Evitar lealtades privadas en las campañas electorales

Ampliar los límites de financiamiento de particulares tiene efectos negativos en la representación de los intereses de la sociedad

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Es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la instancia que aprueba los límites a los recursos privados que pueden percibir los partidos políticos

El financiamiento privado para campañas electorales genera lealtades privadas y debilita la legitimidad de las democracias.

Ampliar los límites del financiamiento privado tiene efectos negativos en la representación de los intereses de la sociedad mexicana en la próxima agenda pública.

Debido a lo anterior, es necesario que las campañas se blinden a partir de nuevos límites al financiamiento público.

Es verdad que las campañas electorales son costosas y que en la experiencia nacional hay varios casos de mal uso de los recursos públicos.

En consecuencia, la opinión pública ha criticado el gasto destinado a financiar las próximas campañas al considerarlo muy oneroso.

La ciudadanía no considera correcto pagar, a través de sus atribuciones fiscales, el excesivo monto para el sostenimiento de los partidos y sus campañas.

Las propuestas enfocadas a ampliar los límites del financiamiento privado no son del todo viables.

En un primer escenario, el financiamiento privado hace desigual la competencia democrática y limita la capacidad de negociación política de los partidos pequeños.

En un segundo escenario, este tipo de recursos permite la injerencia de intereses particulares o ilícitos en las contiendas electorales, así como en los acuerdos que se establecen y, en consecuencia, los programas de gobiernos que resulten triunfadores.

Actualmente, en México, los partidos políticos financian sus actividades ordinarias, campañas electorales y actividades específicas con recursos públicos y privados.

Los partidos políticos perciben recursos públicos a través de transferencias monetarias o en especie.

Estos recursos se otorgan entre los partidos de la siguiente manera: 30 por ciento se reparte, de forma equitativa, entre todas las instituciones y 70 por ciento a partir de una fórmula que considera los votos efectivos y los curules obtenidos en la contienda electoral pasada.

El financiamiento privado que perciben los partidos no puede rebasar el financiamiento público otorgado por el Estado.

Es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la instancia que aprueba los límites a los recursos privados que pueden percibir los partidos políticos.

Estos recursos pueden provenir de militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, incluido al autofinanciamiento y rendimientos financieros.

En las campañas electorales es importante evitar el desequilibrio de recursos en la competencia y la desigualdad de oportunidades de llegar al poder, así como reducir la posibilidad de que grupos o personas ajenas a los partidos políticos utilicen estas instituciones de participación y representación democrática para sus intereses particulares.

Para blindar las elecciones se debe transparentar de mejor manera el origen de los recursos, hacer más eficiente la redición de cuentas y establecer incentivos que eviten la tentación de acudir a fuentes ilegítimas de financiamiento.

 

 

 

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