El testigo social histórico del Paso Exprés

No le falta razón al Presidente López Obrador cuando, en otras palabras, afirmó que la figura se pervirtió

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Quizás la generalización sea lo injusto, pero no le falta razón al Presidente López Obrador cuando, en otras palabras, afirmó que la figura del “testigo social” se pervirtió.
Fue más allá. Dijo que se volvió una “figura decorativa” y que de organismos supuestamente autónomos e independientes se convirtió en “alcahuete” que sólo sirvió “para legitimar contratos leoninos”.
López Obrador describió, en la conferencia de prensa mañanera del martes pasado, que los “testigos sociales” firmaban “que está muy bien el contrato, que se ajusta a la política de desarrollo y que es bueno para el país… y entonces se cumple con ese requisito y adelante, cuando la negociación se hizo, de antemano, a puerta cerrada, con influyentísimo y con corrupción de por medio. Hay antecedentes sobre esto”.
Lástima que los asesores no están muy enterados, pero el Presidente pudo haber fundamentado el rosario de adjetivos con que describió a los testigos sociales con uno de los casos más escandalosos de los últimos años: La ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca, en donde se presentó el “socavón”.
Es ocioso entrar en detalles sobre el “socavón” no sólo por el escándalo que constituyó en el sexenio pasado, sino porque las consecuencias las sufrieron cientos de miles, quizás millones, de ciudadanos. Eso sin contar que dos personas perdieron la vida.
Conforme al documento 2014-Q-CE-0505-Y00-2014, el director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Óscar Raúl Callejo Silva, contrató al ingeniero Enrique Alcántara Gómez como Testigo Social para la prestación de sus servicios en la licitación pública internacional número LO-009000999-T422-2014.
Alcántara Gómez declaró conocer completamente el contenido de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El 5 de septiembre de 2014 le comunicaron que estaba contratado por 161 horas, a razón de 2 mil 557 pesos, más el IVA, por lo cual su salario fue de 411 mil 680 pesos 22 centavos.
Aparte, en caso de que para realizar sus servicios tuviera que desplazarse a más de 70 kilómetros de la localidad de su residencia, la SCT cubriría sus gastos de traslado, alimentos y hospedaje.
Pues bien, el ingeniero Alcántara Gómez tiene el honor de haber sido el primer Testigo Social a quien le fue cancelado el registro.
Por lo general, el problema es la desmemoria. Los diputados de la anterior Legislatura deben recordar que la entonces secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, les informó del inicio de un procedimiento de responsabilidades en su contra.
Ocurrió que el Testigo Social entregó su testimonio siete días después de que se dio a conocer a la empresa ganadora de la licitación pública correspondiente, con lo que contrarió la normatividad que establece que debe ser antes, para que se tomen en cuentas sus observaciones y sugerencias.
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 27, fracción IV, establece que el testigo social deberá emitir el testimonio correspondiente a su participación y entregarlo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) dentro de los 10 días naturales siguientes a su participación, con la finalidad de que en caso de detectar irregularidades en los procedimientos de contratación se remita su testimonio a las áreas correspondientes.
No ocurrió así, pues lo entregó después del 24 de noviembre de 2014, fecha en la que la SCT dio a conocer el fallo a favor de la Empresa constructora del Paso Exprés; además, el testigo social incurrió en varias contradicciones,
No sólo la Función Pública se percató de las irregularidades cometidas por el Testigo Social. En su recomendación 34/2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó la incidencia de conductas irregulares relativas a la participación del testigo social en la obra del Paso Exprés.
He aquí sus conclusiones: “Esta Comisión Nacional observa que el hecho de que las observaciones derivadas de la participación del Testigo Social se recibieron con posterioridad al cierre del proceso de licitación y la asignación del contrato hace nugatoria su efectividad y función. Ello puesto que poco inciden las observaciones realizadas por el testigo social dentro del proceso cuando ya se tiene el fallo y el contrato firmado, es decir, ya concluyó el proceso de licitación pública”.
Pero hubo más. Agreguemos lo contradictorio de las observaciones que realizó, en su momento, el testigo social. En sus observaciones concluyó “que no tuvo conocimiento de alguna situación en que la convocante se haya apartado de las disposiciones aplicables”, no obstante que en el mismo testimonio refirió que “..esta obra tiene el mayor número de riesgos de importancia… es conveniente verificar el número de carriles que se están considerando en el proyecto, puesto que existe la confusión si serán 10 y 8 carriles… esta licitación está iniciando con la certeza de poder llevarla a cabo en el tiempo y costo considerado originalmente”.
Quizás si la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, hubiese enterado de esto al Presidente López Obrador habrían estado de sobra los adjetivos.
En todo caso, la pregunta es por qué le fue permitido al Testigo Social del Paso Exprés de Cuernavaca la entrega de su testimonio 10 días después de la asignación del contrato cuando debió hacerlo antes.

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