¿Peña, Eruviel y Ruiz Esparza, en manos de Topete y Díez?

El empresario y su socio utilizan a OHL para evitar la permanencia del PRI en la Presidencia, en el 2018, y en el Estado de México

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Los viejos dirían que el gobierno mexicano ve la tempestad en Sudamérica y no se arrodilla, o que, peor aún, no pone sus barbas a remojar después de ver el insólito caso de Lula da Silva, el legendario luchador social, orgullo de la izquierda mundial, declarando ante un juez con un pie en la cárcel, y con el otro a punto de ingresar, acusado de haber sido supuestamente beneficiado, con cantidades multimillonarias, por la empresa Odebrecht.

Algo similar podría ocurrir en México si la PGR no toma en serio el cruce de acusaciones entre las empresas Infraiber y la española OHL, y de una vez por todas ventila en tribunales si es cierto o no lo que una dice de la otra, y viceversa.

De hecho, las varias averiguaciones previas resultado del enfrentamiento entre ambas empresas podrían ser tema del Tribunal Federal Electoral y contaminar el proceso presidencial de 2018, que está por iniciar, e incluso las elecciones a gobernador del Estado de México, a realizarse el próximo 4 de junio.

LA ‘CONSPIRACIÓN DE ESTADO’

Un par de empresarios vivales, Pedro Topete y Paulo Díez (éste empezó siendo su abogado y ahora es, además, su socio y publirrelacionista), utiliza a la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL) para evitar la permanencia del PRI en la Presidencia de la República en el 2018 (que apenas recuperó en 2012), y lo hacen, ahora mismo, en las del Estado de México.

Han aprovechado a OHL para acusar al Presidente Peña Nieto de encabezar una supuesta “Conspiración de Estado” para financiar campañas políticas del PRI a partir de 2011, cuando Eruviel Ávila inició la campaña para gobernar el Estado de México; esto incluiría además, la de Alfredo del Mazo y las presidenciales de 2012 y 2018.

La hipotética “Conspiración de Estado”, planteada como “hipótesis razonable” por Paulo Díez en una entrevista a Carmen Aristegui en enero pasado, que estaría financiada con recursos multimillonarios aportados por OHL, fue retomada, sin investigación previa, por el aspirante a una candidatura independiente presidencial, Emilio Álvarez Icaza. Por esta razón, el tema podría llegar al Tribunal Federal Electoral.

OHL anunció que lo llevaría a tribunales para que pruebe que ha financiado y financiará las campañas electorales del PRI en el Estado de México y las Presidenciables.

Por lo pronto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emplazó a OHL a informarle si es cierta o mentira la acusación de Álvarez Icaza; la empresa española enviará la respuesta este martes.

Peor aún, el último triunfo de Topete y Díez ante la inexplicable inmovilidad del Ministerio Público de la Federación para actuar en su contra, dada la acumulación de denuncias y pruebas incriminatorias por su proceder fraudulento en  agravio del gobierno federal y mexiquense, de su ex socia Guadalupe Gallego y de la emblemática empresa mexicana de la construcción Ingenieros Civiles Asociados (ICA), desde el primer día de noviembre del año próximo (ya que el actual sexenio concluirá el último día de octubre de 2018, conforme a la reforma constitucional), no hay duda que buscarán llevar a prisión al Presidente, al gobernador mexiquense y al secretario de Comunicaciones y Transportes.

Imposible entender por qué nadie en el gobierno parece advertir el peligro que corren Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Gerardo Ruiz Esparza.

Todo parece indicar que el abogado Paulo Díez goza de una red protectora de amistades en el gabinete del Presidente de la República, en la que destacan José Antonio Meade, Luis Videgaray y Virgilio Andrade, por lo menos, así como el ex secretario de Comunicaciones de Felipe Calderón, Dionisio Pérez Jácome (protegido en el servicio exterior por Meade y Videgaray, y en cuya gestión obtuvieron la concesión del ferrocarril “La Bestia”), y otros muchos funcionarios de la Secretaría de Hacienda de los que fue compañero en el Fobaproa.

