Homicidio de Mariano Abarca permanece impune

Perseguidos de Juan Sabines exigen buscar a los culpables

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El 27 de noviembre de 2009 ejecutaron, en el municipio de Chicomuselo, al líder minero Mariano Abarca Roblero. Del homicidio culparon, sin una sola prueba de por medio, a 5 presuntos culpables. Dos de ellos fueron liberados inmediatamente y 3 condenados a prisión injusta: El empresario transportista Walter León Montoya, recluido durante año y medio, el abogado Horacio Culebro Borrayas, encarcelado por más de un año, y el profesor Jorge Sepúlveda Calvo, condenado a 30 años de prisión, preso durante 3 años y 7 meses, y liberado después de su probada inocencia.
El gobierno de Juan Sabines fue especialmente agresivo contra Walter León Montoya. A sabiendas de que padecía diabetes y precaria salud, se ordenó su traslado constante de una prisión a otra como medio intimidatorio para el propio León Montoya y su familia. Recluido, inicialmente, en el centro de arraigo la Quinta Pitiquito, fue trasladado, sucesivamente, a la cárcel de Copainalá; posteriormente a la de Chiapa de Corzo, para finalmente dejarle como residencia permanente el penal de El Amate, en la ciudad de Cintalapa.
Todo con el deliberado propósito de minar sustancialmente su salud. Se buscaba, desde luego, que Walter León pereciera por enfermedad, y no por un atentado del gobierno de Juan Sabines. La justificación era evidente. La precaria salud del recluso terminaría con su vida, y no por orden del sabinismo.
El motivo de su detención estaba a la vista. Walter León Montoya había iniciado juicio político, ante el Congreso de la Unión, en contra del gobierno de Juan Sabines por las enormes irregularidades y los actos de rapiña cometidos por funcionarios cercanos y comandados por el doctor Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario de Gobierno y brazo ejecutor de Juan Sabines para todos los actos de corrupción.
Otra de las venganzas de Juan Sabines se perpetró en contra del abogado Horacio Culebro Borrayas, severo crítico y opositor de las pillerías del gobierno de Juan Sabines. Aprovechó el asesinato del líder minero Mariano Abarca Roblero para encarcelarlo injustamente. Para hacerlo, Sabines recurrió a las más aberrantes formas de persecución y detención.
La forma en que se decretó la detención y encarcelamiento de Culebro Borrayas es inusitada y vergonzosa para los derechos humanos en Chiapas. Horacio Culebro concurrió ante el juzgado segundo de distrito en amparo y protección de la justicia federal por la persecución de que era objeto. Cuando se disponía a salir se percató de que la policía judicial del estado lo acechaba para aprehenderlo. Ante esa situación regresó al recinto del Poder Judicial Federal. Enterado el procurador Raciel López Salazar, ordenó a sus esbirros detener a Culebro Borrayas de cualquier manera y bajo su responsabilidad.
Sin freno, y bajo la orden superior, la policía penetró, armada, al palacio de justicia federal y, sin orden de aprehensión, detuvo a Culebro Borrayas. En un solo acto, la orden del procurador violó el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que norma el proceso de extradición entre los estados de la Federación y la cláusula V del Convenio de Coordinación signado entre los 34 procuradores del país y el territorio del Poder Judicial de la Federación. Se consumaba así, una vez más, otra de las venganzas de Juan Sabines en contra de uno más de sus críticos y opositores.
El otro damnificado del sabinismo para justificar la justicia pronta y expedita en Chiapas fue el profesor Jorge Carlos Sepúlveda Calvo bajo la fabricación de evidencias que después se cayeron por insostenibles. Bajo amenazas, “el testigo”, Mario López Sunún, fue obligado a declarar haber reconocido al profesor Sepúlveda Calvo como el autor material del homicidio.
Después se descubrió que a López Sunún le redactaron, íntegra, su “declaración” con un lenguaje y sintaxis que no correspondían a su instrucción escolar. Sin saber leer ni escribir, la ministerio público Dulce Amor Pérez Hernández lo obligó a estampar sus huellas digitales sin la presencia de abogado para leerle lo supuestamente declarado. Cuando López Sunún se enteró del contenido de su “declaración”, inmediatamente se deslindó: “Yo jamás dije eso. Una licenciada que nunca supe su nombre agarró mis manos por la fuerza y puso mis huellas sobre el papel”.
Sin embargo, la mayor evidencia de Juan Sabines para buscar culpables y encubrir al verdadero responsable del asesinato quedó de manifiesto cuando amenazaron al señor Orlando Velázquez Rodríguez, testigo presencial de la ejecución de Mariano Abarca. En su declaración, Velázquez Rodríguez manifiesta que el Ministerio Público lo presionó para que “le echara la culpa a alguien, que inventara un nombre a cambio de dejarlo libre y no llevarlo al bote (sic)”.
Después de recuperar su libertad, el 23 de diciembre de 2013, los ex reclusos por voluntad del sabinato Walter León Montoya y Horacio Culebro Borrayas, y el autor de esta columna, publicamos en el diario Contra Poder de Chiapas un desplegado dirigido al procurador Raciel López para sindicarlo de su vergonzoso papel como encubridor de homicidios y persecutor de inocentes en el que solicitamos:
1.- Escuchar en declaración ministerial al doctor Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario de Gobierno de Juan Sabines Guerrero, quien durante la averiguación previa fue señalado por el abogado Horacio Culebro Borrayas de haber amenazado con arraigar a Mariano Abarca y, si con ello no se “acalambraba”, proceder, entonces, a eliminarlo. La profética amenaza se cumplió. Mariano Abarca Roblero, primero, fue arraigado; después, el 2 de agosto de 2008, agredido físicamente dentro de su propio negocio, la senaduría Garibaldi, y, finalmente, asesinado el 27 de noviembre de 2009.
2.- Averiguar el por qué el gobierno de Juan Sabines otorgó a la familia Abarca Montejo una pensión vitalicia de 90 mil pesos mensuales sin que ninguno de sus integrantes haya estado adscrito a alguna dependencia de gobierno.
3.- Y, desde luego, aclarar el por qué del marcado interés para obligar y amenazar con cárcel al señor Orlando Velázquez Rodríguez si no colaboraba en el señalamiento de culpar a cualquier persona como responsable de la muerte de Mariano Abarca.
Pasados nueve años, todavía permanece impune el homicidio de Mariano Abarca. Apenas el 10 de abril pasado, Walter León Montoya y su esposa, Anabel Vasallo Espinosa, Horacio Culebro Borrayas y la leyenda de la oposición panista en Chiapas Valdemar Rojas López dieron una conferencia de prensa en la que el mensaje esencial era la aclaración del asesinato y la identificación de los asesinos intelectual y material.
Especialmente, León Montoya dirigió un comunicado al licenciado Rutilio Escandón Cadenas en el que solicita su apoyo para que se haga justicia y se le dé una disculpa pública, a él y a su familia, por todas las atrocidades y vejaciones que sufrió durante su encarcelamiento injusto.
Por su parte, Anabel Vasallo relató puntualmente, y con la emotividad que amerita una injusticia de este tamaño, cómo su esposo Walter fue detenido con exceso de violencia, su traslado de una prisión a otra, la incomunicación permanente, la tortura física y psicológica, la negativa de suministrarle medicinas, las amenazas y las secuelas reflejadas en su hoy deteriorada salud.
Ante tales evidencias, el gobierno de Rutilio Escandón tiene la obligación de investigar los hechos denunciados. De otra manera, en Chiapas permanecerán, como siempre, la complicidad y la impunidad. Ampliaremos…

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