Nueva Constitución capitalina

Celebración de su promulgación lleva a hondas reflexiones; de reconocerse mérito del rescate de la jerarquía constitucional de la Ciudad de México y la supresión del anodino Distrito Federal, de tufo burocrático

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La celebración de la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México al cumplir su primer año, nos lleva a hondas reflexiones. El balance, como lo señaló Miguel Ángel Mancera, es de dimensión histórica. Se pensaba simplemente imposible que el gobierno federal y su partido soltaran la capital de la República a sus ciudadanos. La inclinación monárquica sexenal reiteraba que, siendo la sede del gobierno federal, la ciudad, primera capital de la gran Tenochtitlan y de la Nueva España, no podía cambiar su condición supeditada a la plena autonomía en un régimen republicano. Fue hasta 1997 que una tibia reforma a la Constitución en su artículo 122, posibilitó el primer paso para que la población eligiera a su jefe de Gobierno por voto popular, acabándose la tradición del regente nombrado por el Presidente de la República.

Cuauhtémoc Cárdenas abrió camino y el pueblo se fue emancipando, hasta no dejar más alternativa, aun con el cambio de partidos a nivel del Ejecutivo federal, que exigir la absoluta condición igualitaria con el resto de los estados de la República. Se había logrado romper la inercia, pero todavía faltaba la conquista de la integración del entonces Distrito Federal como una entidad federativa, para sumar las 32 en la nueva configuración federal de la nación, sin territorios centralizados a cargo de la Presidencia de la República. La lucha se reemprendió y la reforma política no se detuvo. Se requería tener un verdadero Congreso estatal, en lugar de una acotada asamblea para conseguir la mayoría de edad de sus ciudadanos.

La importancia de ello no todos la advertían, hasta que se consumaron las reformas de las llamadas estructurales o neoliberales que intentaron Fox y Calderón pero que al fin logró Peña Nieto, como fue la del artículo 27 constitucional, que se conoce como “la energética”, que fue el siguiente paso para enterrar el último vestigio de soberanía que habían ido logrando las privatizaciones anteriores. De haber habido un Congreso verdadero, democrático, en la capital de la República, la reforma no se hubiese conseguido. Imaginemos el proyecto de entonces a principio del sexenio, que logró el “Pacto por México”, en el que se subieran al carro del Ejecutivo federal todos los partidos, incluyendo los de oposición y aprobaran la reforma energética con gran júbilo, consiguiendo así, la inmediata sumisión de las dos terceras partes de los congresos estatales, que tenían que respaldar la reforma constitucional y que cayeron como fichas de dominó por orden de sus dirigencias partidistas.

En la Ciudad de México, donde se dio el más relevante debate sobre la reforma y en todos los espacios públicos (universidades, prensa independiente, sindicatos libres, etcétera), se vertió información suficiente para probar las graves consecuencias para el país de tal decisión. Sin embargo, nunca se tuvo una instancia de poder popular, como por excelencia es un Congreso estatal independiente, para oponerse a ello y dar el ejemplo a otros congresos estatales que no habían, como aquí, tenido la presencia de la presión ciudadana para actuar, a fin de hacer imposible la reforma al texto constitucional federal. En todo el país, la capital es siempre un referente que puede seguirse, si lo respalda una razón y una convicción limpia nacionalista.

Por eso, en la conmemoración del primer aniversario de la Constitución de la Ciudad de México, debe reconocerse el mérito del rescate de la jerarquía constitucional de la Ciudad de México y la supresión del anodino Distrito Federal, de tufo burocrático, pero, sobre todo, reconocer el peso político de la capital con un Congreso como el de cualquier estado, pero con la significación de que, siendo la fuente y la síntesis histórica y política de la nación, su ascendiente en el territorio nacional tendrá que ser un factor decisivo de avance en la conciencia democrática y soberana de toda la patria.

Por ello cobró mayor importancia el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en la ceremonia conmemorativa, porque conjuntó la obra maestra legislativa de hace 101 años en Querétaro, con este logro capitalino para promulgar un acuerdo constitucional de vanguardia, con la consagración de derechos fundamentales de buen gobierno y de una excelente administración, desde luego, sin desconocer los retos que significan para todo el país los retrocesos sufridos en el ordenamiento nacional, que ha sido rebasado por los intereses sectarios y de compromisos con el extranjero, antes que los de los primeros e imprescindibles intereses de los mexicanos. Eso, lo que concluyó, debe interpretarse como la obligación a revertir esas regresiones como una de las causas más excelsas de la capacidad de los capitalinos para llevar a México a caminos de justicia social y progreso compartido que toda democracia requiere para existir y crecer en el concierto nacional.

Seguramente todos los que escuchábamos a Cuauhtémoc Cárdenas, lo ubicábamos en las protestas contra la reforma energética, convocando a la ciudadanía a resistirnos a ellas, presagiando lo que ocurriría más temprano que tarde, cuando ya es obvio que el país está dependiendo de la importación de los energéticos para sobrevivir, cuando irrumpe en Estados Unidos, Donald Trump que será capaz de cerrarnos las fronteras para traer combustibles, sin necesidad de invadirnos para tener como sus títeres, a los gobernantes mexicanos. Esta dependencia energética, como la corrupción incontenible que se trasladaba a una videncia infernal, es el más negro presagio a lo que deberemos enfrentarnos los mexicanos de todos los rumbos, empezando por los capitalinos.

 

 

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