Santiago Nieto, el más poderoso de la 4T

Unidad de Inteligencia Financiera ya es el arma más temible del Presidente Andrés Manuel López Obrador

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Cuando Alberto “El Pollo” Elías Beltrán le notificó el cese como subprocurador Especializado para la Atención de Delitos Electorales por violar el Código de Conducta de la PGR, Santiago Nieto hizo el coraje de su vida; ignoraba, entonces, que esa circunstancia lo convertiría en el personaje más poderoso del siguiente sexenio, más aún que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y, si se me permite, en cierta manera todavía más que el Presidente López Obrador.

Gertz Manero, por ejemplo, aún tiene que cumplir con la ley, manipularla, si quisiera, y hasta conseguir un juez a modo que la computadora siempre encontrará de manera aleatoria, pero a Nieto le basta con susurrar al oído del Presidente sus sospechas sobre quien sea para que de inmediato, en respuesta a una pregunta siempre oportuna en la conferencia de prensa mañanera, el objeto del deseo de la Unidad de Inteligencia Financiera quede expuesto, en el mejor de los casos, sólo al escarnio y, en el peor, a la inmovilización de sus recursos financieros, y con un pie en prisión.

Conforme a sus atribuciones, y dependiendo de los poderes que le confiera el Legislativo, en algún momento podría iniciar, incluso, una causa contra el propio Presidente. No olvidemos que el 29 de octubre, a iniciativa de López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó la minuta de fuero constitucional, a fin de que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser enjuiciado por delitos electorales, corrupción y otros delitos graves.

Hoy es investigado por presunto lavado de dinero el ex encargado de la PGR que tuvo la osadía de cesar a Nieto. También lo es su esposa, Marcela Kuchle López, por poseer un departamento con valor de 35 millones de pesos adquirido en agosto de 2016. Gertz Manero tiene el caso presentado por Santiago Nieto.

La UIF fue un instrumento, para el Estado mexicano, pensado en la administración de Felipe Calderón, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la dotó de los instrumentos que le permiten enterarse, casi al instante, de lo que ocurre en cuestiones financieras, notariales, adquisición de vehículos, boletos de avión, reservación de habitaciones en el extranjero, etcétera.

Estos instrumentos están sirviendo a la Cuarta Transformación para perseguir a los emisarios del pasado, los ponga tras las rejas o, por los menos, los anule como oposición.

El caso más reciente es el del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cuyo nombre fue olvidado a lo largo de casi un año. Nieto dice que lo investiga.

La noche de este miércoles se libra una desigual batalla en el Congreso para evitar que la UIF y Santiago Nieto tengan aún mayor poder sobre todos los ciudadanos, no sólo sobre políticos corruptos o empresarios avorazados.

La oposición, con apoyo de algunos diputados de Morena, intenta evitar que la UIF promueva la extinción de dominio de los recursos bloqueados a quien es investigado por presunción, sólo presunción, de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos ilícitos.

Al cierre de la edición nada sabíamos sobre el destino de la reserva presentada por la diputada morenista Lidia García a las fracciones I y III del artículo 116 bis, con la que se eliminaría la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda promueva la extinción de dominio de los recursos bloqueados. La votación fue casi de empate: 225 a favor y 223 en contra, y 2 abstenciones.

En contra votó la oposición y, con ella, algunos legisladores de Morena. La derrota sacó de sus casillas, incluso, al coordinador Mario Delgado, que enfrentó a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que despachó la votación en apenas 3 minutos.

Ya sabremos en qué termina el proceso legislativo, pero por ahora, aún sin la extinción de dominio, la UIF ya es el arma más temible del Presidente López Obrador y Santiago Nieto su ángel exterminador porque ya le otorgaron facultades para congelar cuentas sin necesidad de la intervención del Ministerio Público o la orden de un juez.

 

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