‘Ley Garrote’ contra manifestantes; la prensa libre niega someterse a la seudotransformación

Prohibir manifestaciones en Tabasco es el primer paso para reprimir protestas contra la 4aT. Es claro el mensaje del presidente al tratar de argumentar su fundamentalismo en ciertos pasajes de la historia de México: Quien no está conmigo, está contra mí, pero son otros tiempos, no los de Porfirio Díaz o Victoriano Huerta

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El presidente López Obrador asegura que la modificación a la legislación de Tabasco llamada “Ley Garrote”, que penaliza las manifestaciones, es para evitar la extorsión de un grupo que cobraba 500 mil pesos semanales para dejar libre el acceso a ciertas instalaciones de Pemex.
El trasfondo es otro.
El gobernador de Morena, Adán López Hernández, envió la iniciativa y fue aprobada por el grupo supradominante parlamentario de su partido, pero dice Andrés Manuel, en la conferencia de este lunes, que el mandatario estatal no la explicó
En esencia, el mensaje de la ley es que cualquiera que realice manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras, o impida la ejecución de obras públicas o privadas, será penalizado y metido a la cárcel de 10 a 20 años.
Este tipo de andamiaje preventivo siembra el antecedente para elevarlo a nivel nacional y es funcional para reprimir, en el futuro, a la oposición que se manifieste, en las calles, contra la Cuarta Transformación (4aT) o contra los proyectos de esta, así sean transgresores de la ecología, de los derechos humanos, de comunidades, o protestas contra Andrés Manuel López Obrador.
El discurso se centrará en que en ningún momento pretenden prohibir o suprimir las manifestaciones; es una verdad a medias, ya que los hechos le quitan la efectividad que utilizaron, durante 18 años, los ahora morenistas en plantones, bloqueos a vías federales de comunicación, el Plantón de Reforma, toma de pozos petroleros en Tabasco, tal como lo hizo López Obrador.
El argumento del presidente sirve para esterilizar las protestas, para endulzarlas, o los atrevidos serán encarcelados. Es un remedo de la bota impuesta por Francisco Franco en España y por Augusto Pinochet en Chile, por dar dos ejemplos.
La cura en salud es necesaria por los alarmantes primeros síntomas de ineficacia e incompetencia de la 4aT en el ejercicio de gobierno.
En las últimas 72 horas, López Obrador se ha dedicado a tratar de consolidar, sin éxito, el por qué de sus ataques a la libertad de expresión contra la revista Proceso; lo ha hecho, infinidad de veces, apuntando al periódico Reforma.
Argumenta el presidente que el periodismo que NO toma partido, en específico al lado de sus propósitos transformadores, es inmoral, es de “cómoda observación y reporte de la realidad”, bajo el pretexto de la independencia editorial. “Por eso tenemos diferendos con esa revista”, dijo en la conferencia de este lunes.
Ironías del destino, Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer García (fundador de Proceso), fue nombrado, por AMLO, Director Jurídico de Presidencia y es hermano de la accionista principal de la revista, María Scherer Ibarra (entiendo que representante de la masa accionista de los hermanos), esposa de Juan Ignacio Zavala, hermano de la ex candidata presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo. María y el director editorial, Rafael Rodríguez Castañeda, aseguran que en ningún momento los Scherer meten mano en la política editorial.
La muralla infranqueable de la realidad hace que el gobierno autodefinido como “cambio de régimen” tome precauciones por la infinidad de yerros, malas decisiones y reacciones que ha provocado dentro y fuera del país, precauciones de grandes alcances, como reprimir las manifestaciones públicas efectivas y dinamitar la libertad de expresión de medios de comunicación incómodos, los que no piensan como López Obrador.
Las calificadoras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, corporativos como Citibanamex, de Citigroup, el periódico Financial Times de Londres y más, ven con amenazante claridad esa realidad, pero el presidente no puede hacer gran cosa allende sus fronteras.
Como contragolpe, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, teje un club latinoamericano, tipo países del Alba, con el pretexto migratorio, donde Nayib Bukele, de El Salvador, Orlando Hernández, de Honduras, y Jimmy Morales, de Guatemala, suscriben compromisos con el gobierno mexicano a cambio de partidas anuales de 90 millones de dólares (1,800 millones de pesos) del Fondo Yucatán.
Es muy claro el mensaje del presidente al tratar de argumentar su fundamentalismo en ciertos pasajes de la historia de México, a conveniencia: Quien no está conmigo, está contra mí, pero son otros tiempos, no los de Porfirio Díaz o Victoriano Huerta.

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