Meade no será el primer Presidente sin fuero

Antes que la propuesta del abanderado presidencial de la coalición Todos por México, el Congreso acumuló unas 40 iniciativas en el mismo sentido, con todo tipo de orígenes

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No es crimen ni tontería, como dirían Fouché o Talleyrand, sino precaución, de la clase política, del riesgo de que un autócrata tome el poder, como puede ocurrir, lo que pudo haber determinado que la desaparición del fuero constitucional espere mejores tiempos.

El tiempo se estrecha y las noticias se amontonan. Me cosquillean las manos para meterme en varios temas, pero prefiero concentrarme en el destino de la gran oferta de José Antonio Meade de ser el primer Presidente que no goce de fuero: El bote de la basura.

Y no se malentienda. El candidato a la Presidencia del PRI, Verde y Panal, no es el primero, ni el único, que busca lucirse con despojar del fuero constitucional a cualquier fulano, pero también al Presidente de la República.

Antes que la de Meade, el Congreso acumuló unas  40 iniciativas en el mismo sentido, con todo tipo de orígenes, pero como estamos en tiempos electorales, a alguien se le ocurrió que bien vale la pena poner en riesgo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, diputados federales o locales; senadores, gobernadores, etcétera, a cambio de unos puntos en las encuestas.

Y, de pronto, la Cámara de Diputados, que, por consigna, puede ganar una carrera de 100 metros en tiempo récord o dejarse rebasar por una tortuga, aprobó, por unanimidad, echar el fuero al bote de la basura.

La cruda realidad es que los promotores de la desaparición del fuero deberán esperar otros tiempos, a menos que a alguien se le ocurra dotar de más de 24 horas al reloj legislativo, como ha ocurrido, infinidad de veces, en el pasado.

Para decirlo de otra manera, Meade se quedará con las ganas de colgarse la medalla, y no porque, según las encuestas, Manuel López Obrador y Ricardo Anaya ganarán las elecciones y él no habitará en Los Pinos, sino porque la ley antifuero no tiene destino, no obstante que los diputados la votaron por unanimidad.

La Cámara Baja incurrió en la lamentable y quizás inexplicable (creo que realmente explicable) omisión de no considerar en la minuta aprobada a los órganos autónomos (Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional Electoral, etcétera), que también gozan de fuero, de tal suerte que a los senadores no les queda otro remedio que ordenar el proceso legislativo en sentido inverso, es decir, aprobar algunos puntos de la minuta, pero regresarla a la Cámara Baja para subsanar esta omisión y otras minucias nada irrelevantes.

Es decir, nadie podrá culpar a los senadores de enmendar la plana a los diputados, y tampoco algún despistado, de los que hoy abundan, tendrá derecho a esgrimir teorías conspiratorias en el sentido de que se impuso la consigna de cuidar la libertad de algunos funcionarios, del Presidente Peña Nieto para bajo, porque, al final de cuentas, la ley no es retroactiva, como manda el 14 constitucional.

Ocurrió, simplemente, que nadie se percató de que la Constitución dispone también que gozan de fuero los órganos autónomos y los diputados aprobaron despojar a todo el que se mueve, menos a quienes integran esas instituciones de valor incalculable para la vida democrática del país.

Debemos esperar el primer periodo de sesiones de la siguiente Legislatura (la que iniciará sesiones en septiembre, 3 meses antes de la toma de posesión del próximo Presidente de la República) para que el tema del fuero sea revisado, nuevamente, por las comisiones legislativas y votado, en todo caso, en el pleno de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Para entonces, ya calmados los ánimos y con un nuevo mandatario, y otro equilibrio de fuerzas en la arena legislativa, se tomará la decisión de obsequiar o no, a un autócrata o a un demócrata, el desmesurado poder de meter a la cárcel al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a los otros 10 ministros, a cualquier consejero del INE, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al auditor superior de la Federación, a diputados locales o federales, y a senadores, para no decir más, que no se plieguen a sus deseos.

Ya Diego Valadés, una de las pocas inteligencias preclaras que queda al país, había advertido la sinrazón de despojar al Presidente en funciones, quien sea, como se llame o cual sea su origen partidista, de la protección constitucional, pues cualquiera podría acusarlo de todo tipo de delitos, con pruebas o sin ellas,  con las consecuencias previsibles para la gobernabilidad, la parálisis una de ellas.

Imagino que porque el candidato priísta, José Antonio Meade, tiene necesidad de ganar puntos y simpatías del electorado, y porque se sabe impoluto y, en consecuencia, no tiene temor a ser perseguido, se apresuró a impulsar el despojo del fuero a todo aquel que se mueva en el gobierno, pero lo cierto es que la inexistencia de la protección constitucional a ciertos funcionarios puede ser, desde donde se le vea, una tentación para un dictadorzuelo tropical, así se vista de demócrata suizo.

Por lo pronto, la “pifia” de los diputados provocará, a menos que me equivoque, que el Senado apruebe en medio de un escándalo mayúsculo lo que tenga en las manos, pero regrese a la Cámara de origen la minuta para corregir la omisión referente a los órganos autónomos y esperar a que, una vez subsanado el error, se la envíen de nueva cuenta, pero para entonces, el país y el equilibrio de fuerzas en el Congreso será otro.

Y no imagino que, para entonces, López Obrador, Ricardo Anaya y el propio Meade estén dispuestos a vivir sin fuero los próximos seis años.

 

 

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