Legislar para obligar a políticos a no mentir

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Por razones del coronavirus hace tiempo que sólo es posible comunicarse esporádicamente con mexicanos de valía con quienes la charla y el tiempo se van como el viento porque tienen tanto que decir que, cuando abordan un tema, en sus bocas todos de interés, no hay de otra que guardar silencio para aprender y no regarla.

Tal es el caso de Diego Valadés a quien por fortuna, cada miércoles es posible leer en su colaboración en Reforma.

Para contexto, de su extenso curriculum sólo registro que fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la UNAM, abogado general de la misma, procurador del Distrito Federal y General de la República, y ministro de la Suprema Corte de Justicia, razones por las que, si no lo conociera y gozara de su amistad y confianza, bastarían para deducir que sabe de lo que habla cuando pretende instaurar el derecho constitucional del mexicano a la verdad.

Diego empieza por afirmar que “El riesgo de falsear la verdad es un mal endémico de las sociedades políticas”.

Como recuerda, el principio de verdad pública, que no el derecho a la verdad, existe en la Constitución mexicana desde 2014 cuando el legislador estableció que los funcionarios están obligados a decir la verdad en sus comparesencias en las Cámaras del Congreso, pero, aparte de que acuden poco a rendir cuentas ante diputados y senadores y no establece castigo por mentir, nada dice que los obligue a conducirse con verdad en todos los espacios públicos.

Por eso, su propuesta de incorporar a la Constitución el derecho a la verdad es, por decir lo menos, provocadora, si no es que subersiva. Si hubiese quien lo secundara, digo yo, nos quedaríamos sin políticos o, si llegara a legislarse el castigo a la mentira, tendríamos que cortarles la lengua, aunque esto equivaliera a llegar a la barbarie de algunos países en donde se castiga a los ladrones cortándoles las manos, como lo proponía Jaime Rodriguez “El Bronco” siendo candidato presidencial independiente.

Sin embargo, si los periodistas, por ejemplo, corremos el riesgo de sufrir consecuencias legales por faltar a la verdad, ¿por qué los políticos sólo pueden ser castigados cuando meten la mano al erario y no por acudir a la mentira que se ha convertido en una especie de condición sine qua non para ejercer?

Si el Congreso se atreviera a legislar sobre el derecho ciudadano a la verdad, es probable que nos ahorraríamos el martirio de la proliferación de conferencias de prensa mañaneras y vespertinas, entrevistas en medios de comunicación, comunicados videos en redes sociales y mensajes en twitter con que la clase política gobernante aturde sin piedad al país convirtiendo a la propaganda en acto de gobierno.

Sólo se atreverían a abrir la boca quienes tuviesen la seguridad de hablar con la verdad, con datos, propios o ajenos, que pudieran ser cruzados con otros para no correr el riesgo de que algún periodista irreverente se atreviera a exhibirlo como falsario.

Así, nos ahorraríamos también el espectáculo deprimenente mañanero o vespertino de desdeñar las informaciones periodísticas sólo porque la verdad oficial es que extrañan el pasado corrupto neoliberal o siguen al servicio de los emisarios del pasado e incluso de empresas que intentan hacer negocio con insumos inservibles para mantener a la población a salvo de la pandemia.

Diego no es tan extremista como este reportero al que no le caería mal que la legislación fuera tan drástica con los servidores públicos mentiroso como lo es con los periodistas, sólo propone que” Si fueran comprobadas las faltas a la verdad, las cámaras correspondientes analizarían las evidencias y podrían pronunciar una moción de reprobación contra el alto funcionario responsable. No habría más sanción que esa; pero con esa sería suficiente”.

Tiene razón a medias, porque siendo cierto que “Al establecer en la Constitución el derecho a la verdad se elevaría el nivel de la confianza social y se mostraría que aquí no hay nada que ocultar”, también lo es que si tanta mentira oficial tuviese sanción la mayoría de nuestros prohombres enmudecería o estaría en la cárcel o sin dinero si fuesen obligados a pagar multas por cada una de sus mentiras cotidianas.

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