¿De qué carece hoy la Sociedad Civil?.. de lo que a AMLO le sobra

Terquedad, insistir, ir a extremos; si se requiere, violar reglas. Un cambio, como el Presidente lo concibe, es pasar sobre cualquier cosa. Así no fracasarían, por ejemplo, las marchas de mujeres, ni la exigencia de medicinas para niños con cáncer

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Algo ha dejado muy claro Andrés Manuel López Obrador. Si como gobernante las reglas no le importan mucho para lograr sus cometidos, como persona, ciudadano, supondríamos que menos.

Sin embargo, es más grave pasarse las leyes por el arco del triunfo siendo gobernante. O quizá sea igual de grave que si las viola un ciudadano, pero lo primero es, o debe ser, más vergonzoso.

En el actual gobierno cunden los ejemplos de pasar por encima de normativas para llevar a cabo alguna propuesta que requiere ganar tiempo o para “transformar” el régimen, al fin que “no somos iguales”.

Uno muy reciente es la convocatoria al sector empresarial a una cena en Palacio Nacional para pedirles “voluntariamente” su cooperación en la adquisición de “cachitos” para la rifa de dinero con la imagen del ex avión presidencial.

De acuerdo a medios y especialistas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción señala que ningún servidor público puede solicitar dádivas para beneficio personal o de terceros.

“Los servidores públicos deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”, señala la ley.

Eso es en cuanto a la convocatoria en Palacio Nacional a los empresarios. Sin embargo, en sí misma la ya no rifa del avión ex presidencial era violatoria de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Cuando la idea del Presidente estaba fresca y sus colaboradores la dieron como hecha, advirtieron que o hacían reformas “fast track”, o de plano se volaban las cuestiones legales.

Apenas este sábado, ante las decisiones de tres jueces, en tres tiempos distintos, de liberar a Óscar Flores, “El Lunares”, y a su gente por irregularidades en la elaboración de los expedientes, López Obrador advirtió que eso se llama “impunidad” y “corrupción” y que no se va a permitir.

“Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal”, dijo el Presidente.

Pero el asunto, dirían los jueces, no es voltear las cosas solo porque las pide el Mandatario federal.

Todo se arregla si quienes arman los procesos lo hacen correctamente.

¿O entonces los jueces ahora mentirán? Así nunca se compondrán los defectos de la justicia.

Y si nos vamos hacia atrás, allá por 2004 hizo mucho ruido el viejo asunto de “El Encino”. Fácil de recordar. Entonces un juez concedió un amparo a los propietarios del predio ante la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de expropiarlo para construir vialidades.

El terreno, se comprobó, era de un particular y no de la nación.
Con todo y amparo, López Obrador, entonces Jefe de Gobierno, continuó las acciones contra los propietarios.

Vaya, ahora hasta pasar por encima de la Ley de Amparo (ese signo distintivo legal que mereció el reconocimiento de México en el mundo), como ya ocurrió con los que se interpusieron por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se está despreciando.

Ese ha sido hasta hoy el signo distintivo de López Obrador con el que ha logrado posicionar propuestas que algunos califican de caprichos.

Lo hizo cuando en 2006 estableció un plantón en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico que, por cierto, en los primeros 15 días ya había provocado a comercios la pérdida de 3 mil millones de pesos, sí, lo que cuesta el avión ex presidencial.

Todo este resumen es para exponer que, en efecto, algunas batallas se ganan (casi se imponen) por medio de la perseverancia, la tozudez, la terquedad y hasta fingiendo respetar leyes, cuando se violan.

Hoy el país, y en mucho la Ciudad de México, vive una ola de violencia en la que el centro de las agresiones son mujeres.

Ello ha hecho que se desaten una serie de manifestaciones desde el año pasado. Sin embargo, a pesar de una y otra y otra protesta, los crímenes violentos van al alza.

En medio de la polémica sobre cómo adecuar las leyes ante el llamado feminicidio, o cómo evitar ese delito en su faceta de atrocidad o salvajismo, ocurre el homicidio devastador de Ingrid Escamilla, de 25 años.

Más aun, en medio de la rabia social, el Presidente desaira la desesperación en pro de su rifa de dinero.

Pero ocurre otro crimen, el descubierto este sábado de una joven de 17 años en Tultitlán.

Al menos enfocándonos en esta emergencia, sobre la cual las mujeres ya no encuentran como cambiar la historia y, al parecer, no hay un sector capacitado para hacerlo, surge la pregunta, ¿Por qué hoy la sociedad civil no obtiene resultados?

Porque es necesaria la terquedad, insistir, ir a extremos. Quizá exhibir en el exterior la situación nacional, en otros países; buscar la unión con la ciudadanía.

Así como lo concibe el Presidente, buscar un cambio pasando sobre cualquier cosa.

Así no fracasarían, por ejemplo, las marchas de mujeres, ni la exigencia de medicinas para niños con cáncer.

Esto no es un llamado al anarquismo, ni a la violencia sin razón. Es que en un sentido de fuerza las peticiones y el análisis de situaciones extremas (como el feminicidio) se exijan sin vuelta de hoja porque asfixian.

El famoso caso de El Encino se resolvió una década después con el pago del predio, según lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La propuesta del ministro José Ramón Cossío, por cierto, fue apoyada por Olga Sánchez Cordero, hoy Secretaria de Gobernación, y Arturo Zaldívar, hoy presidente de la SCJN.

Esté último, al emitir su voto, dijo algo que hoy más que nunca tiene inmensa trascendencia:

“Está suficientemente acreditado que la sociedad está sufriendo todos los días, (el subrayado es nuestro) que exceden por mucho el interés económico que pudiera tener el quejoso. Por esto, yo creo que es procedente el cumplimiento sustituto de la sentencia”.

Es decir, si de salvaguardar los intereses sociales se trata…

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