Criticamos enfrente lo que toleramos

Necesario revertir cultura de la aceptación de la corrupción y de la falta de integridad; reformas gubernamentales no tendrán éxito mientras las normas sociales sigan permitiendo ambos flagelos

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Recomendable retomar la sentencia que continuamente pronunciaba contra la deshonestidad José López Portillo

La “inseguridad”, el mayor problema social que enfrentamos los mexicanos, donde no hay día o lugar del país en que no se detone una reseña de tropelías, comentándolas como anécdota cuando bien nos va, y no somos víctimas de ellas, pero qué padecimiento para quienes la sufren.

Una reproducción de acciones constituidas por asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos, y todo tipo de arbitrariedades concebidas por el crimen organizado y narcotraficantes, convirtiéndola en el peor flagelo para cualquier comunidad mexicana.

Padecimientos de una población que asiente con tristeza cómo el imperio del hampa, y la descomposición social en que se encuentra inmerso un sector juvenil que ha sido seducido por el confort de una vida fácil, corta, pero que les reditúa en poco tiempo más que la suma de toda su vida; se estén imponiendo a las instituciones de seguridad que no funcionan para contenerlos, combatirlos y menos pacificar este lamentable problema, que no deja de cobrar vidas y víctimas.

Un país con una vasta infraestructura de seguridad que dispone de recursos de todo tipo, principalmente en el ámbito federal, con carencias a nivel estatal y muchas más en el rango municipal; pero que, con todo su contexto de operación, los han convertido en insolventes para contener lo que se pudiera identificar como “territorios sin ley”, que hoy se imponen con toda la ramificación de daños que produce.

Una acción destructiva que poco a poco cubre más territorio, y lo más lamentable de éste padecimiento, suma cada vez más adeptos, que se traduce en más recurrencia, violencia y muertes.

Actuaciones que recubren de damnificados y víctimas a poblaciones, ciudades y al país en conjunto, con un saldo de injusticias, miedo, dolor y asesinatos, convirtiéndose en una degradación social difícil de combatir.

Suma de fatalidades que hacen imposible que el sector agraviado o temeroso de sumarse a las incontables víctimas, puedan reconocer a sus instituciones como los garantes de la ley, a las que demandan mayor eficiencia y la erradicación total de elementos coludidos o inmersos en estos procesos, que hacen imposible su enfrentamiento, teniendo que auxiliarse de las fuerzas castrenses que sufren un desgaste innecesario por estas actividades, pero que sólo contienen el problema, convirtiéndolas en víctimas o victimarios.

 

EL LASTRE POLÍTICO

El otro lastre social que se padece desde hace mucho tiempo, y que actualmente se ha convertido en una demanda social muy sentida es la corrupción.

Convertida en el mayor problema político de la época democrática mexicana, cuya presión popular de cierta manera ha generado el nuevo marco jurídico el tan nombrado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que, por cierto, no acaba por consolidarse por intereses mezquinos de nuestros representantes populares en la Cámara de Senadores, que han obstaculizado la conformación integral de este entramado de combate a la corrupción al posponer reiteradamente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

Mientras que el México que demanda rendición de cuentas, transparencia y el fin de la opacidad de los recursos públicos se hace presente, en la otra cara de la moneda seguimos empeñados en convertir a la corrupción en la culpable de todo lo malo que nos pasa, siendo imposible cambiar algo que no podemos medir, en donde todos debemos de participar, porque la hemos convertido en un delito autorizado, permitido y disculpado.

Una descomposición de valores donde la corrupción y la inseguridad cohabitan, promoviendo el fenómeno despreciable de la impunidad.

Una arbitrariedad que ha dejado de ser vista como un asunto de moral y de ética, plataforma de actuación que cada vez se percibe como una conducta humana permisible y tolerable que obstaculiza cualquier desarrollo y bienestar social, porque no sólo quien comete peculado es corrupto, sino quien lo permite por omisión, conveniencia o enriquecimiento.

 

LOS OTRORA INTOCABLES

Mientras una sociedad contestaría se sigue manifestando cada vez con más adhesiones, consciente de su compromiso con su comunidad de la que forma parte, su “hartazgo” produce protestas y exigencias de justicia contra el saqueo colectivo que se ha padecido por décadas, cuestionando y defenestrando gobernanzas que acostumbraron a sus gobernados a no refutar y menos alzar la voz de reclamo.

Actitudes sumisas que no han permitido detectar dónde termina el desperdicio y dónde comienza el robo, porque negligencia es equivalente a corrupción.

Condescendencias que hicieron de la corrupción un diagnóstico de todo aquello que es deplorable, y que debería ser visto como comportamiento condenable, pero que siempre termina sin condenados.

Un valor difícil de identificar y menos cuantificar, que se incrustó como parte de la moral social mexicana y que hoy, desgarra toda barrera de tolerancia, traduciéndose en ofensas que lastiman y deterioran, teniendo enormes costos, siendo la población mexicana que se enfrasca a diario con la pobreza la que acaba cubriendo la mayor parte de esa deuda.

En esta erupción de los peores lastres que arrastran al país como es la inseguridad y la corrupción, se asoma una luz de justicia para acabar con la impunidad, acontecimientos que se activan cuando se ha perdido la capacidad de sorpresa, y en un tiempo relativo corto, lo que en el pasado y en una época reciente, estaba revestido por el manto del proteccionismo institucional, partidista y de intereses personales, son detenidos dos ex gobernadores prófugos de la justicia.

Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba, quien gobernara el Estado de Tamaulipas de 1999 a 2005, acusado por delitos asociados al crimen organizado y lavado de dinero, quien, por situaciones legales incomprensibles, es arrestado después de mucho tiempo en que se tipificaron sus delitos, cuyas acusaciones con mayor severidad se da en los Estados Unidos.

En otro evento muy esperado por sus latrocinios tantas veces difundidos, en su paso insaciable en la administración del Estado de Veracruz que gobernó hasta 2016, donde se detectara putrefacción, alteración, vicio, abuso, falsificación, cohecho, seducción, sedición, traición, codicia, soberbia y muertes, y muchos más calificativos de tribulación y asombro, que solamente se hacen presente cuando el poder desquicia, es detenido Javier Duarte de Ochoa.

Con un beneplácito nacional como nunca se había visto en el México moderno, el personaje del ámbito político más buscado en la gestión de Enrique Peña Nieto, cuya voracidad con el erario público y el poder que emanaba  su cargo constitucional, lo convirtieron en el símbolo de la corrupción más desquiciada y voraz de la política mexicana moderna, muy por encima de su coterráneo Antonio López de Santa Anna a quien le apodaban el “quince uñas”, aquel de una ambición sin límites, aquel que siempre buscó sacar provecho de los puestos públicos que desempeño, siempre en perjuicio de una pueblo empobrecido, por lo que la historia doblemente lo condena.

 

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD…

Acorde a estos acontecimientos, qué recomendable es retomar la sentencia que continuamente pronunciaba contra la deshonestidad José López Portillo: “No hay abrigo para la mentira, tarde o temprano manos hábiles la desnudan”.

Con estas detenciones, se pone de manifiesto que hay voluntad política para desnudar los latrocinios comprobables, en un intento incipiente de empezar a limitar a la perversa impunidad.

Acciones respetables que se deben intensificar y orientar para desenmascarar y detener a todos los culpables de los pendientes probados de servidores públicos rufianes, que son del dominio público, y que son señalados una y otra vez por una ciudadanía afectada.

Con estos actos, la administración pública puede empezar a reconstruir una confianza perdida, fortaleciendo a su vez una función noble que es la de servir a su pueblo, donde la corrupción se apropió del tejido social como un derecho de naturalidad y que hoy, tiene distanciado a la sociedad con sus gobernantes.

Con cuanta sabiduría alguna vez pronunció Jesús Reyes Heroles esta recomendación: “Si quieres conocer a un hombre, dale poder”.

Y en esta generación del cambio, después de un fallido intento que duró 12 años por parte del panismo, un priísmo emergido de la alternancia fue dañado por personajes henchidos de poder, cuyo nivel de rapiña, cinismo y voracidad, rebasaron cualquier límite tolerable de corrupción, descuidando los principios más elementales de simulación que prevalecieron para este tipo de abusos, evadiendo la vieja elegancia de maquillar un poco las cosas.

Actitudes reprobables que se convirtieron en una esencia fundamental que mueve al sistema, y que mucha de las veces asume el rol del sistema mismo, esparciendo evidencias y revelaciones sobre complicidades de gobernantes, funcionarios y empresarios con todo tipo de crimen organizado.

Aunque el Presidente de la República señala con cierta convicción que estas detenciones reflejan una lucha permanente contra la impunidad, este principio debe ser el preámbulo de una actuación sistémica y permanente que empiece a sumar en una lucha sin cuartel contra este mal endémico, que debió escenificarse desde hace mucho tiempo, pero que hoy abona para recobrar a una sociedad escéptica con sus gobernantes.

Una batalla difícil de ganar, porque la corrupción es un defecto ligado a la ambición desordenada, a la avaricia y a la codicia que es inherente a la naturaleza humana, difícil de erradicar.

Una actitud que se esconde, es velada, permanece en la oscuridad, en la clandestinidad, dejando huellas de desastre en las personas y en la sociedad, convertida actualmente en una intolerancia casi imposible de eliminar.

 

CENSURAMOS, PERO INCITAMOS

En su reciente estudio Revisión de la integridad en México, tomando una postura más fuerte contra la corrupción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que, los mexicanos consideran que el gobierno es “altamente corrupto”, pero aceptaron haber pagado un soborno en sectores como el de educación, sistema judicial, servicio médico, así como el de la policía.

Los mexicanos consideran que el gobierno es “altamente corrupto”, sin embargo, aceptan que pagan sobornos, evaden impuestos y es el país de la OCDE que con mayor frecuencia evita pagar el servicio del transporte público, donde la corrupción en ramos no gubernamentales es una preocupación constante que debe ser atendida.

Revertir una cultura que acepta la corrupción y la falta de integridad, es necesaria para la implementación de las reformas anticorrupción, porque mientras las normas sociales sigan tolerándola, las reformas gubernamentales no tendrán éxito.

La corrupción no sólo es un problema de ausencia de ética y de valores, sino un fenómeno económico que causa pobreza y reduce el crecimiento.

La corrupción es una de las características culturales que más han entorpecido el desarrollo integral de México, incluso antes de que existiera el Estado-nación.

La historia no miente, México es un país sustentando en la corrupción, con el SNA, se conforma un aparato jurídico para combatirla, pero ningún sistema funciona correctamente si sus componentes no realizan su labor en forma coordinada y eficiente.

Una regulación con la que se espera un alto a la impunidad, una justicia honesta, verdadera y perdurable, en la que todos debemos participar, evitando tolerancias que, a fin de cuentas, terminan por convertirnos en víctimas, porque en este edificio todos contribuimos en su construcción.

 

 

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