasará el tren.  Destacan el jaguar negro, símbolo de Chiapas, los monos araña y una variedad incuantificable de mamíferos y reptiles destinados a su dispersión, su disminución o su extinción como macabra contraparte del Tren Maya.

López Obrador ha invitado al empresariado mexicano a invertir en su proyecto. El argumento es que se necesita de la inversión privada, pues el Estado no puede hacerlo todo.  El anzuelo para convencer al capital mexicano y chiapaneco es la licitación en siete tramos con una inversión inicial de 6 mil millones de pesos, a cargo del gobierno federal.

Según el Presidente de México, cada tramo puede significar una inversión de 15 a 18 mil millones de pesos.  Y, como atractivo para la inversión privada, “lo que inviertan las empresas que acepten la concesión van a contar con una subvención del gobierno federal por cada kilómetro que construyan”.

Sólo que hay dos factores que impiden a los hombres del dinero invertir en el Tren Maya.  Uno, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en el que 50 mil millones de pesos se fueron a la basura.  Qué confianza puede existir en los inversores para participar en el Tren Maya si el día de mañana les avisan de un cambio de planes porque se modificó el proyecto o que los pueblos indígenas bloquean continuamente la ruta ferroviaria porque no fueron consultados, como hasta hoy ha sucedido.

Por lo pronto ya se sumó un ingrediente adicional, no contemplado, en el escenario de la construcción del tren. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha dicho que no permitirá el paso del transporte por territorios indígenas con acciones de resistencia, como lo ha hecho desde 1994. Como respuesta, López Obrador ha dicho que no caerá en provocaciones, que todos tienen derecho a disentir y que en México no hay represión ni censura, sólo paz y reconciliación.

Con esa amenaza nadie estará dispuesto a arriesgar capital donde no hay seguridad cuando el bando que declaró la guerra al Presidente de la República y al Ejército Mexicano rechaza, abiertamente, la construcción del Tren Maya.  Basta con conocer la opinión de empresarios chiapanecos y se sabrá de los obstáculos que enfrentará el Tren Maya.  Se les ha invitado a invertir monetariamente, o poner sus terrenos a disposición, con el cuento de hacerlos socios privilegiados.  La respuesta es siempre la misma: “Si quieren les vendo mis terrenos al precio que yo determine, pero como socio no arriesgo un peso”.

Y, desde luego, aprovechan para hacer mofa de los transas de la señora Leticia Coello Garrido, a quien señalan como la mayor acaparadora de bienes raíces en Palenque, destino turístico del Tren Maya. “Que ponga todos los terrenos que compró y se adjudicó fraudulentamente”. “Suficiente para hacer andenes, hoteles y kilómetros de vías férreas”, pero ese es otro tema.

El segundo factor que inhibe la inversión privada es la vasta infraestructura disponible en los cinco estados destinatarios del Tren Maya.  Geográficamente, Tabasco tiene una posición privilegiada como puerta de entrada y salida de la península con el resto del país, comunicado con más de 10 vuelos diarios a la Ciudad de México, magníficas carreteras y un suficiente presupuesto federal y estatal para sus apenas 17 municipios en una orografía privilegiada.

Cancún es destino turístico nacional e internacional con vuelos directos a Europa y Estados Unidos, pero, además, hay una multitud de opciones de transporte terrestre a las ciudades mayas y áreas naturales. ¿De dónde sacan, entonces, que el Tren Maya será el detonador del desarrollo?  Si no fracasa, cuando mucho será complementario a las actuales opciones turísticas.

La experiencia de la demagogia infraestructural se dio en el gobierno de Manuel “El Güero” Velasco.  Con un costo de más de mil millones de pesos se construyó el aeropuerto de Palenque con el cuento de que sería el detonador del desarrollo. Con sólo dos vuelos a la semana, hoy es un elefante blanco, igual que Llano San Juan, construido en el gobierno de su abuelo, Manuel Velasco Suárez.  Ampliaremos…

 

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