Sin sustento, extradición de Lozoya

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Una somera revisión de la petición de extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, permite suponer que a la Fiscalía General de la República le costará trabajo convencer a la justicia española que se lo entregue, a menos que los jueces se comporten como algunos de México.

La FGR insiste en la existencia de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en la relación de Lozoya con Alonso Ancira y AHMSA, pero a la vista las acusaciones parecen insostenibles; al menos en la carpeta no están probadas.

Suponiendo sin conceder, para que exista cohecho se requiere que cuando se cometió el presunto ilícito, Lozoya hubiese sido funcionario; la verdad irrefutable es que no lo era.

En ese entonces ni un adivino sabía que Enrique Peña Nieto sería candidato a la Presidencia de la República y que, si ganaba las elecciones a Andrés Manuel López Obrador y a Josefina Vázquez Mota, como ocurrió, el Consejo de Administración de Pemex designaría a Lozoya director de Pemex.

Aún más, la Fiscalía sostiene que con el dinero producto del cohecho Lozoya compró la casa de Ladera.

Ese dinero lo recibió Lozoya de estudios que le hizo para la construcción del tren suburbano de Toluca. Los contratos datan de marzo y junio de 2012.

Es decir, nada encaja en el tiempo.

Finalmente, es inexistente la asociación delictuosa, en la que la Fiscalía incluyó a la madre y hermana de Lozoya, porque para esto se requiere que hubiese delito.

Con estos elementos se antoja que será complicado para la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero traer a Lozoya a ser juzgado en México, a menos que los jueces españoles acepten que Ancira es adivino capaz de predecir candidaturas, resultado de elecciones presidenciales y la designación del puesto que ocuparía su supuesto cómplice, o que el dueño de Altos Hornos de México es tan temerario como para jugar al poker con los ojos cerrados.

Pero si la justicia española cede ante los argumentos de la FGR, la situación no será fácil para el ex director de Pemex si partimos de la cuestionada neutralidad de algunos jueces mexicanos, capaces de contestar una solicitud de amparo de 150 hojas interpuesto por doña Gilda, su señora madre, para no ser vinculada a proceso, con una resolución negativa para la que bastaron sólo 4 cuartillas.

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