Gangsterización del Estado mexicano

Innumerables investigaciones y averiguaciones previas contra de bandoleros en funciones de gobernador

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Javier Duarte, símbolo de lo inimaginable

Cuando la sociedad se entera que 20 ex gobernadores en México son requeridos  judicialmente por ladrones, corruptos, narcopolíticos, asesinos y abuso de poder durante el ejercicio de su mandato, la  preocupación es mayúscula.

Elegidos para cuidar los dineros del pueblo, administrarlos racionalmente y proporcionar seguridad y bienestar a los gobernados, lamentablemente de facto mutan en impunes saqueadores y vulgares represores, cuando sofocan todo intento de disidencia con la fuerza pública y el uso indiscriminado del Ministerio Público para perseguir y encarcelar.

Lo bueno es que el tiempo pasa y el poder tiene fecha de caducidad. Hoy el ajuste de cuentas es inevitable. Dan cuenta de ello las investigaciones y averiguaciones previas abiertas en contra de esos bandoleros en funciones de gobernador.

Seguramente el más célebre de ellos es el inconmensurable Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, cuya deuda de más de 10 mil millones de pesos dejó vacío el tesoro estatal.

Pero lo más trágico para los veracruzanos es que para procurar la recuperación de la entidad se necesitan de 185 mil millones de pesos, imposibles de conseguir por algún lado.

El priísta Duarte de Ochoa es el símbolo de lo inimaginable. Atentó en contra de la vida de niños con cáncer, al inyectarles agua destilada en vez de la necesaria quimioterapia para preservar la vida.

Sólo que para la corrupción no existen los colores partidarios. El panismo también tiene lo suyo. Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, se le apresó por peculado, al demostrarse el uso de dinero público para la construcción de una presa en el rancho de su propiedad y dejar sin agua a los indios yaquis y mayos.

Otro panista, Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, se le sentenció a seis años de prisión, bajo los cargos de peculado y uso indebido del ejercicio público, por el desvío de más de 15 millones de pesos para compras inmobiliarias.

Andrés Granier Melo, ex gobernador priista de Tabasco, todavía está recluido en un penal por el desvío de más de 3 mil millones de pesos y una deuda exorbitante cercana a los 15 mil millones.

Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León por el Revolucionario Institucional, en complicidad con su padre Humberto Medina Ainslie, tiene abiertos varios expedientes penales por peculado, abuso de funciones públicas y la entrega de obras sin licitación.

Jesús Reyna, ex gobernador de Michoacán, detenido por sus vínculos con el narcotráfico, guarda similitud con su homólogo priísta, Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, buscado por las Cortes de Estados Unidos y prófugo de la justicia por lavado de dinero y narcotráfico.

No se escapa del saqueo el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, detenido en España por lavado de dinero, a lo que se suma la deuda de 33 mil millones de pesos con que dejó al erario estatal y acusado de falsificar documentos públicos para obtener préstamos de las instituciones nacionales de crédito.

Y así, en la pasarela de la corrupción se encuentran los ex priístas Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, Fausto Vallejo de Michoacán y el perredista Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, al lado de otros 11 ilustres depredadores de los patrimonios estatales.

Hoy apenas son  20, pero en la medida en que concluya cada sexenio, indudablemente aparecerán otros ladrones que serán perseguidos por también sus saqueadores sucesores en una frenética corrupción interminable.

Lugar privilegiado en la historia de las estafas de los erarios estatales, está el mayor ladrón en la historia de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.

El 6 de marzo de 2013, siete ciudadanos chiapanecos, en desplegado publicado en el diario Reforma, alertaron al Presidente Peña Nieto, al gobernador de Chiapas Manuel Velasco, al Congreso de la Unión, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al secretario general de la ONU Ban-Ki-moon, sobre las atrocidades que Sabines Guerrero había cometido en su paso por la gubernatura.

A Sabines, en vez de ser investigado, procesado y encarcelado, se le premió con el consulado de México en Orlando, Florida. Fue un agravio que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, cometió en contra del inerte pueblo de Chiapas.

Tampoco nada pasó con el comunicado, publicado en el diario IMPACTO el 17 de julio de 2015, que 12 chiapanecos dirigieron al presidente Barack Obama, al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, al Congreso de la Unión de Estados Unidos y al gobernador de Florida, Rick Scott, cuando Juan Sabines fue nombrado cónsul titular en Orlando, Florida, y exhibirlo como el peor gobernante que ha tenido Chiapas.

Independientemente de su nula experiencia diplomática, Juan Sabines siempre fue un fracaso como estudiante y como funcionario público. En su paso por la Universidad Iberoamericana, tardó 10 años en concluir la licenciatura en Ciencias Políticas y reprobó tres veces Derecho Constitucional.

Como diputado al Congreso del Estado de Chiapas su paso fue intrascendente y sin aportar algo a la representación estatal. Como presidente municipal de la capital, Tuxtla Gutiérrez, recibió el ayuntamiento con cero pesos de deuda y lo entregó con 900 millones de pesos. Y como gobernador de 800 millones de pesos de deuda heredada, la llevó a límites impagables hasta llegar a los 40 mil millones de pesos.

El presidente Donald Trump ha dicho que los mexicanos son violadores, criminales y traen drogas a Estados Unidos. A eso obedece la obsesión de construir su famoso muro. Si piensa impedir la entrada de inmigrantes mexicanos y deportar a los que ya se encuentran en la Unión Americana, Trump puede comenzar con el cónsul Juan Sabines y declararlo persona non grata.

La observación es simple. Sabines cumple exactamente los requisitos exigidos por Trump para deshacerse de los mexicanos. El cónsul Juan Sabines está acusado de violación en agravio de Milagros (se reservan los apellidos para proteger la identidad), según consta en la averiguación previa 169/CAJ-A/2001.

Protegido por Pablo Salazar, Sabines ni siquiera fue llamado a comparecer y tiempo después traicionó al que llamó padre político, cuando ordenó su encarcelamiento.

De sus aficiones etílicas y drogadictas  siempre fue del dominio público su viciosa inclinación.  Y criminal, desde el momento en que se dedicó a perseguir y encarcelar a críticos y opositores, asistido por su delincuente procurador Raciel López Salazar.

Tiene ahí pues el presidente Donald Trump la oportunidad de deportar a un mexicano indeseable y no a humildes trabajadores mexicanos, obligados a emigrar porque su gobierno les niega empleo, salud y educación.

Ampliaremos…

 

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