Santiago Nieto, reo de delito contra la democracia

Más allá de la inocencia o culpabilidad de Emilio Lozoya en el asunto Odebrecht, lo que campea es la mala leche de un ente, el Ministerio Público de la Federación, que, por definición constitucional, debe ser de buena fe

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Si la política mexicana es surrealista por naturaleza y definición, el caso de Santiago Nieto, Emilio Lozoya y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales me resulta más increíble que la escenografía del Día de Muertos en la que el ex director de Pemex se habría prestado, consciente o no, para dar marco a las aventuras da un Agente 007 mazahua.

Debo confesar que nada entiendo después de la revelación de Francisco Bustillos de que el ex director de Pemex  obtuvo, desde el 10 de octubre, una suspensión provisional de una juez de Distrito en el sentido de que no podía judicializarse la causa en contra suya  por el asunto Odebrecht y que, a pesar de ello, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales no lo citó a declarar, ocasionando que se desatara un desmadre en el que el Senado de la República debe votar a favor o en contra de un individuo sin prestigio alguno, convertido, gracias a la derecha y a la izquierda, en nudo Gordiano de la democracia electoral.

Ajustémonos a Cronos:

El 10 de octubre, la juez de amparo determinó que Lozoya habría obtenido una suspensión provisional, es decir, un amparo que le permitía que el Ministerio Público estaba obligado a citarlo en las 24 horas posteriores a su acuerdo; asimismo, a quien estuviera relacionado con el presunto delito y que, a partir de ello, declararía y obtendría conocimiento del contenido de la carpeta de investigación en su contra por el caso Odebrecht.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, dijo al periódico Reforma, siete días después de la orden del Poder Judicial de la Federación al Ministerio Público, que Lozoya habría exigido ser exonerado, amén de tener una disculpa pública, lo cual, al final de la jornada, resultó una mentira de a kilo.

Fue una mentira monumental cuyo origen nadie puede determinar.

Jamás entenderemos por qué Nieto ocultó al diario que siete días antes había incumplido el término legal de citar a declarar a Lozoya.

Si nos situamos en orden cronológico, la FEPADE debió en 24 horas, conforme a la instrucción de la juez, determinar la fecha en que Lozoya debería declarar y conocer el contenido de la carpeta de investigación en su contra.

Muy al contrario, el Fiscal Especializado, Santiago Nieto, no lo citó ni declaró, sino que declaró, falsamente, al periódico Reforma que Lozoya le habría enviado una carta en la que exigía una disculpa pública y exoneración.

Es un misterio por qué el fiscal Santiago Nieto recurrió a estos extremos ilegales.

Es lo de menos. El lunes pasado, todos los senadores de la República recibieron en sus correos electrónicos una crónica documentada del caso. Esto, con la finalidad de que no cometan una burrada cuando a alguien, Miguel Barbosa, de Morena, o Alejandra Barrales, del PRD, se le ocurra solicitar que el Senado lo reponga en su posición privilegiada de ministerio público de los actores electorales.

Si esto ocurriera, es decir, si fuera repuesto por el Senado como titular de la FEPADE, en ese instante, el procurador podría ordenar su detención y pedir al juez imponerle de tres a nueve años de prisión, y esperar a que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilite por igual cantidad de años, amén de las multas consustanciales.

Lo de su cese como Fiscal es apenas de rutina.

Una lectura somera de la documentación que recibieron los senadores, publicada puntualmente por IMPACTO antes que cualquier otro medio de comunicación, ayudará a entender qué ha ocurrido en la FEPADE.

Más allá de la inocencia o culpabilidad de Lozoya en el asunto Odebrecht, lo que campea es la mala leche de un ente, el Ministerio Público de la Federación, que, por definición constitucional, debe ser de buena fe.

La mala leche del ex fiscal es más que evidente; salta, de manera insultante, ante la vista de los ciudadanos.

Se equivocarán los senadores si, a la luz de la información documental publicada por IMPACTO y que han recibido en sus correos electrónicos los senadores de la República, votan a favor de la restitución de Nieto como Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales.

Conforme a la ley, y sin interpretación alguna, más allá de la protección de Miguel Barbosa, Lorenzo Córdova o la amistad de nuestro amigo Javier Lozano, Santiago Nieto debe estar en la cárcel por algo más que atentar contra el Estado de derecho de un país que lucha por implantar la legalidad.

Que a nadie le extrañe si una vez reconvertido en titular de la FEPADE, la policía de la Procuraduría lo detenga por lo antes mencionado. Será justicia elemental.

A la luz de los documentos publicados por IMPACTO, Nieto es reo indiscutible de delito contra la democracia, pero esto es mera especulación.

Pero de esta no se escapa; lo dicen quienes son y podrían ser sus superiores.Y la culpa es sólo suya, no de los que creyeron que tenían en él a un campeón de la democracia y nunca aceptaron que se trataba tan sólo de una saltimbanqui.

 

 

 

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