De la red protectora quizás debamos descartar a la ex procuradora y actual secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, pues, al parecer, una de sus hijas ni siquiera conoce a la del socio de Topete.

El gobierno mexicano parece ignorar que en el sur del continente, la política gira en torno a una empresa, Odebrecht, cuya presunta proclividad corruptora ha llevado a tribunales a Lula da Silva; en similar situación están unos 83 políticos del partido del ex Presidente de la República brasileña, el de Los Trabajadores (PT).

Las investigaciones involucran también a seis ministros del Gobierno que sucedió a Dilma Rousseff; los dos últimos candidatos presidenciales de la oposición, Aécio Neves y José Serra; a los presidentes del Congreso y del Senado; a 29 senadores y 40 diputados; a dos ex candidatos presidenciales y al también ex presidente Cardoso.

INDEFENSIÓN INEXPLICABLE

La corrupción de Marcelo Odebrecht se habría extendido, de Brasil, a Perú, Argentina, México, Venezuela, República Dominicana y Panamá.

Insisto: La indefensión del gobierno mexicano es inexplicable; la ex procuradora Gómez y su sucesor, Raúl Cervantes, ofrecen la impresión de ignorar que Topete y Díez se encuentran denunciados, ante la PGR, por extorsión, entre muchos otros delitos, pero además, el 7 de marzo de 2016, IMPACTO La Revista reveló la situación insólita del principal personaje en esta averiguación previa, Pedro Topete Vargas: “…las autoridades se enfrentan al enigma no sólo de su paradero, supuestamente en Miami, sino, incluso, de su apariencia física, debido a que pese a ser un empresario reconocido en las altas esferas políticas y económicas, y causante de sonados escándalos a costillas de políticos mexicanos, es cuidadoso, en grado extremo de aparecer en público o ser fotografiado”.

“Lo único que saben las autoridades de este misterioso hombre que negoció con ICA la venta de la millonaria concesión de la autopista Río de los Remedios en condiciones muy poco claras para la empresa y para el Estado de México, y que a pesar de su inexperiencia en el sector compró de forma muy poco clara a una empresa norteamericana -en litigio con la SCT por incumplimiento de concesión-, los derechos de explotación comercial de un tren, y que ha sido acusado de montar una bien orquestada campaña de descrédito contra el consorcio español OHL, es que nació en la hoy Ciudad de México el 31 de agosto de 1970”.

IMPACTO reveló que de este personaje que no se ve, pero que se siente, sólo se conoce una fotografía de su pasaporte que circula en redes sociales y, a partir de ese 7 de marzo de 2015, la que publicamos en estas páginas.

LA AMENAZA DE EXTORSIÓN

En su momento, funcionarios de OHL acudieron a la PGR para denunciar que Topete contactó con ellos para pedirles lo ayudaran a recuperar un contrato que les canceló el gobierno del Estado de México o, de lo contrario, les lanzaría ataques en prensa que minarían el prestigio de la empresa, cosa que ha venido ocurriendo.

Fuentes de la PGR confiaron a este reportero haber acreditado que Topete contactó a representantes de OHL para demandarles más de 500 millones de dólares a cambio de no provocarles un escándalo mediático y político, además de fincarles responsabilidades penales. No se concretó a eso, sino que presentó un documento que contiene sus exigencias.

En esa época no hablaban todavía de la supuesta “Conspiración de Estado”.

Una de las tantas curiosidades de este caso, que tiene contra la pared al gobierno mexicano, consiste en que, no obstante ser accionista de 23 empresas, que ha promovido al menos 10 amparos indirectos, dos amparos directos, tres en revisión, una queja, un proceso civil y administrativo, y varios procedimientos administrativos y civiles en segunda instancia, poco se sabe de él. Nunca se presenta personalmente a realizar los trámites, sino que es representado por su abogado, Paulo Díez, que de ganar 120 mil pesos mensuales se convirtió en socio de Infraiber.

