Partidos, no negocios turbios

Sismo puede servir para dar curso a un cambio político de fondo

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¡El sismo sacudió también nuestra pasividad e indolencia política! Frente al dolor y sufrimiento de quienes perdieron a familiares, amigos, conocidos, y las víctimas o testigos de la caída de sus viviendas o centros de trabajo, la reacción primaria y noble de la sociedad fue la de apoyar directamente al rescate para salvar vidas o contribuir con dinero o bienes necesarios para aliviar el vía crucis de quienes padecían directa o indirectamente los efectos del intenso temblor. La segunda reacción fue la de preguntarse ¿cuánto cuestan? los partidos políticos, los organismos electorales, las campañas y los representantes populares en los órganos legislativos y cómo corresponden al beneficio que supuestamente todos ellos deben prestar a la ciudadanía en condiciones normales y, mucho más, cuando los desastres se presentan como inevitables.

Fue unánime el reclamo contra los partidos y su burocracia; contra los órganos de representación locales y federales que en ocasión de la próxima elección de 2018 exhiben con impudicia los exorbitantes presupuestos de que se disponen a disfrutar. La voz del pueblo se unificó en una sola demanda: Si no regresan lo que han dilapidado o de lo que indebidamente se han apropiado que, por lo menos, no se les entreguen los cuantiosos recursos que hoy se necesitan para salvar vidas o aminorar la tragedia de quienes perdieron todo lo que tenían y cayeron en desamparo.

El argumento político más socorrido entre los líderes y dueños de los partidos es que un régimen democrático exige un subsidio gubernamental a cargo del pueblo, para que éste reciba los beneficios de su gobierno o los órganos de representación, porque serían los partidos obligados a ese cumplimiento, vigilando responsablemente el correcto uso de los recursos públicos y erradicando cualquier desviación de los mismos. Lo que hoy queda al descubierto en este cuadro de drama nacional, es el que no hay tal beneficio para el pueblo por el contrario, resulta que, si el partidismo oficial costaba tanto al pueblo, hoy esa exacción se ha multiplicado por el costo de los múltiples partidos que se registran para cubrir las apariencias y de los tradicionales que se repartían el botín, sin que se avance un milímetro en la recuperación de saqueos y, mucho menos, en cuanto a la eliminación de la impunidad que se ha extendido a favor de todos los colores partidistas.

Sin embargo, no vayamos a caer en otra falsa valoración en el sentido de que los partidos en su recto sentido, de medio de agrupamiento y ejercicio de derechos políticos, no sean necesarios ni esenciales para la democracia. Tal conclusión sería peligrosa porque limita el potencial de los ciudadanos hacia una representación auténtica y a favor de un espacio para el desenvolvimiento y maduración nacional. ¡No! Lo que se está pidiendo sin excusa ni pretexto es que se supriman “los partidos como negocios” que medran con una función indispensable que lejos de propiciar la mejoría de la vida política, la denigran y envilecen. Si algo es urgente en México es rescatar la institución partidista para que esta sea verdadera escuela y práctica de la democracia con sustento ético, que no es otra cosa que la que sirva al bien de todos los mexicanos.

Existe el mito que cultivan todos los que viven de la partidocracia y que es el de la necesidad de que los partidos gocen de cuantiosos ingresos públicos y que los organismos electorales crezcan su burocracia al infinito. Si el partido es una asociación ciudadana voluntaria, sus integrantes deben serlo en el concepto de cumplir su deber cívico, no vivir a expensas de esa actividad. Cierto, el partido necesita recursos, pero estos deben ser mínimos y aportados por sus militantes y sólo complementariamente por el gobierno para difundir sus propuestas con candidatos y llevar a cabo sus reuniones de propaganda y deliberación. Más allá de esto es pervertir la política para la compra de votos como hoy sucede.

El Partido Acción Nacional tuvo su mejor época de servicio a México hasta el momento en que recibió subsidios del gobierno. Pocos recuerdan que en 1982 sin subsidios con Pablo Emilio Madero como candidato a la Presidencia obtuvo más votos que seis años después (1988) con “Maquío” Clouthier quien ya contó con apoyo económico ilimitado, tanto de origen público como privado. Además, la voz y el peso del PAN eran decisivos en el gobierno del país cuando la oposición era reconocida por su honorabilidad. Más adelante, cuando este partido recibió fondos públicos, su papel, aun ganando hasta la Presidencia de la República con Fox y Calderón, lejos de haber sido ganancia para los mexicanos se igualó en una carga más en el retraso económico social y político de la nación porque se mimetizó con sus anteriores adversarios priístas.

La conclusión es obvia. Los partidos deben ser independientes de cualquier influencia económica oficial o particular. Sólo así cumplirán con su alta función de ser opción para integrar gobiernos democráticos, honestos y progresistas. Este sismo que tanto dolor ha causado puede servir para dar curso a un cambio político de fondo para rescatar la verdadera política y militancia partidista.

 

 

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