La infamia de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral

Humberto Pedrero y Roberto Rubio, falsos diputados indígenas

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Uno de los grandes pasivos de la administración de justicia en México es la violación, reiterada, de la ley por las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. El uso político, y no jurídico, de la Constitución es recurrente.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación violenta el Estado de derecho; los tribunales superiores de justicia de los estados –cuando menos el de Chiapas-, recurrentemente, alteran el orden constitucional y más de una procuraduría estatal se comporta como policía política represiva para “disuadir” a críticos y opositores.

Hoy tocó el turno de la infamia jurisdiccional a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rimbombante nombre, pero pobre en resultados para velar por la observancia de la ley.  Va de anécdota.  En el pasado proceso electoral, en Chiapas se registraron como candidatos indígenas a una diputación federal el ex secretario de Hacienda Humberto Pedrero Moreno y el ex secretario técnico del gobierno estatal Roberto Rubio Montejo.


Lo malo fue que, para lograr su nominación, ambos recurrieron a la mentira, la falsificación de documentos públicos y a la usurpación de  una identidad indígena.  En el caso de Pedrero Moreno, presentó una carta que ni un verdadero indígena habría podido obtener, bajo un texto que es vergonzoso para él y ofensivo para los llamados pueblos originarios reconocidos en el artículo 2 de la Constitución federal.

El libelo expedido por un inexistente comisariado ejidal, Alejandro Escobar Núñez, dio su aval al falso indígena Pedrero Moreno: “Que por medio del presente documento se hace constar que el C. Humberto Pedrero Moreno pertenece a esta comunidad indígena, pues es ejidatario del ejido Monte Grande y (municipio de Bochil) ha trabajado en el ejido desde hace más de seis años, así como también asiste a las asambleas ejidales (…); así, también se hace constar que desde el año 2011 se desempeñó como representante ante la Sagarpa en el estado de Chiapas; actualmente se desempeña como secretario en el referido ejido, cargo para el que fue elegido por la mayoría de los ejidatarios en la asamblea ejidal (…)”.

Hasta ahí una parte de la farsa para hacer candidato a Humberto Pedrero, y después legislador, con usurpación probada de identidad.  Sólo que las verdaderas autoridades de Monte Grande desconocieron al nuevo indígena de tez blanca y apellidos sin relación con alguna etnia.  Y había razón para ello.  En los últimos 12 años había estudiado la profesional en la Ciudad de México, trabajado en una consultoría financiera y fungido como secretario de Hacienda de Chiapas a partir del 2014.

Por ello, en un comunicado bajo el título “Desconocimiento de personas”, la verdadera autoridad ejidal hace saber, públicamente, que en el ejido Monte Grande no reside, ni forma parte, alguna persona de nombre Alejandro Escobar Núñez, y menos que se haya desempeñado como comisariado ejidal.  Esa sola referencia, continúa la autoridad ejidal, en el periodo 2010 a 2018; jamás residió en el ejido “persona que responda al nombre de Humberto Pedrero Moreno”.

Sin embargo, para exhibir más a Pedrero Moreno como usurpador y falsario, Roberto Serrano Altamirano, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otorgó su aval al reconocerlo como indígena pura sangre aún a sabiendas de que no es así.

Lo lamentable para este otro falsario y cómplice de candidaturas apócrifas es que no tiene autoridad moral para dar su opinión si Humberto Pedrero es o no parte de una comunidad indígena.  Serrano Altamirano se desempeñó como director de Relaciones Públicas y coordinador de Comunicación Social del mayor ladrón en la historia de Chiapas: Juan Sabines Guerrero.

Sin embargo, lo realmente patético de Roberto Serrano fue cuando en el 2002, en el condado de Miami, Florida, fue detenido por manejar drogado y en estado de ebriedad.  Las autoridades norteamericanas le permitieron salir de Estados Unidos con la condición de regresar cada vez que fuera requerido, hasta terminar con el proceso penal.  Ya veremos cuál fue la sanción del ex colaborador sabinista también propenso a los vicios y otras veleidades.

Para exonerar a Pedrero Moreno se sumó a la red de complicidades la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. La sala regional de Xalapa ordenó retirar la constancia de mayoría a Humberto Pedrero y dar vista a la FEPADE para la investigación de los delitos cometidos.  Sin embargo, el seudoproyecto del magistrado ponente, Indalfer Infante, indicó que Pedrero Moreno había probado con documentos idóneos su condición de indígena y que obtuvo (sic) el triunfo en las urnas a pesar de que los habitantes de Monte Grande lo habían denunciado y demandado penalmente por falsificar documentos y mentir ante las organizaciones ejidales indígenas.

Con esa decisión de Infante, la denuncia ante la FEPADE quedaba sin efecto y Pedrero Moreno era restituido en sus “derechos políticos”.  Lo malo es que  para el “respetable” magistrado de la Sala Superior se le conoce hoy, en Chiapas, como “indialfer infame.”

Sin embargo, más allá de la exoneración a Pedrero Moreno, lo condenan sus antecedentes.  Tiene experiencia en falsificación de documentos.  En el año 2014 simuló un contrato de Cesión de Derechos a su favor para quedarse, ilegalmente, con un predio de 3 mil metros y un valor de 20 millones de pesos.  Al presentarse ante el juez segundo de distrito para solicitar amparo, y quedarse con el inmueble, el notario público Roberto Juárez Zepeda informó al juez federal que no era ni su firma ni el sello de su notaría.  Así, el falso diputado incurría, por segunda ocasión, en falsedad en declaraciones y uso de documento falso, sancionado por el Código Penal Federal y la Ley de Amparo. Repitió la dosis en este proceso electoral federal.

Roberto Rubio Montejo fue otro de los beneficiarios de la deplorable y atroz decisión de la Sala Superior al mando de la “impoluta” magistrada Janine Otálora Malasis.  La Sala Regional de Xalapa había ordenado retirar la constancia de mayoría al nuevo rico –ya hablaremos de la casa rosada y de su peculio personal– Roberto Rubio Montejo al registrarse, ilegalmente, por el distrito indígena de Las Margaritas.

Sin analizar el contexto total de la actitud del delincuente electoral Rubio Montejo, en la sesión de la Sala, Otálora Malasis, con todo cinismo y en un atentado al Estado de derecho, vociferó que “la Sala de Xalapa ‘ni siquiera debió de admitir el juicio’” con el deplorable argumento de que la impugnación en contra de Rubio Montejo había sido interpuesta fuera de tiempo.

La “honorable” magistrada pasa por alto que el tema deja de ser electoral, y se convierte en penal, al estar plenamente comprobado que Roberto Rubio Montejo no es indígena, falsificó documentos, emitió declaraciones falsas y, al igual que Humberto Pedrero, no habla tzeltal; Rubio Montejo no sabe ni una palabra de tojolabal, a pesar de ambos “haber vivido seis años entre sus hermanos indígenas”.

Con autoridades como Janine, los mexicanos y los chiapanecos se encuentran en estado de indefensión.  Ampliaremos…

 

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