¿Quién permite el desalojo abusivo de familias en Alianza-San Bernabé?

Un caso con todas las agravantes en el que ni Fomerrey ni el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y ni la Presidencia de la República, han frenado el contubernio violatorio y de tropelía contra habitantes de escasos recursos

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Si, hoy, ninguna autoridad, la que sea, pero principalmente la estatal, es decir, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, o, directamente, el Gobierno Federal, interviene en el caso, este viernes, otras tres familias de bajos recursos serán desalojadas por la fuerza pública, sin orden judicial, de los hogares que desde hace dos décadas apenas pudieron pagar y que hoy, con escrituras en las manos, defienden.
El caso, al que al parecer nadie le ha querido entrar o han desdeñado porque tal vez la telaraña detrás de quienes lo ejecutan tiene muchos tentáculos, ya viene de años atrás, afectando, despacio, primero a un grupo, luego a otro, a habitantes de la Parcela 17, de la Colonia Alianza San Bernabé, ejido denominado San Bernabé Topo Chico.
Los desalojos los conduce y empuja, principalmente, dirá que con la resolución de un juez, Benjamín Rodríguez Anzures, abogado conocido, junto con Ramón de Jesús Mata Sierra, quienes actúan como apoderados de quienes se hacen pasar como dueñas de los terrenos, María Inés Alvarado Cárdenas y Verónica Guerrero Martínez.
El grupo de “despojadores” no ha tenido prisa, pues el conflicto lo han ido ampliando, a fin de ir sembrando el miedo y la preocupación en los habitantes de la Parcela 17. Cada cierto tiempo, un grupo de policías va y saca por la fuerza a una, dos o tres familias.
Los puntos a resaltar en este largo episodio de arbitrariedad y tropelía son, entre otros, que Rodríguez Anzures fue funcionario del propio Fomerrey; extrañamente, el organismo hace como que asesora y ayuda a los demandantes, pero los desalojos continúan.
El carácter abusivo de quienes perpetran el desalojo de las familias, que ante autoridades han presentado las escrituras con las que avalan ser legítimos propietarios, inicia desde el escritorio de un juez, a quienes se les debe revisar su actuación, pues solapan, con fallos inverosímiles, acciones injustas y de atropello contra quienes por su propia situación económica y social se quedan sin defensa alguna.
El abogado Rodríguez Anzures, señalan fuentes, es un experto, por años, en cuestiones inmobiliarias, sobre todo por haber pasado por Fomerrey y llevar casos de escrituración y desalojos, legales o no, pero además por sus contactos políticos, que rebasan Nuevo León.
El conflicto de la Parcela 17 no es nuevo. Data de cerca del año 2000. El terreno donde se fincaron cerca de 150 viviendas fue vendido, desde 1998, por el señor Dionisio Moreno Cortez, ya fallecido, y su esposa, la mencionada señora Alvarado Cárdenas.
Quienes ahora son desalojados sin la defensa de ninguna autoridad poseen documentos en los que se acredita que están en posición de escriturar -ya muchos lo hicieron- ante Fomerrey.
Alvarado Cárdenas ha desconocido la operación que hace dos décadas realizó su esposo y ahora pretende recuperar los terrenos ya acreditados a muchas familias para realizar una nueva venta de los mismos.
El caso es grave y no debe ser ignorado por ningún gobierno. De acuerdo a los denunciantes, por órdenes de Rodríguez Anzures, el Grupo Especial Antimotines de la Fuerza Civil, sin orden judicial alguna, ha procedido a desalojar a los habitantes de las viviendas.
Este martes, uno de los afectados, Federico Pedro Domínguez Enríquez, acudió a Palacio Nacional a interponer una queja ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no logró su objetivo.
Él mismo dijo que el pasado 31 de enero entregó la petición de ayuda al Presidente de la República en Cedral, San Luis Potosí, pero ni así alguien ha puesto atención a este grave caso de abuso y arbitrariedad.
Por ahora, son 112 familias las que aún quedan en riesgo de sufrir desalojo a la fuerza y sin orden judicial.
Habrá que preguntarse qué hace Fomerrey para defender a los afectados, y si el organismo, que nació hace medio siglo para ayudar a familias de bajos recursos, no requiere, ya, de una o varias auditorías. Pero también saber qué piensa el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, de estos arbitrarios desalojos.
Es urgente, según la desesperación de las familias, que paren los desalojos y la intimidación.
Si hoy no interviene alguna autoridad con suficiente valor ético y moral, mañana viernes quedarán sin casa, y sus pertenencias en la calle, Federico Pedro Domínguez Enríquez, Pedro Rivera Lucio y Tomasa Puente Nerio.
En principio, pregunto, ¿dónde está el Gobernador de Nuevo León?

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@RobertoCZga

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