El retorno de Manuel Velasco, atentado al pacto federal

…Y causal de desaparición de poderes

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Cuando Manuel Velasco Coello fue propuesto como candidato a senador plurinominal por “su” anterior partido, el Verde Ecologista de México, las especulaciones se centraron respecto a quién sería el gobernador sustituto. El nombre que con más insistencia se mencionaba, entre otros, era el de Mario Carlos Culebro Velasco, secretario de Gobierno, pero nunca que Manuel Velasco fuera su propio sustituto.

Antes de la reforma constitucional, a modo, para que Velasco Coello  pudiera protestar como senador de la República, y después volver a ocupar el cargo de gobernador, la Constitución de Chiapas disponía como requisito esencial “no haber ocupado, anteriormente, el cargo de gobernador constitucional por elección popular”.  La prohibición, desde luego, es absoluta.


Para cometer su felonía a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Constitución de Chiapas, Manuel Velasco ordenó al rebaño legislativo hacer una reforma que le permitiera permanecer como gobernador hasta el 7 de diciembre de 2018 bajo un texto inadmisible y constitucionalmente insostenible: “No haber ocupado anteriormente el cargo de gobernador o gobernadora por elección popular”.

El añadido reformatorio que sigue es de antología y una macula indeleble para siempre en la historia constitucional del mal llamado estado libre y soberano de Chiapas. “Lo anterior se exceptúa cuando se trate del mismo periodo por el cual ejerció el cargo, en cuyo caso no tendrá que rendir la protesta a que se refiere el artículo 54 de esta Constitución”.

Esa transgresión constitucional riñe con los artículos 40, 116, 125 y 128 de la Carta Magna como esencia del pacto federal, hoy vulnerado en agravio del pueblo chiapaneco.  El primero de los artículos mencionados mandata que México es una república democrática y federal en la que los estados pueden emitir libremente sus normas y darse su propia Constitución siempre y cuando no vayan en contra de lo que establece la Constitución federal.

Ello es así porque en el régimen jurídico mexicano, sólo la Constitución es suprema en la República.  Ni el gobierno federal ni la autonomía de los estados, ni los poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco ningún órgano del Estado, son, en el derecho constitucional, soberanos.

Lo grave de la designación de Manuel Velasco como gobernador sustituto es que la reforma constitucional de Chiapas atenta en contra del pacto federal, y el Senado de la República, representante de las entidades federativas, avaló, sin ningún recato, esa transgresión a la ley fundamental del país y a la ley fundamental de Chiapas.

El artículo 116 de la Constitución también pagó su cuota de atentado a la soberanía del estado para que Manuel Velasco pudiera hacerse sustituto de sí mismo.  El numeral, en comento, ordena: “Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria  o extraordinaria, en ningún caso, y por ningún motivo, podrán volver a ocupar ese cargo ni aun con el carácter de sustitutos (…)”. La prohibición es absoluta y no admite excepciones.

Sin embargo, Velasco Coello promovió una reforma, a la medida, en la que si se trata del mismo periodo, solamente él podía reasumir la gubernatura, pero con una inconstitucionalidad por demás grave: La salvedad  de no hacer la protesta constitucional ante el Congreso del estado,  de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (…) así como desempeñar, leal y patrióticamente, el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido (…), y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.

Con ello, el regreso de Manuel Velasco coloca a Chiapas en un estado de excepción.  Por disposición del artículo 116 constitucional, jamás podía volver a ocupar la gubernatura, pero al no protestar se le releva de la obligación de cumplir con los dos ordenamientos constitucionales y a no desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo no le ha conferido, como ha quedado demostrado con las manifestaciones de inconformidad de la ciudadanía y las críticas permanentes de los medios locales y nacionales.

Los atentados al pacto federal se multiplican. El artículo 128 del código político nacional textual dispone: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.  La omisión es insalvable de cumplir con el acatamiento de la Constitución federal.  Se trata de un acto de la más alta solemnidad que no puede eludirse y que, de no cumplirlo, puede tener consecuencias jurídicas graves.

Sin embargo, hay otra agresión más a la vapuleada Carta Magna.  El artículo 125 no admite dualidad de cargos: “Ningún individuo podrá desempeñar, a la vez, dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un estado que sean también de elección, pero el nombrado puede elegir, entre ambos, el que quiera desempeñar”.

En esencia, y de facto, Velasco Coello se desempeña, simultáneamente, como gobernador y legislador federal.  Los acontecimientos así lo exhiben.  Solicitó licencia como gobernador, pero antes hizo una reforma que le permitiera el regreso al estado.  Y como senador negoció con el Senado y doblegó al Congreso de Chiapas para sentarse, otra vez, en la silla del Palacio de Gobierno sin más requisito que el aval del “bonorable” Congreso del estado.

En estricta observancia constitucional, la licencia definitiva de Manuel Velasco debió de haberse resuelto de manera muy simple.  Al momento de solicitarla, la Comisión Permanente debió de haber nombrado un gobernador provisional y, en un plazo de cinco días, convocar al Congreso a sesión extraordinaria para nombrar al gobernador sustituto, que debería concluir el periodo de seis años.

Lo malo es que, como se hizo, pone, innecesariamente, en riesgo al estado.  La ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 previene la desaparición de poderes como facultad exclusiva del Senado de la República.  De las cinco causales, el artículo 2 de la ley previene: “Se configura la desaparición de poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial quebranten los principios del régimen federal”.

La conducta de los tres poderes del estado de Chiapas para reformar la Constitución se ajusta, exactamente, a las hipótesis contenidas en los artículos 40, 116, 125 y 128 que regulan el pacto federal al atentar en contra de lo que establecen esos dispositivos constitucionales.

Corresponde, pues, en términos del artículo 3 de la ley reglamentaria, que la petición para que el Senado conozca las causas para proceder a la declaratoria de desaparición de poderes sea formulada por senadores, diputados federales o por ciudadanos del estado de Chiapas.

Queda pendiente la participación de la bancada de Morena en el Senado, la anuencia de Andrés Manuel y el acuerdo para hacer gobernador a Rutilio Escandón.  Ampliaremos…

 

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