La justicia federal ampara a Lozoya

*Que la FEPADE se abstenga de formular imputación alguna en su contra, la premisa *¿Por qué Santiago Nieto fue omiso en su cumplimiento y prefirió utilizar al periódico Reforma para mediatizar el caso?

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El viernes pasado, la justicia federal concedió una suspensión definitiva a Emilio Lozoya, a fin de que “no se judicialice la carpeta de investigación y, por ende, la (FEPADE) se abstenga de formular imputación en su contra, a fin de respetar su derecho a defensa, evitando que se ocasionen daños y perjuicios de difícil reparación al incidentista”.

La suspensión definitiva, concedida por el licenciado Iván Martín García, secretario general del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, surte efectos a partir de hoy.

La segunda resolución dice a la letra:

“Se concede a Emilio Ricardo Lozoya Austin la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados consistentes en la OMISIÓN DE CITARLO A RENDIR ENTREVISTA EN SU CARÁCTER DE IMPUTADO, así como la OMISIÓN DE DAR ACCESO AL QUEJOSO o a sus abogados a la carpeta de investigación FED/FEPADEUNA1-CDMX/1139/2017, atribuidos  la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales…”.

 

Esto, porque, desde el 10 de octubre pasado, Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al ex director de Pemex la suspensión provisional para que se permitiera a Lozoya o a sus abogados “tener acceso a la carpeta de investigación respectiva y no se hagan nugatorios sus derechos en la integración de la carpeta, así como para que no se judicialice la carpeta de investigación (sea cual sea el sentido que considere), con la precisión de que ello no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la carpeta de investigación”.

La juez recordó al entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto, que “es de orden público y debe velarse porque se acate…” y que “la medida cautelar debe ser cumplida en veinticuatro horas, cuando la naturaleza del acto así lo permita”.

Sobra decir que Nieto no cumplió la orden de la juez y que, en cambio, mintió al periódico Reforma ocho días después diciendo que Lozoya le había solicitado ser exonerado y que, además, le ofreciera una disculpa pública.

Hoy, Lozoya ya tiene el amparo definitivo de la justicia federal para que no se judicialice la carpeta, se le cite a declarar y conozca el contenido de la carpeta de investigación.

La pregunta, en todo caso, es por qué Santiago Nieto fue omiso en el cumplimiento de la suspensión provisional y prefirió utilizar al periódico Reforma para mediatizar el caso, a sabiendas de que estaba obligado a citar a declarar a Lozoya, como éste se lo había solicitado.

Y todo esto, a sabiendas, como se lo hizo notar la juez, de que “de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, la autoridad responsable incurre en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 262, Fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.

 

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