De rodillas ante Santa Lucía

Evidente menosprecio gubernamental por el juicio de amparo

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No queda de otra a los fifís, neoliberales, conservadores y porfiristas miembros del colectivo #NoMasDerroches que resignarse a utilizar las líneas aéreas dispuestas a despegar o aterrizar en Santa Lucía, un lugar que, los expertos coinciden, es inadecuado para el tráfico de aviones comerciales.

El juez Juan Carlos Guzmán Rosas compró a la Secretaría de la Defensa Nacional, que, a su vez, se concretó a repetirlo, el argumento del Presidente López Obrador en el sentido de que como la base aérea de Santa Lucía es militar, el aeropuerto internacional que se construirá ahí será materia de seguridad nacional, razón por la cual está por encima de cualquier otro interés, individual o colectivo.

Como era previsible, Guzmán Rosas resolvió revocando una de las 7 suspensiones definitivas que mantenían en suspenso la decisión del Presidente, basada en el consejo del ingeniero José María Riobóo, de convertir a Santa Lucía en la gran terminal aérea de la Ciudad de México. Lo que sigue será de rutina.

#NoMásDerroches aún tiene la vana esperanza en que después de que un Tribunal Colegiado falle en el mismo sentido del juez, como seguramente ocurrirá, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea tan osado como para atreverse a desatar el enojo mañanero presidencial atrayendo el caso, a fin de que los ministros voten al contrario y el gobierno olvide la pésima idea de Santa Lucía.

El tiempo dirá quién tiene la razón, si López Obrador, que decidió por Santa Lucía aconsejado por Riobóo, quien ni siquiera tenía idea de su ubicación geográfica, pero sobre todo para destruir toda posibilidad de que Enrique Peña Nieto fuese recordado de buena manera, al menos por el NAIM, o quienes se han cansado de advertir lo contrario.

Sin embargo, lo verdaderamente importante de lo que está ocurriendo en el juzgado de Guzmán Rosas es el evidente menosprecio gubernamental por el juicio de amparo, al que está aplastando con una chicanada jurídica basada en el supuesto de que la seguridad nacional está por encima de las garantías fundamentales de los ciudadanos, pero también la docilidad del Poder Judicial, cada vez menos independiente del Ejecutivo Federal, sin que incluyamos en esta entrega cuestionable la debilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acrecentada por la renuncia, sin explicaciones, del ministro Eduardo Medina Mora, que permitirá al Presidente ingresar al más alto tribunal del país a uno más de sus incondicionales.

Con la lógica que se está imponiendo en Santa Lucía, todos los aeropuertos comerciales del país son materia de seguridad nacional, como lo son, así que nada podría evitar que el gobierno cancele, si lo quiere, las concesiones de las empresas privadas que los operan y los encargue al Ejército.

En esa lógica se deben incluir las instalaciones de Pemex y la CFE, y, en realidad, todo lo que tenga que ver con la vida del país, así se trate de bancos, empresas de telefonía, etcétera.

¿Por qué, entonces, no acudir a la argumentación del juez Guzmán Rojas para mantenerlas a salvo con la custodia y operación del Ejército, y convertir al gobierno en el gran empresario?

 

 

 

 

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