Lozoya y Anaya o la justicia para amigos y enemigos

Compartir:

Ahora que la Fiscalía General de la República declara que el supuesto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, vía Emilio Lozoya, es un delito prescrito desde abril de 2017, es obligado que alguien explique qué ocurrió para que pasara tanto tiempo, 24 meses, en los que en FEPADE su sucedieran 3 titulares y un encargado de la PGR entregara la procuración de la justicia a Alejandro Gertz Manero para que el fiscal Valdemar González Ramírez firmara la prescripción.

Y la pregunta se impone porque el actual titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, no tuvo empacho en relatar en un libro de su autoría (“Sin Filias ni Fobias: Memorias de un fiscal incómodo”, editado por Grijalbo) que cuando se encargó de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) el caso ya estaba prescrito, sin embargo, no liberó el caso.

Para decirlo de otra manera, desde abril de 2017 se ha estado jugando con la opinión pública con un caso, en el que existiendo delito o no, se ocultó maliciosamente hasta que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero desató los amarres políticos que mantuvieron vivo el asunto.

Como todo es secretismo cuando los casos jurídicos tienen tintes políticos, sólo es posible decir que el subprocurador encargado del despacho en el último tramo del gobierno del Presidente Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, se dejó manipular por los interesados en mantener vivo un asunto muerto en contra del entonces jefe del Ejecutivo Federal, pero también en perjuicio del ex director de PEMEX.

Hasta donde es posible saberlo, en el último momento, el 28 de noviembre de 2018, el fiscal encargado del caso se negó a firmar la prescripción que este 3 de junio sí firmó Valdemar González Ramírez y entregó a la juez federal Luz María Ortega Tlapa, como reportó Abel Barajas en Reforma.

Esa fecha es icónica porque el subprocurador de la SEIDO, Alonso Israel Lira Sala, encargado del caso del candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a quien se investigaba por lavado de dinero, no tuvo empacho en firmar su exoneración.

Ahora es posible saber que la PGR de Elías Beltrán nunca tuvo un caso sólido en contra del candidato panista y por eso, en el último instante del gobierno peñista, decidió limpiar su camino de abrojos legales, no obstante en tener la presunción de que, si cometió algún ilícito, tuvo la inteligencia de hacerlo a través de familiares y no personalmente.

Es evidente que las varas utilizadas por la PGR para medir los casos de Anaya y Lozoya fueron distintas.

Si en un caso en el que, conforme al titular de la SEIDO, “No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, se firmó la exoneración, ¿por qué no se firmó la prescripción en el que ésta ya existía desde un año y medio antes, de lo cual estaban conscientes el subprocurador Nieto y su sucesor Héctor Marcos Díaz Santana, así como el procurador encargado?

El encargado de la Procuraduría sólo pudo explicar que el fiscal del caso se negó a firmar lo que tenía obligación porque estaba prescrito.

En definitiva, no es fácil entender por qué las varas distintas para aplicar la justicia.

Desde luego que fueron motivaciones políticas que tiene que ver de cómo se trata a un enemigo y cómo a un amigo y aliado.

Resulta irónico y un tanto decepcionante que sea hasta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando el titular de la FEPADE, José Agustín Ortiz Pinchetti, cuando se reconozca que el caso de Lozoya, y el supuesto financiamiento a la campaña de Peña Nieto por parte de Odrebrechet, es un asunto que ya no se puede juzgar por prescripción, al menos en materia electoral.

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...