Septiembre, el mes ingrato

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Haciendo a un lado el hecho histórico por el que los mexicanos nos envolvemos en los colores de la Patria este 15 y 16 (cuyo logro también tuvo su costo de dolor), en los últimos años, septiembre ha sido un mes trágico.

Dos temas forman parte, o deben formar parte, de la agenda prioritaria del Gobierno Federal, el saldo, no reparado totalmente, de los sismos de 2017 y la solución a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. Uno el día 19; otro el 26.

Por cierto, el 19 de septiembre no sólo marca recuerdos amargos por lo pasado en el 2017; para muchos mexicanos aún está presente la pesadilla de 1985, que, por ironía del destino, ocurrió en una fecha similar.

Quizá el puente que inicia éste fin de semana, en honor a los héroes que nos dieron Patria, sea un “stand by” para luego tomar al toro por los cuernos en estos dos temas que a poco más de 10 meses de iniciado el gobierno de la Cuarta Transformación parecen envejecer con soluciones a cuentagotas.

Sobre el primero de ellos, muchas familias continúan peregrinando de oficina en oficina, tanto del Gobierno Federal como del de la Ciudad de México, para volver a tener un lugar en donde habitar.

Quizá el punto más endeble en cuanto a la solución expedita luego de los estragos de una tragedia sea el vuelco político que el gobierno que entró en diciembre pasado dio al cauce de los expedientes que las administraciones anteriores (la de Enrique Peña Nieto y la de Miguel Mancera) habían iniciado, y que ya llevaban un avance de poco más de un año.

“Borrón y cuenta nueva” fue la orden. Los trámites para volver a conseguir dónde vivir debieron retornar al punto cero. Es decir, la “tramitología” (el “burocratismo”, dicen los afectados) había que repetirla “porque el gobierno anterior hizo todo mal” y “se encontraron irregularidades”.

A nivel nacional, por ejemplo, se habla de que de 5 mil escuelas dañadas, sólo 80 han sido reparadas en su totalidad.

Pero lo mismo ocurre con casas-habitación, cuyo atraso se refleja en el plantón que ciudadanos de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla realizaron este lunes frente a Palacio Nacional.

En la Ciudad de México, donde los daños por el terremoto fueron considerables, aunque mucho menos que los del 85, las cosas no andan tan diferentes.

Cierto que se han entregado ya 15 edificios, según la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, uno de ellos en Tlalpan la semana pasada, pero también que a muchos afectados cuyos trámites para la reconstrucción estaba casi a punto de cerrarse les fue anulado todo el camino recorrido.

Es el caso de los habitantes de tres edificios que estaban ubicados en Xola y Galicia, en la Colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. Su peregrinar durante 24 meses se ha vuelto desesperante y dramático, pues ante el gobierno anterior cumplieron, uno por uno, todos los requisitos de cuanta oficina o autoridad fueron requeridos. Al menos una decena de oficios firmados y sellados lo demuestran.

Otros afectados deben andar en las mismas.

Uno de los puntos que dio al traste con todo fue el cambio de constructoras asignadas, que para el actual gobierno no cumplen los requisitos, pero que, en cambio, para los afectados son al gusto de las autoridades por una u otra razón, “incluyendo algunas que de la noche a la mañana se convirtieron de proveedoras de material en constructoras”.

Según los habitantes de los que fueron tres edificios en la dirección señalada, “el gobierno local está rebasado y enfrenta un caos”.

Este martes, sin embargo, a pregunta expresa de este reportero, la Jefa de Gobierno mostró disponibilidad para atender casos específicos de atraso o controversias, actitud loable.

La espera cumple ya dos años, aun cuando se supone que aprendimos mucho de la lección de hace 34 años.

Sólo una advertencia: La naturaleza, lo sabemos, suele ser caprichosa.

En cuanto al caso de Ayotzinapa, el otro trágico número de septiembre, cumple ya un lustro.

Esperemos que de aquí al 26, si no el Presidente López Obrador, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, den, cuando menos, un dato nuevo sobre la investigación, más allá de que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, critique el fallo de algunos jueces que, suponemos, con base en los expedientes, dejen en libertad a algunos de los detenidos.

Porque a casi un año de que el asunto cambió de manos, todo parece tan misterioso como desde el principio.

Y es que ¿cómo quitar el estigma político de la mano que meció la cuna aquel aterrador día de 2014?

Por lo pronto, seguramente vendrá una reacción fuerte de los familiares de los 43 muchachos, así el Presidente se haya reunido con ellos ayer. Cinco años son cinco años. Como en el caso de los damnificados de los sismos, dos años son dos años.

Sí, septiembre ha sido ingrato.

Y si la naturaleza suele ser caprichosa, no lo dudemos, los políticos, las mentalidades, también.

 

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