Detención y enjuiciamiento de presidentes, funcionamiento de las instituciones democráticas

Grandes dictaduras surgieron de predominio de Poder Ejecutivo

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Desde inicios del siglo XIX, después de que las colonias españolas alcanzaran su independencia, todas las nuevas naciones adoptaron, como forma de Estado, una República centralista o federalista, pero dominada por un presidencialismo impune y desmedido, por encima de los poderes Legislativo y Judicial.

De ese predominio del Poder Ejecutivo surgieron las grandes dictaduras latinoamericanas, auspiciadas y protegidas desde Washington, capaces de los más grandes excesos en contra de pueblos inermes y con el cómplice silencio de los otros dos poderes.  Fue así como durante el siglo XX se instalaron las severas tiranías, de 34 años, de los Somoza en Nicaragua, la de 35 años de Alfredo Stroessner en Paraguay, los 15 años de Augusto Pinochet en Chile, los seis años de la Junta Militar de Jorge Rafael Videla en Argentina y los 30 años de la dictadura militar  en Brasil, entre otras no menos feroces, siendo la constante en América Latina.

Para fortuna de la democracia en América (Alexis de Tocqueville), todas las tiranías militares terminaron mal.  Los Somoza fueron derrocados y Anastasio ejecutado por un comando en Paraguay.  Stroessner terminó por entregar el poder, real o simuladamente, a su consuegro.  Augusto Pinochet fue detenido en España y Videla también detenido y sentenciado a cadena perpetua, aunque después haya sido indultado y confinado a prisión domiciliaria.

Estados Unidos también adoptó un sistema presidencialista, pero acotado por la soberanía de los poderes Legislativo y Judicial, sobre todo del Legislativo, como órgano de control constitucional para someter al orden los excesos del Poder Ejecutivo.  Dos de las acciones del Congreso de la Unión estadounidense son emblemáticas.  La primera, cuando forzó a la renuncia del presidente Richard Nixon por el caso Watergate y, la segunda, cuando al presidente William Clinton le iniciaron proceso (impeachment) por perjurio, al mentir sobre su relación con Mónica Lewinsky.

Para fortuna de los pueblos latinoamericanos, la democracia ha estado en constante avance, el sufragio se convirtió en el medio para acceder al poder y más de un presidente, dictador o no, pero sí corrupto, fue sometido a juicio, detenido, encarcelado y sentenciado por abuso en el ejercicio del poder y el uso patrimonialista indebido de los recursos pertenecientes al pueblo.  Hoy sólo falta la caída del régimen, de 59 años, de los asesinos Fidel y Raúl Castro en Cuba.

Investigado y juzgado por corrupción está el ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez (1998-2000), sentenciado a cinco años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 12 años, al comprobársele un soborno por 14 millones de dólares para otorgar contratos a la empresa de telecomunicaciones Alcatel.

Con un Poder Judicial fuerte y garante de la constitucionalidad, el Estado tico enjuició y sentenció a otro de sus ex presidentes: Rafael Ángel Calderón Fournier.  Acusado por los delitos de peculado, en perjuicio de la hacienda pública costarricense, se le sentenció a cinco años de prisión y se convirtió en el primer ex mandatario en ser condenado por actos de corrupción.

El gobierno guatemalteco, por su linde fronterizo, se convirtió en paradigma para México al someter a proceso y castigar a dos ex presidentes y a una vicepresidenta.  Alfonso Portillo (1999-2004) fue extraditado a Estados Unidos en el 2013, acusado de conspiración de lavado de dinero por 70 millones de dólares.

Su sucesor, Otto Pérez Molina, fue obligado a dimitir el 2 de septiembre de 2015 bajo los cargos  de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.  El aviso de su caída le llegó a Pérez Molina cuando la vicepresidenta Roxana Baldetti y a 50 altos funcionarios de su administración quedaron sujetos a la acción de los tribunales por utilizar el aparato de Estado para el enriquecimiento personal.

Sin embargo, las instituciones de justicia guatemaltecas fueron todavía más allá con Josué Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, acusados de obtener un beneficio de 12 mil dólares por la compra de 500 canastas navideñas para regalo, pagadas y no entregadas a sus destinatarios.

Y como caso único del verdadero funcionamiento del ministerio público, la fiscal general Thelma Aldama solicitó al joven Morales Marroquín abandonar la casa presidencial ante la imposibilidad de detenerlo en la sede del Poder Ejecutivo.  El presidente Morales no tuvo más alternativa que entregar a su hijo y sentenciar que “el imperio de la ley debe prevalecer sobre todas las cosas.”

Ni las mujeres se salvan cuando se está sometido a la observancia de la ley.  La ex presidenta panameña Mireya Moscoso (1992-2004) fue destituida de su cargo por el uso indebido de partidas secretas y la desaparición de 45 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán.

El popular chino, como se conoció al ex presidente Alberto Fujimori, gobernó Perú durante 11 años, entre 1990 y 2001, engolosinado por el poder y reelecto inconstitucionalmente por segunda ocasión para un tercer mandato.  Encontrado culpable por los delitos de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado, además de intercepción telefónica, soborno a congresistas y compra de la línea editorial a diversos medios de comunicación para difundir falsedades de su administración, fue condenado a 15 años de prisión.

El caso del ex presidente Arnoldo Alemán en Nicaragua es ejemplar porque descubre el pillaje y el hurto de toda una familia.  Sentenciado a 20 años de prisión por los delitos  de corrupción y blanqueo de dinero por 25 millones de dólares, lo acompañan en sus penurias judiciales, como coacusados, su esposa, María Fernanda Flores, su hermano, Álvaro Alemán, su hermana, Amelia Alemán, y su hija, María Dolores Alemán, apellido ligado al saqueo en México en la década de los 40.

Otro caso de corrupción familiar es el del ex presidente peruano de izquierda Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.  Acusados de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, se les confinó a prisión preventiva de 18 meses por recibir 3 millones de dólares, de la brasileña Odebrecht, para la campaña presidencial del 2011.

Apenas en junio pasado, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli fue detenido en Miami bajo los cargos de utilizar fondos públicos para espiar y amenazar a más de 150 personajes, entre opositores políticos, periodistas críticos y defensores de derechos humanos.

Mientras todo esto ocurre en América Latina, la corrupción en México galopa sin freno.  Las cantidades por las cuales han sido acusados los ex presidentes mencionados son ridículas comparadas con las que cualquier presidente y gobernador han robado al pueblo mexicano.  Ojalá algún día pueda verse a un ex presidente en la cárcel para acabar con la impunidad implantada durante 200 años de “independencia.”  Ampliaremos….

 

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