Función Pública sin facultades para actuar contra Lozoya

No existe falta que perseguir contra ex director de Petróleos Mexicanos

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Inhabilitar a Emilio Lozoya por 10 años para ocupar cargos gubernamentales es una gran noticia, incluso “un gran logro del equipo de la Función Pública”, como lo presumió, en redes sociales, Eréndira Sandoval, si para conseguirlo no hubiese acudido a una ley abrogada, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, amén de que la General de Responsabilidades Administrativas no le da competencia ni facultades para sancionar.

La acusación contra el ex director de Pemex se basa en la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin que haya habido traslación de la conducta a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Es decir, la conducta, como tal, que se le imputó a Lozoya quedó abrogada, sin embargo, la Función Pública nada dice de este elemento fundamental.

En otras palabras, no existe falta que perseguir.

Como no estamos en el pasado neoliberal, sino en la Cuarta Transformación, supongo que el precipitado anuncio de la inhabilitación del ex director de Pemex no forma parte de una estrategia para desviar un tanto la atención a la escandalosa renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Creo que no existe tal estrategia porque, en principio, debo desechar que el Presidente López Obrador se preste a maniobras de esta naturaleza o que, a sabiendas, la secretaria de la Función Pública se arriesgue a recibir en tribunales un revés tan escandaloso como el anuncio del “logro” de un equipo que actuó sin facultades.

Sin embargo, por la importancia del personaje, la inhabilitación a Lozoya tapó todas las noticias del miércoles, incluido el apoyo de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, al ex director del IMSS, a quien reconoció su “pasión y entrega”, la reunión del Presidente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la muerte de 10 personas en un enfrentamiento en Uruapan, el triunfo de Morena para frenar la comparecencia, en el Senado, de Carlos Urzúa para hablar sobre la supuesta “injerencia perniciosa de Hacienda” en el Seguro Social, el asesinato del presidente del equipo de futbol Los Avispones, que, como se recordará, fue agredido en Iguala cuando la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el primer encuentro de Zoé Robledo con el gabinete de salud, la inclusión de los hologramas 0 y 00 en el programa No Circula como medida desesperada para frenar la contaminación atmosférica en la capital del país, etcétera.

Digamos que si no fue estrategia mediática-política que sólo cabe en la mente maliciosa de un neoliberal, salió casi perfecta, pero la noticia es que la Función Pública está destinada, fatalmente, a perder el caso.

Veamos. La Función Pública dice haber detectado que Lozoya proporcionó información falsa en su declaración patrimonial y en dos ocasiones omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

La cuenta bancaria en cuestión data de 2010 y no es de Lozoya, sino de su madre, que lo nombró beneficiario.

La conducta que se imputa al ex director de Pemex se basa en la supuesta omisión de no haber informado de la existencia de inversión a nombre de su madre, sin embargo, Lozoya sí informó de la existencia de la cuenta bancaria eje, o cuenta bancaria principal, de la cual derivó la de inversión, por lo que en ningún momento existió dolo para tratar de ocultar información.

En sus declaraciones patrimoniales siempre figuró la cuenta bancaria principal, por lo tanto, la autoridad siempre tuvo posibilidad de detectar cualquier subcuenta que derivara de esa que fue informada, sin embargo, la supuesta omisión derivó del propio desconocimiento de Lozoya de la apertura de esa cuenta de inversión cuyo titular es su madre.

La autoridad asegura que Lozoya tuvo conocimiento porque en las constancias bancarias se aprecia su firma, sin embargo, tal afirmación deviene de una apreciación meramente subjetiva y sin elemento de prueba idónea que acredite que las supuestas firmas pertenezcan al ex director de Pemex, pues en ningún momento del procedimiento se llevó a cabo prueba pericial alguna.

La Función Pública señala que en la parte sustantiva se aplicará la Ley Federal de Responsabilidades, es decir, la conducta que se le imputa, mientras que en adjetiva o procesal se llevará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin embargo, refiere que al declararse incompetente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es que la Función Pública siguió conociendo y resolvió aplicando lo dispuesto por los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero que olvida que tales artículos ni le dan competencia y el primero se refiere al procedimiento de Faltas Administrativas no graves y el segundo al Procedimiento de Faltas Administrativas Graves.

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