Raciel López Salazar y colaboradores deberán ser investigados

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Raciel López Salazar. Destrozó la procuración de justicia en Chiapas

Por fin, después de 10 años de destrozar la procuración de justicia en Chiapas, Raciel López Salazar dejó el cargo que indebidamente ostentó como procurador, primero, y Fiscal General del Estado.  Su estancia en ambos cargos siempre será recordada como la más corrupta en la historia de Chiapas.  Su riqueza es inocultable y, junto con sus colaboradores, deberá de ser investigado.

Para permitirle el acceso indebido a fondos del erario estatal se utilizó como pretexto el combate a la delincuencia organizada.  Se le creó su propio Comité Técnico de Adquisiciones para evitarle pasar por engorrosos trámites de licitaciones públicas nacionales y estatales para disponer, sin restricciones, de un fideicomiso cercano a los 100 millones de pesos anuales durante los primeros años de su gestión.


Con el pretexto de que, por seguridad y secrecía, la adquisición de equipo para la procuraduría debería hacerse de manera directa, los precios de cada producto se pagaron hasta en un 100 y un 150 por ciento arriba de su costo real.  Así sucedió con la compra de armamento, equipo de radiocomunicación, sistemas de videocámaras para seguridad, aparatos para interceptar, ilegalmente, llamadas telefónicas de la ciudadanía y equipos para detección de armas, drogas y dinero en carreteras, hoy desaparecidos por su inoperancia y el deterioro ante la mala calidad de cada uno de los equipos.

Y, como emblema de la gran corrupción racielista, la adquisición, en el 2010, de un helicóptero Bell-407 pagado a un sobreprecio de 33 a 46 millones de pesos, pero con dos facturas que al pagarse dos veces, se dispuso, indebidamente, de 55 millones de pesos sólo por ese concepto.

Con esas huellas tan evidentes ¿podrá Raciel explicar el origen de su cuantiosa fortuna?  La remodelación de la casa a Sandra “N” en Coahuila, con palapa y alberca, y a quien incorporó como asesora en la Procuraduría con un sueldo de 40 mil pesos mensuales. La remodelación de la casa familiar en Tonalá, muy lejos de la modesta vivienda que fue.  La compra de una casa en el fraccionamiento Los Tucanes de Tuxtla Gutiérrez, en donde las más barata ronda los 10 millones de pesos. El rancho de Villaflores, que pasó de la aridez a la más completa tecnología. Y el destino incierto de los bienes asegurados en vehículos, armas, dinero y ganado.

Todas estas tropelías, sumadas a los encubrimientos de homicidios y la persecución de inocentes que llenan las mazmorras de la procuraduría, serían suficientes para fincarle responsabilidad penal al Procurador por delitos oficiales.

El abuso se ha extendido hasta la disposición, indebida, de fondos del fideicomiso contra la delincuencia organizada.  Bajo el rubro y el pretexto de estímulos mensuales cercanos a los 15 millones de pesos premió a sus más cercanos colaboradores. Se suman a ellos los ilegales acuerdos de autorización de 400 mil, 250 mil, 500 mil y 230 mil, en vía de compensación, por operativos exitosos, como si los funcionarios de la Procuraduría trabajaran gratis. Todo esto se denunció desde el 2014 y quedó en la impunidad.

Con la designación de fiscales favoritos violó, permanentemente, la Constitución de Chiapas, que exige ser oriundos del estado.  De su pestilente establo sobresalen Sergio Iván Cruz Ledezma, originario del estado de Jalisco, suspendido, en la Procuraduría General de la República, por severas anomalías en el desempeño de su responsabilidad y el mismo que ocupó  siete fiscalías diferentes bajo el nombre de encargado ante la imposibilidad constitucional de nombrarlo legítimo titular.

