Línea 12

Es hora de darle vuelta a página

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Acudí a una comida en el Club de Periodistas, en Filomeno Mata 8, a invitación de José de Jesús Vieyra Ramos, a la presentación del libro, de Cuauhtémoc Velasco Oliva, “Línea 12, historia de una infamia y otras infamias, a 5 años de distancia”. El autor es un dirigente político, miembro fundador del partido Movimiento Ciudadano. Es economista egresado de la UNAM y cuenta con estudios en la Universidad de Harvard. Tiene una amplia trayectoria en el servicio público. Ha sido diputado por el Distrito XXII a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, por Movimiento Ciudadano. En su edición original, de hace cinco años, el libro tuvo dos motivaciones: Esclarecer el cierre parcial de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el 12 de marzo del 2014, y, al mismo tiempo, evidenciar el linchamiento de que fue objeto el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, hoy secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, a quien se acusó sin fundamento, en los medios de comunicación, de ser el responsable del apresurado deterioro de la Línea 12 y la necesidad de su cierre parcial.
La construcción de la Línea 12 del Metro, que corre de Mixcoac a Tláhuac, llegó a tener la mitad de estaciones paradas, situación que provocó que 435 mil usuarios no contaran con un transporte eficiente, amén de que generó sospechas de corrupción e impunidad con insuficiente rendición de cuentas. Ahora se conoce que el Sistema de Transporte Colectivo Metro gastó 456 mdp en la adquisición de 285 terrenos para la construcción de la referida línea, motejada popularmente como la “Línea Opacada” o “La Línea Quebrada”. La línea 12 del Metro fue una obra que se terminó con 10 meses de retraso y costó 9 mil 222 millones de pesos, más del 50 por ciento del monto original, pero no es la excepción; es la regla. De una muestra de 80 proyectos realizados entre 1999 y 2010, que fue fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, el 71 por ciento mostró ser técnicamente inviable, de acuerdo con su proyecto ejecutivo original (incluidos en esta muestra están la Estela de Luz y el edificio del Senado de la República); la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México puso de manifiesto los problemas torales del manejo francamente deficiente de las obras de inversión pública en el país. Por un lado, no hay planeación adecuada, pero, por el otro, tampoco existen mecanismos efectivos que permitan detectar o parar una tragedia anunciada. El asunto se pudo prevenir, pero difícilmente bajo las reglas con las que se han manejado los recursos públicos. Este caso, que por su magnitud e importancia logró atraer los reflectores de la opinión pública, ilustra, claramente, los problemas que urge resolver en materia de proyectos públicos en infraestructura, ya que el gasto que los financia aumenta a ritmos acelerados.
Vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que costó más de 24 mil millones de pesos y del que 50 por ciento de la obra terminada colapsó después de operar poco más de un año. La línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se empezó a construir, en 2008, mediante un contrato entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las empresas ICA, Alstom y Carso por una suma de 15 mil 290 millones de pesos. El contrato estaba inicialmente previsto para desarrollarse entre el 3 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. Ni el contrato ni la duración se mantuvieron cerca de lo originalmente planeado. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías al proyecto durante su ejecución, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011. La primera generó un dictamen negativo, ya que encontró problemas graves en el manejo del proyecto. Para empezar, advirtió que las obras se llevaban a cabo sin un plan ejecutivo ni un análisis costo beneficio para los tramos que fueron modificados. Asimismo, identificó un conflicto de intereses: El encargado del proyecto para el GDF, Enrique Horcasitas, era hermano de uno de los directivos de ICA cuando, al mismo tiempo, se realizaron modificaciones al costo y anticipo del proyecto, en detrimento del GDF. Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental -que nunca fueron resueltos-, así como problemas entre el trazo del proyecto; éste no se adecuaba a las condiciones físicas del terreno urbano. Así, la Línea 12 del Metro fue una obra que se terminó con 10 meses de retraso y costó 9 mil 222 millones de pesos extra, más del 50 por ciento del monto original. Con el cierre de más de la mitad de la línea dorada se afectó a 425 mil usuarios y 6 mil empleos. Tales costos, definitivamente, deben sumarse a los relacionados con la mala planeación en términos de tiempo y recursos para la obra.
La inversión pública en infraestructura debería ser un motor eficiente para mejorar las condiciones de vida y aumentar la productividad en el país. Lamentablemente, no está funcionando así, a pesar de que se gasta una porción importante de nuestro PIB para ese fin. En efecto, el gobierno destina a la inversión 4.3 por ciento del PIB, lo que coloca al país por encima de la media de la OCDE, que alcanza 2.7 por ciento. En cambio, la productividad del país decreció 1.5 por ciento entre 2000 y 2011. Es un desperdicio que los recursos aprobados para gasto de capital se gasten en ese contexto institucional inadecuado.
La transparencia y la rendición de cuentas son las formas que tenemos los ciudadanos para seguir y evaluar las decisiones del gobierno. En el caso de los proyectos de inversión, donde se presentan múltiples complicaciones e irregularidades, es prioritario que se mejoren los mecanismos de monitoreo. Es necesario que se puedan auditar esos proyectos en tiempo real para tener oportunidad de evitar la catástrofe y el mal gasto. Adicionalmente, todos los proyectos deben hacer pública su información en tiempo real y la ASF debe disponer de mayores atribuciones para controlar los problemas que detecte. Adicionalmente, hoy, en el diálogo posterior a la presentación del libro de Velasco Oliva, uno de los presentes sugirió la conveniencia de establecer un mecanismo eficaz y transparente de denuncia ciudadana que permita a los usuarios manifestar a las autoridades y a la opinión pública los problemas del servicio, bien sea que resulten de prácticas corruptas o de mera ineficiencia; de ese modo será más viable darles solución adecuada y oportuna.
Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno capitalino, se dijo abierto al diálogo, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, en relación a los señalamientos por las fallas técnicas y el desvío de recursos en el polémico caso de la Línea 12 del Metro. “Me hago responsable de cualquier imputación a mis decisiones; jamás he sido corrupto”, Durante una entrevista con MVS Noticias, Ebrard comentó que si hay una imputación que apunte a que haya tomado alguna decisión de desvío de recursos “que procedan cuanto antes, que se formalice”. Y añadió que lo que no se puede es “quitar así el prestigio que he hecho en 30 años”. “Jamás tuve un reporte o conclusión de la ASF de que había un desvío de recursos. El funcionario le lanzó a Miguel Ángel Mancera una pregunta clara: “¿Por qué se recibió la Línea 12 del Metro, de manera formal y legal, como segura y operable?”. “El GDF, encabezado por Mancera, recibió la Línea12 del Metro señalándola como segura y operable el 8 de julio de 2013”, recordó Ebrard.
En conclusión, creo que es hora de darle vuelta a la página al asunto de la Línea 12. Marcelo Ebrard ha sido plenamente reivindicado y es hoy el eficaz y dignísimo canciller del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus tareas son de la mayor trascendencia para México. ¡¡¡Basta de insidias y calumnias!!! Déjenlo trabajar en paz y desplegar sus grandes y múltiples talentos en favor de nuestro país, que mucho lo necesita en esta hora decisiva. Sin duda lo merece.

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