Juicio político contra legisladores de Baja California; persiste el silencio del Ejecutivo

CIDH condena al Estado mexicano por desapariciones con Calderón; pide a AMLO no militarizar la GN

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Ya es hora de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie a favor o en contra del agandalle del gober electo de Baja California, Jaime Bonilla, como lo hizo en la resolución de la SCJN de Arturo Zaldívar por el fallo contra la Ley de Remuneraciones en el amparo del IFT.

Hasta el momento, el discurso de Palacio Nacional parece redactado por Poncio Pilatos con el rollo de que no se meten en asuntos del Congreso de BC, pero sí se hizo para detener en seco a Ricardo Monreal Ávila con la iniciativa regulatoria de cobro de comisiones y servicios de la banca en México.

También al presionar con la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, y en la Reforma Educativa, hecha a la medida de la CNTE. Así que ese “respetuoso” silencio no se lo creen ni sus bancadas de Morena, que van junto con la oposición en una acción de inconstitucionalidad, igual que el presidente de la Permanente, Porfirio Muñoz Ledo.

Con la pena, pero en Palacio tendrán que irse despidiendo del “antecedente” para lo que se ofrezca en el 2024. Y mientras en Presidencia callan, el grupo parlamentario del PRD presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de los legisladores de BC que avalaron la ampliación, de dos a cinco años, de la gubernatura de Bonilla.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez –quien, para colmo, lleva el apellido del Benemérito, recordado por el aniversario de su fallecimiento-, afirmó que la decisión de los legisladores locales es una intentona inconstitucional y contraria al federalismo republicano, a la democracia y al Estado de Derecho.

En voz de Juárez: “Hemos presentado el día de hoy, ante la Secretaría General de esta Cámara de Diputados, una demanda de juicio político en contra de las y los legisladores del estado de Baja California”. ¿Y el Ejecutivo que dice..? Crit… crit… crit…

CIDH CONDENA AL ESTADO MEXICANO POR DESAPARICIONES CON CALDERÓN; PIDE A AMLO NO MILITARIZAR LA GN
En las próximas horas veremos el grado de compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los tratados internacionales. Este jueves, el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condena las desapariciones y la militarización en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La CIDH se basa en casos del 2009, sin embargo, alerta al gobierno actual sobre la militarización de la Guardia Nacional, integrada, principalmente, por elementos de la Sedena de Luis Cresencio Sandoval y la Marina de Rafael Ojeda Durán.

Los documentos fueron entregados a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob, a cargo de Alejandro Encinas, quien seguramente trae marcaje personal de la Secretaria y Ministra en Retiro de la SCJN Olga Sánchez Cordero, por cierto, “renunciada y reinstalada” ayer mismo por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo.

El respeto a los derechos humanos es una de las banderas de la Cuarta Transformación y uno de los discursos más recurrentes del Presidente de la República, no obstante, el mismo Ejecutivo fue quien propuso al general Luis Rodríguez Bucio como Comandante de la Guardia Nacional.

La CIDH es muy enfática al advertir sobre los peligros de militarizar a la Guardia Nacional, tal como ocurrió con el Ejército y la Marina en operativos, en las calles, con la población civil.

El entonces candidato López Obrador condenó fuertemente el ataque aéreo de la Marina en una zona habitacional de Tepic, Nayarit, en febrero del 2017, contra Juan Patrón Sánchez “El H2”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva, diciendo que se masacró a adolescentes.

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