Otro de los atracadores de la procuración de justicia fue Felipe Neri León Aragón, el famoso “Chino”, por sus rasgos orientales, a quien el fiscal López Salazar le permitió todo tipo de excesos cuando lo nombró en la  Fiscalía Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

Originario del estado de Oaxaca, el “Chino” se ufanaba de no tener freno, con el argumento de que cuando fue delegado de la Procuraduría General de la República en Coahuila, Raciel López Salazar había sido uno de sus subordinados.  A León Aragón se le imputan diversas veleidades.  A él y su esposa se le atribuyen más de 10 vehículos a su disposición y una treintena de agentes para seguridad personal y familiar, mientras la delincuencia en Tuxtla Gutiérrez avanzaba sin control.

León Aragón se convirtió en el principal protector de la delincuencia organizada de Chiapas.  Cámaras y organizaciones empresariales de la capital del estado le presentaron un cúmulo de pruebas y videos de cómo operaba la delincuencia y jamás investigó.  Al contrario, los protegió.  Quien esto escribe presentó evidencias de los videos de cómo en una de las zonas más exclusivas de Tuxtla Gutiérrez –las colonias Moctezuma y Arboledas- había agresiones en contra de clientes en bares y antros con homicidios en grado de tentativa.  Y, aun así, León Aragón en el silencio y la complicidad.

Sus subordinados siempre se quejaron de que el santo Felipe Neri mantenía una cauda de aviadores, con todos los beneficios, para cobrar y no trabajar, mientras que quienes si cumplían con su función eran hostilizados y obligados a acudir a audiencias a lugares remotos, de más de 100 kilómetros, pero sin el pago de viáticos y la gasolina correspondiente. Se entiende que León Aragón se quedaba con los gastos no entregados a los ministerios públicos.

Otro de los prototipos de la corrupción racielista fue el fiscal de homicidios, Alberto Sánchez, originario del estado de Nuevo León.  De él se dice que construye una mansión cercana a los 20 millones de pesos y la obligación de los agentes investigadores de cubrir cuotas mensuales asignadas selectivamente.  Sánchez también violó la Constitución al no ser chiapaneco de nacimiento.

El ejemplo del delincuente Raciel López Salazar fue seguido, puntualmente, por dos de sus más cercanos colaboradores: Sergio Iván Cruz Ledezma y Alí Reybel Arista Chávez, titulares de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos en materia de Secuestro, respectivamente.

El actual titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, está obligado a investigar el origen y destino de los fondos asignados al personal de ambas fiscalías como compensación a los servicios prestados por directores, subdirectores, ministerios públicos, policías y secretarios.

En la Fiscalía contra la delincuencia organizada, a cargo de Cruz Ledezma, durante 3 años se otorgaron 8 millones 820 mil pesos para compensar a tres subdirectores con 15 mil pesos mensuales y 20 ministerios públicos, a quienes se debieron de haber entregado 10 mil pesos mensuales que nunca recibieron.

La omisión se presentó también en la Fiscalía de secuestros, a cargo de Alí Reybel. Un millón 80 mil pesos para compensar a dos subdirectores con 15 mil pesos mensuales, simplemente, se quedaron esperando.  Lo mismo sucedió con 10 ministerios públicos con derecho a 10 mil pesos mensuales y 10 secretarios con 7 mil pesos que jamás llegaron a su destino para hacer un total de 7 millones 200 mil pesos.

Y en la dirección de la policía ministerial, la exclusión compensatoria fue más grave aún. Ahí, el director dejó de recibir 20 mil pesos mensuales, en tanto que 30 policías eran privados, de 10 mil pesos, es decir, una cantidad de 18 millones de pesos en total.

El destino de 27 millones 540 mil pesos es muy simple de investigar.  Basta con revisar la autorización de esos fondos y llamar a todo el personal para que manifiesten si recibieron alguna recompensa por sus servicios.

Así, el currículum delincuencial de Raciel López Salazar y cómplices que lo acompañaron es interminable.  Ampliaremos…

 

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