Si PGR no actúa contra Santiago Nieto, la SFP sí puede

Pronto sabremos hasta dónde está decidido el gobierno del Presidente Peña Nieto a aplicar la ley a quienes la corrompen

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Es evidente que ambos buscan lo mismo, pero, ¿a qué debemos temer más? ¿A la deslealtad de Alberto Elías Beltrán o a la ignorancia palmaria (que por sí misma también se convierte en traición) de Santiago Nieto?

Para el caso es lo mismo.


A la vista está que el procurador General de la República en funciones y el ex fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) usan los asuntos a su cargo para asegurar su futuro.

Uno, manipulando los casos que tiene en las manos para negociarlos con quien gane la Presidencia; el otro, disponiendo, de manera ilegal, de la información que se llevó a casa, en franca violación a la ley.

Ayer, el ex titular de la FEPADE tuvo el descaro de confesar que cuando lo echaron se llevó los expedientes que tuvo en sus manos cuando era subprocurador en la PGR.

En un tuit que subió a la red ayer por la mañana confesó que: “Revisé mis documentos del caso #Odebrecht. No aparece Jiménez Espriú…”.

Qué bueno por el ingeniero Javier Jiménez Espriú, que, conforme a la promesa de Andrés Manuel López Obrador, sustituirá en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Gerardo Ruiz Esparza, pero malo por Nieto porque no hay razón legal, ética o lógica para que pueda revisar en su casa “mis documentos”, que, en todo caso, no son de su propiedad, pero sí de la FEPADE.

Como dicen los abogados: A confesión de parte, relevo de pruebas.

El 23 de mayo pasado escribí aquí que Santiago Nieto vendía información a López Obrador obtenida en la FEPADE, con la intención, imagino, de convencer al candidato de Morena, que ya se siente presidente de México, de entregarle la Fiscalía General de la República.

Un día antes, Nieto apareció en un evento de Andrés Manuel y presumió a los periodistas tener “mucha información” del caso Odebrecht que beneficiaría al candidato de Morena. No entró en detalles, pero amenazó con entregar todo lo que sabe bajo el pretexto de “blindar” el proceso electoral.

El problema, dije entonces y lo sostengo hoy, “es que él, precisamente él, no puede poner al servicio de nadie, en especial de un candidato presidencial, el acervo de información que adquirió durante su paso por la FEPADE por patriótica que sea su intención y por verdadero o falso que sea lo que quiere obsequiar o vender”.

La razón es muy simple: Cualquier agente del Ministerio Público, como él lo fue, está impedido de revelar información de las investigaciones a su cargo. La secrecía no tiene caducidad; no puede romperla ni siquiera un año después de su cesantía.

Si al procurador Elías Beltrán no le tiemblan las corvas y se anima a cumplir su obligación de actuar de oficio contra el ex titular de la FEPADE usando el tuit en el que revela, sin que nadie se lo pida o exija, que tiene en su casa, o en su despacho, información que estaba impedido a sacar de la oficina en la que fue jefe, la Secretaría de la Función Pública podría ponerlo en su mira con base en los artículos 55 y 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíben a todo ex funcionario “obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya obtenido conocimiento”.

En la anterior ocasión, Nieto usó el tema Odebrecht para intentar abrir la puerta que lo condujera al paraíso de López Obrador, pero esto ocurrió después de que los panistas de Ricardo Anaya lo repudiaron; ahora lo utiliza para sacar de problemas al ingeniero Jiménez Espriú, a quien el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, relacionó, en el debate del martes, con el constructor favorito de Andrés Manuel, el ingeniero José María Rioboó.

“Revisé mis documentos del caso #Odebrecht. No aparece Jiménez Espriú…”, anunció Santiago Nieto, con cortesanía desmedida, ayer por la mañana, en defensa de quien podría ser el secretario de Comunicaciones de López Obrador. Al hacerlo dio el pretexto al crónicamente omiso Elías Beltrán para perseguirlo de oficio, pero también a la Secretaría de la Función Pública, para inhabilitarlo por una larga temporada, es decir, por lo menos durante el sexenio de Andrés Manuel, si gana la Presidencia.

Quizás Elías Beltrán no tenga la menor idea de lo que tiene entre manos o, como sospechan en Los Pinos y Gobernación, guarda los temas para negociarlos con quien gane las elecciones el primer domingo de julio, pero no es el caso de la Secretaría de la Función Pública ante la prohibición a los servidores públicos de llevarse a casa y utilizar la información que manejaron cuando estaban en activo.

Pronto sabremos hasta dónde está decidido el gobierno del Presidente Peña Nieto a aplicar la ley a quienes la corrompen, como Santiago Nieto, pero, por lo pronto, está claro que si Elías Beltrán no lo persigue de oficio, la Función Pública tiene en las manos un caso más claro que el agua potable.

Si la Función Pública actúa, nadie podrá preocuparse de que, en los próximos 6 años, don Santiago sea Fiscal General de la República y utilice la ley como hasta hoy lo ha hecho.

 

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