SCJN  vs Chihuahua

Desastroso para el futuro de México consumación de fraude jurisdiccional; inconcebible que ministro presidente reconviniera, enfadado, a gobernador del estado

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El caso Chihuahua donde el gobernador Javier Corral logra una profunda investigación a través de su fiscal César Augusto Peniche, para concluir la consignación a un juez del desfalco de al menos 250 millones de pesos; es un hecho por demás trascendente porque al presunto culpable Alejandro Gutiérrez; quien al parecer actuaba por instrucciones de Manlio Fabio Beltrones, se le oyó en defensa y se le acreditaron las salidas de los recursos públicos a empresas que ni prestaron, ni proporcionaron servicio alguno, y recibieron en cambio los pagos que decían les correspondían. El procedimiento fue público y abierto, nadie puede decir que fue tendencioso ni parcial, los resultados son inobjetables, el señor Gutiérrez y sus cómplices están presos en el penal de Ciudad Juárez y ahí se terminarán de desahogar las diligencias para una pronta sentencia final.

Lo sorprendente de todo esto es que cuando al fin se tiene éxito con la comprobación del ilícito y la aprehensión del responsable aplicando la ley sin más interés que la justicia a un pueblo sistemáticamente saqueado, a diferencia de lo que ocurre con el ex gobernador prófugo Cesar Duarte al que también se le han comprobado cuantiosísimos desvíos del erario, no se ha podido conseguir  su detención porque no ha querido la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar su extradición. Lo inaudito y sorprendente es que, en el primer caso de Gutiérrez, la que se opone a la conclusión judicial y reparación del daño que merecen los chihuahuenses, sea precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es inconcebible que hasta el presidente de la Suprema Corte el ministro Luis María Aguilar se haya enfadado y reconvenido al gobernador del estado porque su fiscal se niega a enviar al reo a una cárcel del centro de la República cuando el delito se consumó en Chihuahua y las víctimas directas son los chihuahuenses. Es obvio que aun cuando en su realización se hayan sustraído fondos federales que, con todo, forman parte de la deuda que tienen que pagar los chihuahuenses los daños que se causaron también son los que los ha sufrido el pueblo del estado, teniendo condición de víctimas. Además es claro que en Chihuahua hay jueces federales que, dentro de su competencia y para los delitos de ese fuero, pueden juzgarlo allá simultáneamente con los juicios locales que tendrán que cumplir las mismas obligaciones procesales para los delitos cuya competencia corresponde a los tribunales del estado.

Es verdaderamente absurda esta actitud de la Suprema Corte amenazando al alcaide de la cárcel de Chihuahua, e intimidando al fiscal y al gobernador. Es inconcebible que esto ocurra en un Poder Judicial que se supone está por encima de los intereses políticos y preserva ante todo la vigencia de un Estado de derecho. Su dignidad, su respetabilidad está cayendo por los suelos, no puede exponerse el futuro de la nación a una decisión tan arbitraria, como es la evidente protección a un delincuente cuando todo su proceso se ha ventilado con estricto apego a la Ley y como ejemplo de lo que debe hacerse en la defensa del patrimonio contra la corrupción extendida de nuestra administración pública.

Ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua hundieron a sus estados en la carencia de recursos que se necesitan para atender las mínimas necesidades de salud, educación, seguridad, obras públicas etcétera, todo porque los dos Duartes y sus secuaces, se hincharon de dinero y repartieron para que su partido comprara votos en las elecciones, tanto de sus estados o de otros de la República. En cambio, cuando un fiscal hace su trabajo con ética y rigor jurídico consignando a uno de los que hacían el trabajo sucio como Alejandro Gutiérrez, desde la Corte llega la orden de que lo protejan trasladándolo al reclusorio donde puedan con el tiempo, liberarlo.

Claro, se dice que no se trata de exculpar, sino de procesarlo en un sitio diferente porque es materia federal pero, quién puede creer tal argumento cuando en Chihuahua hay también jueces federales y muchos de los cargos también son locales. ¿Que no es lo lógico y jurídico que se atiendan así las competencias donde sucedieron los hechos delictivos para mayor facilidad incluso en la obtención y presentación de pruebas en ambas competencias? La posición del ministro Luis María Aguilar no resiste ningún análisis, es obvio que con ello quiere encubrir una intención oculta que nos permite inferir que se han recibido órdenes para hacerlo así, con el deliberado propósito de facilitarse las cosas al reo, antes de que vaya a soltar la sopa de a dónde fueron a parar los 250 millones que sustrajo del bolsillo de los chihuahuenses más pobres, que son ahora los agraviados.

La noticia de lo que está sucediendo en el Poder Judicial Federal es pública ya que se están vendiendo las respuestas para el concurso de nuevos jueces hasta por la cantidad de 186 mil pesos. El dato sería más escandaloso si no es porque siendo grave, es todavía más grave el que el propio presidente de la Corte impida a un estado de la Federación tan castigado por la corrupción el que, en su jurisdicción, se retenga, privados de la libertad para su proceso legal, a quienes se apoderaron ilícitamente de cuantiosas cantidades de dinero que son del pueblo y para el pueblo.

Sería desastroso para el futuro de México el que se consume este fraude jurisdiccional para dejar pasar a un caso que, excepcionalmente, se comprueba porque no siempre es posible que el ladrón deje tantas evidencias, pero lo más dramático es que sea el supremo tribunal judicial de nuestra patria, el que traicione al pueblo tan cínicamente.

 

 

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