En 26 días, ¿cuántos candidatos más morirán? El espectro del boicot

A un mes de concluir los tres de campaña, y ante el asesinato de decenas de políticos de nivel medio, la tensión no había sido tanta como ahora. Por vez primera, AMLO utiliza una guardia personal; en Tabasco, 13 contendientes solicitan seguridad especial…

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El sábado pasado fue de asombro.

En dos distintos ataques a balazos, pero con diferencia de horas, murieron cuatro personas, dos de ellas candidatas a cargos de elección popular: Juana Maldonado, candidata del Partido Verde a diputada por el distrito local de Huauchinango, Puebla, y Pamela Terán, candidata a segunda concejal por el PRI-Verde-Nueva Alianza en Juchitán, Oaxaca.

A diferencia de otras elecciones, en ésta, el asunto no va bien. Y lo saben contendientes, organizadores del proceso electoral y autoridades de gobierno de todos los niveles.

Esperemos que, ya, los 26 días que restan de campaña pasen apresuradamente, que gane quien la ciudadanía quiera y que México libre la raya del resquebrajamiento. Nada de tigres, leones, leopardos, changos. “Amor y paz”, dijo aquel.

Desde que inició el proceso electoral, aun antes de su plazo oficial, se contabilizan más de 100 políticos de niveles medios asesinados.

Casi desde inicios de año, la cosa pasó de sorprendente a preocupante. Nunca, en ninguna otra elección federal, el crimen organizado u otros actores se habían ensañado tanto con los participantes a cargos populares.

Igualmente, los cánones, así como la diversidad de delitos, han cambiado en los últimos dos o tres años.

El punto más reciente catalogado como de “alto impacto” es la aparición de grupos llamados “huachicoleros” que tras las acciones del Gobierno federal se ha descubierto que no sólo cuentan con expertos en abrir y cerrar conductos de Petróleos Mexicanos, en apariencia sólo accesibles a ingeniería especializada de Pemex, sino también con una fuerza letal y, como los grupos de narcotraficantes, bastante bien armados.

Esa “ala” armada del “huachicoleo” ha enfrentado, incluso, “de tú a tú” al Ejército y a la Marina.

Pero también se diversificaron las ramificaciones de los cárteles de peso casi a raíz de la detención y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A Guerrero se lo disputan no menos de cinco agrupaciones violentas. En Jalisco, al Cártel Nueva Generación le han resultado contrincantes fuertes.

En todo hay un punto de cierto “sospechosismo”, el anuncio-promesa de Andrés Manuel López Obrador de conceder amnistía a grupos criminales, pero también la tendencia, heredada del crimen organizado, de querer imponer candidatos, como ocurrió, visiblemente, en Michoacán en el sexenio pasado.

Y no, no se trata de que algunos grupos estén de beneplácito porque se sienten “como Pedro en su casa” después de saber que podrían ser “amnistiados” o de que otros consideren que la medida no será para ellos. La simple mención de la medida pudo alborotar el avispero y generar un falso derecho de poder político.

Vaya, darles el beneficio de la duda fue un aliciente en medio de la tormenta política.

Pero el “sospechosismo” no puede reducirse al simple crecimiento de la delincuencia. ¿Qué fantasma se ha infiltrado en el proceso electoral que en lo que va del año han ejecutado a cinco decenas de políticos y ex funcionarios públicos?

El pasado 8 de mayo, Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advirtió que los recientes asesinatos de políticos pueden truncar la democracia.

“Podrían encontrarse, a través de la violencia, formas alternas ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral”.

De finales de abril a principios de mayo se registraron 15 crímenes, afectando, principalmente, a candidatos a alcaldes, curules en congresos y regidores, pero también a quienes habrían desempeñado cargos similares.

Al 27 de mayo, según el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en lo que va del proceso electoral, en 11 estados han sido asesinados 34 aspirantes a cargos de elección popular.

Otros registros, incluyendo el término “crímenes de políticos”, apuntan a más de un centenar de víctimas.

En abril, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, debió advertir: “Va a un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días. Eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”.

Ayer, 13 candidatos de Tabasco solicitaron al estado “protección especial”. También, por vez primera, Andrés Manuel López Obrador fue “cuidado” en Ixmiquilpan, Hidalgo, por una guardia personal que portaba playeras negras con la leyenda “Seguridad AMLO”.

Hasta ahora, la preocupación no se ha desbordado porque no ha tocado niveles altos de la competencia electoral. Lo más sensato es que esto no ocurra; cubriría el proceso de una fatalidad terrible que, en una eventualidad, obligaría a suspender la elección.

Pero, además, las aguas no están tranquilas y el río suena.

En todo caso, es obligación de la autoridad (de todos los niveles) cuidar las espaldas de todos los contendientes, así estos la desprecien.

Para qué, en pos del ansiado mejor futuro, buscarle ruido al chicharrón.

 

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