¿Cómo explicarse la ausencia sistemática de Topete si la mayoría de los contratos logrados en dependencias de gobierno, casi siempre al final de las administraciones, implican a funcionarios del Estado de México y de la Secretaría de Comunicaciones del sexenio anterior?

Por ejemplo, en los últimos días del gobierno de Calderón, la SCT, que encabezaba Dionisio Pérez Jácome, reconoció la transferencia de la concesión del ferrocarril conocido como “La Bestia” y se la extendió por un periodo de 50 años, a pesar de que la empresa de Topete no acreditó capacidad financiera, técnica ni experiencia en el ramo, un tema de la mayor gravedad por lo que representa para la seguridad nacional, pero si esto es sorprendente, lo es más aún que la empresa de Topete, en la que es socio Díez, Tecnología Aplicada Infraiber S. A., obtuvo en marzo de 2011, con apenas 90 días de haber sido creada (en diciembre de 2010) y un capital social de apenas 50 mil pesos, un contrato multimillonario, en el Estado de México, para monitorear el flujo de vehículos en autopistas.

EL FACTOR MANUEL ORTIZ GARCÍA

La asignación del contrato la hizo Manuel Ortiz García, quien fue director del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), y cuyo hijo es funcionario en la empresa de Topete.

La pregunta que hicimos entonces fue: ¿Manuel Ortiz García actuó con o sin autorización?

IMPACTO obtuvo, entonces, la confirmación de que el actual Secretario de Comunicaciones del gobierno del Presidente Peña Nieto, Ruiz Esparza, se desmarcó de Ortiz; de hecho, “nunca fue del equipo”, y la prueba es que debido a su conducta descarada a favor de Topete, cuando trabajaba en el gobierno mexiquense, no se le incorporó a la SCT federal.

El documento firmado por Márquez a favor de Infraiber autorizaba cobrar 25 centavos por vehículo contado en las autopistas, siendo que la tarifa internacional es de 5 centavos; después le autorizaría cobrar 50 centavos.

El contrato fue cancelado, en 2013, por el gobierno de Eruviel Ávila, entre otras irregularidades, porque se detectó que Infraiber no instaló ni una sola cámara en el Circuito Exterior Mexiquense, obra concesionada a OHL; además, no tenía un domicilio formal de operaciones y actividades.

En marzo, autoridades mexiquenses confirmaron a IMPACTO estar negociando un acuerdo con una empresa internacional especializada y líder en el mundo en monitorear el flujo de automóviles que cobraría 3 centavos por vehículo.

A raíz de la cancelación del contrato, valuado en 4 mil millones de pesos, Pedro Topete culpó a OHL y la amenazó con un “gran escándalo mediático” si no intervenía ante el gobierno de Eruviel para que le devolviera el negocio.

Como saben los lectores de IMPACTO, el gobierno mexiquense se negó y consecuencia fue que Topete pidió 500 millones de dólares a OHL para no armarle el escándalo prometido. Lo más nuevo es que Topete ya no quiere 500 millones de dólares, sino que se conforma con 100 millones.

A partir de entonces, a través de Paulo Díez, utilizó a los medios de comunicación mexicanos que no desperdician pretexto para zaherir al gobierno de Peña Nieto para, de esta manera, presionar a OHL.

Por el escándalo, a base de grabaciones clandestinas de conversaciones telefónicas entre funcionarios de OHL y el gobierno, las acciones de la empresa española perdieron valor en la Bolsa Mexicana de Valores, además, el Consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información Joel Salas hizo suya la cruzada de Topete y Díez.

La reacción de OHL fue interponer, en la PGR, denuncias penales por espionaje telefónico, extorsión y una más, en juzgados civiles, por daño moral.

En su declaración en la PGR, el abogado de Topete dijo que éste no se encontraba en el país y presentó varios amparos para retrasar las investigaciones; le fueron negados y se encuentran en revisión.

