Trabajo infantil y los derechos sustantivos

Amén de ilegal el fenómeno del trabajo infantil compromete el futuro de las nuevas generaciones

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En México se tiene la creencia relativa de que el trabajo infantil es inevitable, aceptable y bueno para la formación de la población infantil y adolescente, de acuerdo con UNICEF México.

Sin embargo, la misma organización sostiene que el trabajo infantil es una violación a los derechos relacionados con la protección contra la explotación,  al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte de niñas, niños y adolescentes.

El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un fenómeno que es ilegal y compromete el futuro de las nuevas generaciones.

En nuestro país, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, realizada por el INEGI, había 29.3 millones de niñas, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, de los cuales se estima que 2.5 millones realizaban actividades laborales, lo que representa el 8.5% de esta población.

La gravedad y complejidad de este fenómeno es resultado de múltiples factores: Económicos, sociales, culturales y de orden jurídico-normativo.

Por lo anterior, el objetivo de eliminar el trabajo infantil está contenido en acuerdos y documentos internacionales firmados por la mayoría de los países, incluido México.

Un ejemplo es la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente en las Américas, suscrita por el gobierno mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo, para lograr dos metas específicas: La eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el año 2015 y todo el trabajo infantil para el año 2020.

A nivel nacional, la reforma constitucional al artículo 1º, el 10 de junio de 2011, estableció la obligación del Estado de proteger el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes al satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

El artículo 4° constitucional incorpora la obligación de proteger los derechos de las niñas y los niños, en donde destacan su derecho a la educación y a un desarrollo integral.

El trabajo que realiza la mayoría de los países es legislar y decretar leyes para establecer la prohibición de toda práctica de trabajo infantil bajo el supuesto de asegurar mejores niveles de bienestar a los menores, pero el fenómeno es multifactorial y no es tan claro como puede establecerse en la redacción y publicación de leyes.

La situación de pobreza es un claro ejemplo, pues las familias se enfrentan a la disyuntiva de enviar a sus menores de edad a la escuela para que gocen de forma plena sus derechos o enviarlos a trabajar para contribuir con el ingreso del hogar.

La firma de acuerdos internacionales y el decreto de leyes nacionales no es suficiente para resolver el problema.

El problema se debe abordar a partir de diversos factores: Sociales, económicos y culturales; pasar del enfoque jurídico-normativo, para eliminar el trabajo infantil, y hacer sustantivos los derechos de la población infantil y adolescente.

La vanguardia en el cambio se debe plasmar en políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico de las familias mexicanas, que incrementen la calidad de la educación y que fortalezcan el enfoque de derechos humanos en las familias.

 

 

 

 

 

 

 

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