Ley anticorrupción debilidad institucional del Estado mexicano

Iniciativa ciudadana sustituye al Congreso de la Unión

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Iniciativa ciudadana vino a sustituir la obligación de los legisladores de vigilar la buena marcha de la administración pública

El pasado mes de abril se votó, en el Congreso de la Unión, la  Ley  Federal de Responsabilidades Administrativas, conocida  como la Ley 3de3, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

La medida, con la intención de combatir un sistema despótico y corrupto, evidencia, de entrada, el vacío de un Poder Legislativo incapaz de controlar los actos y los excesos del Poder Ejecutivo.  En ausencia de un Congreso de la Unión, la iniciativa ciudadana, contenida como facultad en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vino a sustituir la obligación de los legisladores de vigilar la buena marcha de la administración pública y el uso transparente y adecuado de los recursos públicos.

No había necesidad de una iniciativa ciudadana para el combate a la corrupción.  Sin embargo, la intervención de la voluntad popular es la negación de la responsabilidad conferida a las instituciones republicanas ante la grave omisión de oponerse a severos actos de corrupción.

La respuesta del electorado para presentar una iniciativa de esa naturaleza rebasó, en mucho, el requisito establecido en la Constitución. Para que prosperara en el Congreso de la Unión se necesitaban, cuando menos, 120 mil firmas, y, sin embargo, acompañaron a la necesaria propuesta 290 mil firmas, que reflejan el hartazgo de la endémica corrupción oficial.

La Ley 3de3 se oye bien para obligar a presentar declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses a que debe estar sujeto todo funcionario público.  Y en una enumeración exhaustiva hace una clasificación de 10 actos de corrupción considerados como graves: Soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, nepotismo y abuso de funciones públicas, entre otras.

Lo lamentable es que se trata de una repetición, y una duplicidad, de lo ya previsto en diversos dispositivos constitucionales y en otras leyes de carácter fiscal y penal cuya observancia se ignora deliberadamente, lo que permite inferir que a esta Ley Anticorrupción se buscará la manera de no cumplirla o, cuando menos, evadirla hasta donde sea posible.  No se trata, pues, de expedir nuevas leyes, sino de aplicar las ya vigentes.

Al respecto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos obliga a la declaración patrimonial bajo pena de sanción pecuniaria, destitución del cargo,  inhabilitación definitiva o por tiempo determinado, cuando se deje de cumplir con esta exigencia.

La declaración fiscal es una obligación establecida en el Código Fiscal de la Federación para todas las personas físicas o morales que realicen una actividad remunerada y estén obligadas al correspondiente pago anual del Impuesto sobre la Renta.  Incluso, el incumplimiento de las obligaciones fiscales da origen a lo que se denomina derecho penal fiscal.  Es así como  el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 194, establece como grave el delito de evasión fiscal cuando rebasa los 2 millones de pesos.

El conflicto de intereses, teóricamente, es una figura que no debería de existir si existieran los contrapesos constitucionales que evitaran  actos de corrupción.  Ese contrapeso radica en el Congreso de la Unión, para vigilar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, el cumplimiento de la ley en las licitaciones y concursos para la asignación de la obra pública y la adquisición de bienes y servicios.  Lamentablemente, el Congreso federal se encuentra acotado por el peso del poder presidencial.

De los 10 delitos previstos como graves en la Ley Anticorrupción, todos se encuentran previstos en el Código Penal Federal, de los artículos 212 al 224, bajo el título específico de “Delitos cometidos por servidores públicos”, por lo que su inclusión en una ley especial resulta innecesaria y repetitiva.

De los delitos previstos en el código mencionado vale la pena rescatar solamente dos para demostrar que en un sistema democrático y de orden Constitucional son delitos inexistentes: El nepotismo y el tráfico de influencias, ligados, desde luego, al conflicto de intereses.

Cuando, en 1961, el presidente John F. Kennedy nombró a  Robert Kennedy  jefe del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, nadie habló de nepotismo, influencias familiares ni, mucho menos, conflicto de intereses.  Al contrario, el Senado norteamericano avaló y aprobó el nombramiento.  La deducción es simple.  Aun cuando la propuesta se trataba del hermano del presidente, cualquier exceso o abuso de poder sería sancionado con la inmediata destitución, como facultad del Senado para ejercerla a plenitud.

Quién, por ejemplo, puede acusar a los señores Bill Clinton y a su esposa, Hillary, de los delitos a que se hace referencia.  Durante la presidencia de su esposo, la señora Clinton tuvo bajo su responsabilidad los programas más importantes de gobierno: Salud y educación.  No hubo una sola voz que pretendiera cuestionar el ejercicio de un gasto elevado, pero bien vigilado por la representación nacional.  Hoy, la abogada Hillary Clinton se perfila como la primera presidenta de Estados Unidos, sin que se le sindique de nepotismo, tráfico de influencias o conflicto de intereses.

Más grave aún que con una ley inferior anticorrupción pretenda sustituirse el juicio político y la declaración de procedencia contenidos en los artículos 110 y 111 de la Constitución de la República.  Los preceptos para proceder política o penalmente en contra de cualquier servidor público de la Federación o de los estados están debidamente especificados: “Cuando por parte de los servidores públicos se cometan faltas u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”.

Por intereses públicos fundamentales deben entenderse violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales.  Precisamente, los supuestos bajo los cuales nace la ley que pretende combatir la corrupción y cuyo resumen se centra en el enriquecimiento ilícito y obsceno de los servidores públicos que disponen discrecionalmente del tesoro público.

La escasa voluntad política para aplicar los dispositivos constitucionales mencionados queda de manifiesto cuando en el Congreso de la Unión sólo se ha procedido en contra del ex director de Pemex Jorge Díaz Serrano, acusado de un irrisorio peculado de 35 millones de dólares, comparado con las severas depredaciones del erario nacional. Hoy se sabe que no era un acto de justicia, sino una venganza del entonces presidente Miguel de la Madrid, que sintió disputada la candidatura presidencial.

No se trata, pues, de expedir nuevas leyes para que todo siga igual, sino de aplicar las ya existentes, que contienen todas las hipótesis penales y administrativas de la publicitada Ley Anticorrupción.  Ampliaremos…

 

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