TUMOR EN LAS POSADERAS DEL GOBIERNO

En su vida empresarial, Topete ha enfrentado 34 litigios entre 2004 y 2014, así como un amparo en materia penal en 2011; siempre ha aparecido como “demandado” en casos mercantiles y laborales.

Algunas demandas fueron promovidas por Guadalupe Gallego Ochoa, su ex socia, quien también interpuso dos en Estados Unidos.

En las empresas con que está vinculado, Pedro Topete aparece como accionista o apoderado, o representante legal, o presidente del Consejo.

Hasta finales de 2014, Topete tenía un perfil empresarial muy discreto, hasta que se dio a notar por sus participaciones en la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (2007-2012) y la autopista Río de los Remedios (en 2007 formó consorcio con ICA al venderle a ésta el 50 por ciento de las acciones de Viabilis Infraestructura, otra de sus empresas).

En 2014, dos empresas vinculadas a Topete estuvieron envueltas en la polémica: Corporación de Ingenieros Civiles y Arquitectos Mexicanos S. A. de C. V., fue sancionada con multa y suspensión de dos años por incumplimiento de contrato con el ISSSTE, y el Consorcio ICA-Viabilis Infraestructura en Los Remedios fue acusada por trabajos incompletos en la obra.

En su vida personal, Pedro Topete tiene vínculos importantes en el Estado de México, ya que su primo Enrique Gómez Bravo Topete fue secretario de Salud en el gobierno de Arturo Montiel y actualmente es delegado del IMSS en la misma entidad.

Todo indica que por esa vía se le abrieron oportunidades para que se le asignara de manera directa, y en total opacidad, la concesión del Río de los Remedios.

Tecnología Aplicada Infraiber fue creada, en diciembre de 2011, por dos empresas, Administradora Accionaria Infraiber y Control Accionario Infraiber, cuya creación también data de diciembre de 2010.

Los accionistas son Omar González Nuncio, quien, además, es el apoderado único, y María Isabel Pons Hinojosa. El primero está casado con Gabriela Topete Vargas, hermana de Pedro; la segunda es Comunicóloga del ITESEM, profesora de la UVM de Toluca y fue directora general adjunta de la empresa ferrocarrilera Chiapas-Mayab (“La Bestia”).

En las estructuras de las empresas destacan Pedro Topete, Omar González Nuncio, Sergio Germán Arroyo Rodríguez (contador y asesor de Viabilis), Francisco Pérez Solís (ex funcionario del SAASCAEM entre 2004 y 2007) y Ricardo Gómez Bravo Topete.

Jorge Iván Ortiz Blancarte, coordinador de Proyectos en Viabilis Holdings, enfrenta un problema legal con la SCT por usufructuar, ilegalmente, la concesión de “La Bestia”; es hijo de Manuel Ortiz García, quien fue director del SAASCAEM en 2011, cuando entregó el contrato de monitoreo de flujo vehicular a Infraiber. Él firmó el convenio. Ortiz García fue nombrado por Eruviel Ávila secretario de Agua y Obra Pública, pero fue cesado, sin explicación alguna, en junio de 2015.

Este es un resumen sucinto de cómo Pedro Topete y Paulo Díez se han convertido en tumor en las posaderas de los gobiernos de Peña Nieto y Eruviel Ávila, al grado de acusarlos de una “Conspiración de Estado” para financiar, a través de OHL, las campañas electorales del PRI desde 2011.

Si Raúl Cervantes no es capaz de cumplir con su deber, a pesar de contar con tanta información, como no lo hizo antes Arely Gómez, pronto presenciaremos la persecución de Peña Nieto, Eruviel y Ruiz Esparza con acusaciones sin fundamento, como ya lo dijo OHL al anunciar que procederá contra Álvarez Icaza y como, seguramente, lo hará este martes, en respuesta al emplazamiento informativo de la SCT.

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